El jardinero se asomó a su ventana una mañana cualquiera; con su característico ojo avizor, contempló el jardín que otros antes que él, habían creado; no tardó en notar que crecían hierbas malas, enredaderas y cizañas. Tuvo entonces una brillante idea: había que extirpar ese mal antes de que fuera demasiado tarde. Se calzó sus botas y guantes de trabajo y puso manos a la obra… y mandó traer la retroexcavadora… Alarmados, algunos de sus allegados y vecinos le cuestionaron si no era demasiado radical el remedio, puesto que no solo extirparía lo malo, sino también las flores que tardaron décadas en germinar y florecer. Fiel a su estilo, no escuchó a nadie… y arrasó todo. Sonrió satisfecho.

En el convulsionado año de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia de la república. No había pasado un mes de su asunción cuando México se despertó con una novedad: ya no existía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el primer día de enero de 1995 y por un mes aproximadamente, el Máximo Tribunal de Justicia del país quedó sin ministros titulares. En una vertiginosa labor legislativa, las Cámaras aprobaron su iniciativa para reformar la Constitución y cesar a 21 Ministros de la Corte («jubilación con haber de retiro» fue el eufemismo que se le dio a ello), establecer un método de selección (vigente hasta hoy), reducir su número a 11 Ministros, y crear además un Consejo de la Judicatura que, según se dijo, permitiría garantizar procesos de selección de jueces y magistrados federales por mérito. El modelo (que para algunos fue un verdadero golpe de Estado) se fue replicando en los años siguientes a lo largo y ancho del territorio nacional, adoptando las entidades federativas el modelo federal.

Hoy, la iniciativa de reforma al sistema judicial mexicano propone arrancar la página escrita desde 1995, en lo que ya podríamos llamar el segundo golpe de Estado de la historia moderna de México.

La iniciativa de reforma propone que el Consejo de la Judicatura Federal desaparezca escindiéndose para dar paso a dos instituciones: una de ellas, el órgano de administración que se encargará de las tareas administrativas del Poder Judicial de la Federación; y la otra, el tribunal de disciplina judicial, que se encargará de los procedimientos sancionadores de los magistrados y juzgadores. Los integrantes de estos dos nuevos entes serán, por supuesto, elegidos por voto popular a propuesta de los poderes constitucionales. La mano que mecerá la cuna desde el órgano de disciplina judicial tiene nombre y color de partido político.

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma se puede leer que para justificar el nuevo modelo de selección de jueces por voto popular se utilizó como ejemplo la experiencia del Consejo de Europa, en donde, según se nos dice, 8 países usan de manera total el modelo de elección por voto directo de jueces. Lo que no dice la iniciativa es que el Consejo de Europa no son 8 países sino 46. Para el caso de Estados Unidos se menciona que en la mayoría de los Estados de la Unión Americana los jueces se eligen por voto de la ciudadanía. Lo que calla la iniciativa es la amplia franja de opciones de elección, pues no dice que en ese país la elección de jueces puede hacerse por listado, pero a elección del gobernador, por elección partidista, por elección directa de candidatos propuestos por barras de abogados o por candidaturas independientes, y por supuesto lo que la clase política no quiere oír: elección por méritos, como es el caso de Estados como Nueva York o Maryland por citar dos ejemplos.

Pero hay más silencios en la iniciativa de reforma: el caso de Bolivia se convierte en el paradigma de la propuesta. Considera que al ser Bolivia una nación pluricultural y multiétnica, su experiencia en la elección de jueces vale la pena ser replicada en territorio nacional. Pero, ¿es la realidad boliviana la misma que la de nuestro país? Aquí expondré un solo aspecto que me parece es lo que pone de relieve el interés por el modelo boliviano. Bolivia es una república centralista organizada en departamentos y cuyas decisiones trascendentales se toman desde el poder político central. No existe autonomía de las legislaturas departamentales para su propia organización; y es aquí donde la propuesta de reforma a la Constitución mexicana cobra su verdadera dimensión: se busca el control político del sistema judicial mexicano pretendiendo que se elijan jueces que surgirán de listas de candidatos confeccionadas desde el poder político. Y lo peor: la propuesta desconoce el pacto federal negando a las entidades federativas su derecho a decidir la forma de elegir a sus propios jueces y magistrados. El centro del poder político decidirá todo lo referente a la justicia a partir del modelo que pretende imponer. A partir de la aprobación de la reforma, ninguna legislatura estatal podrá decidir los procesos de selección de sus jueces. La carrera judicial quedará sepultada en la misma fosa común que la república federal.

Se me reclamará que no he dicho que la reforma prevé que los actuales juzgadores podrán participar en la elección. Pero debemos ser claros: ¿Cuántos de los actuales juzgadores tienen experiencia en las lides electorales? ¿Cuántos remontarán la andanada de desprestigio y lodo que sobre ellos ha arrojado el titular del Poder Ejecutivo Federal?

Estamos así, ante una iniciativa de reforma que utiliza los reclamos más sentidos de la población sobre el desempeño de sus poderes judiciales (justicia pronta y expedita, austeridad, transparencia, etc.) para disfrazar sus intereses de control político. La iniciativa, que además es carente en técnica metodológica (con citas de fuentes bibliográficas inexistentes, por ejemplo), es dolosamente omisa en poner en conocimiento de la población y de los legisladores que votarán su aprobación la realidad nacional en materia de justicia. Nada se dice, por ejemplo, de la realidad y necesidades que enfrentan los poderes judiciales de los Estados del país, ni de los éxitos obtenidos al implementar la carrera judicial y los exámenes de oposición para acceder y ascender en los puestos de impartición de justicia. La retórica de la iniciativa se centra en un diagnóstico al Poder Judicial Federal (que se focaliza en los ingresos y gastos y en lo «inoportuno» de la suspensión en los trámites de declaratoria de inconstitucionalidad de leyes); y con ese rasero se mide a todos los poderes judiciales del país. El desastre que se avecina está a la vista de todos. Se sustituirá profesionalismo judicial por popularidad de candidatos; se suplantará carrera judicial por conveniencia política; se desplazará autonomía judicial por control político.

¿Dónde reside la legitimación del poder de los jueces? A juicio de la iniciativa que plantea el Presidente de la República, debe residir en su elección por voto popular. Alexis de Tocqueville, al analizar la conformación del poder judicial en los Estados Unidos, decía: «Los americanos han reconocido a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la constitución, más que en las leyes. En otros términos, les han permitido no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales». En México, los jueces dejan de aplicar leyes que contravengan los tratados internacionales de los que México sea parte si vulneran derechos humanos. Ahí reside la legitimación del poder de los jueces: en la búsqueda incesante de hacer justicia y en oponerse a pretensiones contrarias a la norma, aún si esas pretensiones son del presidente de la república; a esto se le llama equilibrio de poderes.

México pierde con esta iniciativa una oportunidad única para garantizar desde la Constitución Federal independencia financiera de todos los poderes judiciales del país, de establecer parámetros constitucionales de profesionalización, de planear la presente y futura cobertura de los servicios de justicia a nivel nacional; todo eso se pierde en aras de una visión centralista del poder.

En todo esto hay responsabilidades históricas que deberán asumirse. Escribió Jean Paul Sartre: «Cada palabra tiene una consecuencia, y todo silencio también». Sirvan estas líneas para romper el silencio y dejar testimonio escrito de lo que está por venir al aprobarse esa iniciativa de reforma constitucional que consumará el secuestro de la toga nacional. Dejemos que la historia cumpla su papel: ella nos juzgará a todos sin ulterior recurso.