RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

La semana pasada los ciudadanos nos percatamos fehacientemente que había una crisis constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a raíz de que cinco magistrados habían removido de la presidencia a José Luis Vargas y habían nombrado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Esto sucedió el miércoles 4 de este mes. Y lo más curioso es que para los días subsecuentes no se sabía de bien a bien cuántos presidentes del Tribunal Electoral existían, porque había un nombrado y un destituido. El destituido decía que él era el presidente y al que habían nombrado los magistrados decía también que él era el presidente. Alguien mentía. Alguien no estaba actuando correctamente de acuerdo con la ley. Lo anterior se provocó luego de que la magistrada Janine Otálora Malassis convocó a una sesión pública luego de que José Luis Vargas había declarado un receso y se negó a retornar a la sesión. Esto sucedió el miércoles pasado. Vargas se había rehusado a regresar a la sesión porque decía que los magistrados no tenían facultades para esta clase de convocatoria. ¿Qué era lo que le discutían lo señores magistrados, compañeros de José Luis Vargas, al presidente remplazado? Lo acusaban que durante su mandato había incumplido con diversas de sus obligaciones constitucionales legales y reglamentarias. Aclarando que no lo estaban investigando ni lo removían del cargo por la investigación judicial, por enriquecimiento ilícito, de la cual era objeto por la Unidad de Inteligencia Financiera de la fiscalía general de la República. No era por ahí, sino que iban por él porque no cumplió con sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, tales como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos; el diferimiento de las sesiones sin razón justificada; faltas de respeto a sus compañeros al llamarles “manada”; suspensión de la realización del foro, la calificación de las elecciones 2020-2021; cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales; negativa a someter a temas de discusión la remoción del Secretario General de Acuerdos y la Subsecretaría General de Acuerdos; presunta aplicación forzosa del polígrafo y en su caso despido injustificado de personal administrativo. Fueron los temas que se trataron el miércoles pasado y que se dieron a conocer a los medios.

En el aspecto político el Tribunal ha oscilado entre la independencia y la conveniencia. Una de sus más recientes convulsiones fue con motivo del retiro de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente. Interesante es conocer cuándo se comenzó a desmoronar este tribunal electoral en plena ruina institucional sin rumbo cierto. Probablemente en el año 2019 cuando la magistrada Janine Otálora fue compelida a la renuncia. A ella la obligaron a que renunciara. El miércoles José Luis Vargas convocó a esa reunión privada para definir los verdaderos alcances de esa determinación de sus pares quienes atropellaron, según él, el orden reglamentario del tribunal. El sainete pues en el tribunal electoral va para largo.

Sin duda es grave lo que está pasando en el tribunal electoral, ésta no es una crisis que haya nacido ayer, lleva varios años gestándose, de hecho se podría decir que probablemente esta crisis data del día que tomaron protesta los magistrados electorales actuales, porque antes de que tomaran protesta se cometió un pecado de origen muy grave, que fue el que el senado, que ya había designado a los magistrados para tres, seis y nueve años para tener un proceso de escalonamiento, decidió momentos antes de la toma de protesta extenderles el mandato a seis, ocho y nueve años. Y ese pecado de origen me parece que fue muy grave por parte de los partidos políticos tratando supuestamente de evitar que los magistrados fueran a ser capturados por el nuevo gobierno. Y fue justamente eso lo que aprovechó el nuevo gobierno lopezobradorista porque se comenta ampliamente entre los mismos magistrados que el nuevo gobierno de López Obrador había aprovechado ese origen cuestionable jurídicamente para presionarlos, capturarlos y obtener del tribunal electoral muchos fallos que fueran favorables a Morena y al gobierno. Y este tema fue el que fue generando un problema interno en el tribunal en el cual el presidente José Luis Vargas tomó una postura indigna, sumisa al gobierno justamente por las presiones que recibiera del gobierno y además por otra razón, que es el hecho de que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, y es probablemente ese hecho, más la presión del gobierno, lo que ha hecho que ese tribunal electoral encabezado por Vargas, haya sido tan parcial a favor del gobierno.

Lo que ocurrió el miércoles pasado fue que un grupo de cinco magistrados desde hace varias semanas habían tomado una postura más independiente y ese día básicamente lo que hicieron fue destituir a José Luis Vargas por carecer de liderazgo. Ahora falta ver cuál es la negociación política que el ministro presidente de la corte está llevando a cabo, pero sin duda lo anterior es algo muy delicado, sobre todo porque el presidente López Obrador ha concluido en este asunto, y lo ha expresado abiertamente, que nada funciona en los órganos electorales y ya pidió que todos sus integrantes renuncien. Eso es inaceptable pues aumenta la crisis. El INE no tiene nada que ver en esto, pero el presidente López Obrador ya quiere involucrar a los consejeros del INE, siendo éste un asunto del tribunal. En fin, este tema va a dar mucho más de qué hablar, pero sin duda que en la ciudadanía ya ha sido sembrada la duda de la corrupción al interior de ese tribunal electoral tan importante en la vida democrática del país.