Víctor Hugo Granados Zapata

El pasado jueves salió a la luz el anteproyecto del acuerdo que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación donde la SEP define el rumbo del próximo ciclo escolar, y con ello marcar las nuevas directrices que se implementarán para combatir la deserción y abandono escolar, así como también promover los programas de renivelación y finalmente los lineamientos que se tomarán, en temas de sanidad, en todas las escuelas del país. Este acuerdo va a ser de suma importancia para poder evaluar el desempeño de la gestión educativa por parte de las autoridades federales y estatales, así como también marcará el inicio del combate a la crisis educativa que estamos viviendo. Sin embargo, ¿cuáles son los lineamientos más importantes que contempla este proyecto? ¿Existen áreas de mejora dentro de estos planes? ¿Cuáles serán los programas de renivelación? Veamos.

El documento que presentó la SEP es bastante extenso, por lo que vamos a destacar por cada nivel educativo lo más importante y aquellas áreas de oportunidad para mejorar, comenzando por el nivel básico. En este nivel se prevé que el ciclo escolar 2021-2022 comience el 30 de agosto del presente año y termine el 28 de julio del próximo, sin algún receso estipulado dentro de este intervalo ¿por qué podría extenderse así? Dentro de los transitorios que marca dicho acuerdo, se van a realizar programas de evaluación diagnóstica para que se pueda obtener la información necesaria y con base en ella aplicar dos cosas: talleres de renivelación e identificar el impacto de la educación no presencial. Lo anterior va de la mano con las múltiples críticas que tuvo el programa de “Aprende en Casa” y el modelo de educación a distancia, lo que se busca hacer ahora es identificar las áreas de rezago en los conocimientos e ir sobre esa línea. Por otro lado, la SEP planea establecer un sistema de monitoreo escolar para identificar los casos de abandono, con la finalidad de darles seguimiento y buscar a las y los estudiantes que abandonaron sus estudios para que puedan reincorporarse al sistema. Además, se llevará la creación de un comité de sanidad dentro de las escuelas, integrado por los directores, docentes, madres, padres y tutores, con el objetivo de establecer jornadas de limpieza y un mecanismo de tres filtros: detección en casa de síntomas, a la entrada de la escuela (tomar temperatura y gel antibacterial) con el uso obligatorio de cubrebocas, y finalmente en los salones, donde se evitará el consumo de alimentos y se buscará que tengan más ventilación (abriendo las ventanas y puertas en todo momento). Finalmente, la reinscripción al siguiente grado escolar se dará en forma automática, lo único que se requiere de información por parte de las familias es la actualización de información sobre el contacto de emergencia, en caso de necesitarse.

A grandes rasgos, podríamos decir que la propuesta para nivel básico tiene un diseño “bueno”, puesto que contempla los ejes más importantes para mejorar la situación educativa en el país: combatir la deserción, el rezago e impulsar el regreso presencial. Sin embargo, una de las críticas más fuertes que ha tenido es sobre la autorización de los padres, madres y tutores para la exclusión de responsabilidad a las escuelas por un posible contagio. Esto último, por obvias razones, es debido a que el COVID-19 no puede prevenirse en un 100% y la escuela no podría garantizarlo, sin embargo, esto también puede llegar a excusar a que diferentes autoridades escolares no actúen con el rigor necesario en cuanto a las medidas de sanidad (igual ya firmaron la responsiva). De aquí la necesidad de tener supervisadas a las escuelas desde las secretarías (IEA en el caso de Aguascalientes) de educación de las entidades y aplicar sanciones en caso de que alguna de éstas incumpla con brindar todas las medidas posibles. En este mismo sentido, se menciona muy poco sobre qué es lo que se va a hacer para atender los problemas socioemocionales de las y los estudiantes, afirmando que se tomarán medidas de seguimiento socioemocional al inicio del ciclo, durante y después de éste, pero no ofrecen ninguna estrategia definida para medir su eficacia y mucho menos una ruta específica de qué se va a hacer en concreto.

En cuanto a la educación media y media superior, las condiciones serán similares (sobre todo para el regreso presencial), sin embargo, los periodos de renivelación se adoptarán según el instituto educativo lo vea conveniente para atender el rezago en sus estudiantes. Es decir, cada escuela deberá enfocarse en identificar cuál fue el impacto de la educación en línea en sus estudiantes y ofrecer alternativas para renivelación, mientras que en los casos de deserción se ofrecerán evaluaciones con la finalidad de posicionar a los estudiantes que decidan regresar a un nivel correspondiente a sus conocimientos adquiridos y un sistema de recursamiento para evitar más casos de abandono escolar. Las medidas anteriores contemplan lo esencial para este nivel, sin embargo, en el tema del desarrollo de prácticas profesionales no hay algún tipo de programa o planeación, lo cual puede ser determinante para que las y los estudiantes de educación superior obtengan un trabajo una vez que egresan de la institución. Finalmente, en el caso de las universidades, éstas determinarán su regreso de manera autónoma (excepto aquéllas que dependan directamente de la SEP), así como sus condiciones y programas de atención.

Este plan todavía es un proyecto y aún está sujeto a modificaciones, sin embargo, podemos apreciar la falta de apoyo técnico/institucional necesario para planear políticas públicas y combatir los problemas del sector educativo. Aquí es cuando extrañamos a instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuya tarea era justamente velar por la mejora continua de la calidad educativa. Habrá que estar atentos sobre posibles cambios en esta estrategia y escuchar lo que nuestras autoridades locales van a implementar. Ojalá se tomen en cuenta estas áreas de oportunidad, se contemple una ejecución ordenada de los programas y se garantice el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes.