Desde los inicios de su mandato, el Presidente López Obrador se ha dedicado a intentar desprestigiar y lacerar a gran mayoría de nuestras instituciones. Siendo que, en lugar de lograr una auténtica “Presidencia de la REPÚBLICA” como el lema del actual gobierno sugiere, parece ser, que el Ejecutivo tiene como objetivo principal destruir esa anhelada “República”.

En los últimos meses, el Presidente ha destinado sus discursos en contra de los llamados Órganos Constitucionales Autónomos, también conocidos en el argot jurídico como OCAS; bajo la principal consigna de promover la desaparición de algunos de ellos argumentando su poca actividad y utilidad.

Los Órganos Constitucionales Autónomos resultan ser uno de los temas más fascinantes dentro del estudio del Derecho Constitucional, y si bien, también debe de comentarse que se cometió un abuso por parte de administraciones federales anteriores que buscaron elevar a Órgano Constitucional Autónomo algunas instituciones públicas que realmente no lo ameritaban; lo cierto es, que su creación, obedece exclusivamente y desde el punto de vista histórico, a la existencia de las instituciones que pudieran tener un matiz de imparcialidad y que de igual manera limitaran los excesos del poder público en ciertas áreas sensibles del manejo del país.

Actualmente, nuestra Constitución contempla , entre algunos otros, a los siguientes órganos constitucionales autónomos: Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el INE (Instituto Nacional Electoral).

De lo anterior, podemos concluir que definitivamente estos órganos cuentan con funciones vitales y cualidades específicas que en su mayoría requieren amplios conocimientos técnicos y cuya trascendencia hace indispensable UNA INDEPENDENCIA de los poderes de la Unión. De ahí que, sin importar el gobierno que tengamos, se busca tener un sistema de procuración de justicia limpio, se busca proteger al sistema monetario, se busca proteger a los propios comicios electorales e incentivar la participación ciudadana, se busca fomentar la transparencia y el acceso a la información, se busca respetar y hacer exigibles los derechos humanos, se busca generar condiciones de competencia económica que permitan un crecimiento equitativo y exponencial de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. De igual manera, se busca regular el rubro de las telecomunicaciones que durante mucho tiempo fueron cooptadas por el poder público y que ahora nos permiten contar con tarifas accesibles, transparentes y una mayor interconexión en todo el país, entre muchas otras cosas.

Desafortunadamente y por mencionar algunos ejemplos, parece que el Presidente también intentar debilitar a una de las mejores instituciones electorales en el mundo, como lo es el Instituto Nacional Electoral, quizá con el afán de protegerse frente a una derrota por el descontento de la ciudadanía. Aunado a ello, parece ser que el Ejecutivo desconoce que órganos como la COFECE y el IFT han permitido que este país cuente con un crecimiento económico ordenado gracias a la implementación de regulaciones y castigos ejemplares frente a los abusos de ciertas empresas que incurrían en prácticas deleznables.

En conclusión, parece ser que el Ejecutivo y sus asesores legales, quieren olvidar todo lo construido desde el punto de vista constitucional, por un caprichito en el que, insisto, sólo se demuestra el afán de querer cooptar más poder y convertirse en la peor versión de todo aquello que juraron combatir y destruir. Habrá que estar muy atentos al tema durante el próximo periodo legislativo, mientras tanto, agradezco el favor de su lectura y les deseo a todos un excelente fin de semana.

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