Víctor Hugo Granados Zapata

Han pasado más de dos semanas desde que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que se va a vacunar a las y los docentes de las entidades que contaran con “semáforo verde”, esto al declarar que el COVID-19 es un riesgo de trabajo para la labor docente y por ello había que darles prioridad en el plan de vacunación. Con el paso de los días, las críticas sobre esta decisión no se hicieron esperar, sobre todo del personal médico que aún no ha sido vacunado, puesto que afirman (y con toda razón) que ellos son quiénes están más expuestos al virus, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Fue una buena decisión darle prioridad a las y los docentes en el plan de vacunación? ¿Esto significaría el regreso a una modalidad presencial? ¿Es por un tema de mejora educativa o hay un fin electoral?

Antes de iniciar con este análisis, es necesario tener claras dos cosas: primero, Campeche es la única entidad que cuenta con semáforo verde en todo el país, y segundo, queda a decisión del mismo estado la forma en la que se va a retomar el regreso a clases. Es muy importante tener esto en cuenta puesto que podemos caer en el malentendido de querer comparar esta situación con otras entidades en situaciones diferentes, así como también dirigir la atención hacia tomadores de decisiones de manera errónea. Una vez considerado lo anterior, podemos enfocarnos en que la Secretaría de Educación de Campeche será la última instancia que decida si van a regresar a modalidad presencial, híbrida o (en el peor de los casos) en línea a través de “Aprende en Casa”.

Por otra parte, comenté en columnas anteriores mi posición sobre este tema, considero que sí está bien que las y los docentes sean vacunados, siempre y cuando se comprometan a realizar mayores esfuerzos para realizar programas de nivelación intensivos (durante la semana o en sábados) sin exigir un mayor sueldo por ello (en las mismas condiciones que el personal médico). Considerando lo anterior, también sería prudente que las instituciones educativas en las entidades abran las escuelas de manera obligatoria (o al menos en un modelo híbrido), establecer protocolos sanitarios y contemplar evaluaciones diagnósticas y programas de nivelación (incluyendo a escuelas particulares). Lo anterior es el supuesto ideal.

El martes pasado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se habían aplicado alrededor de 9 mil vacunas a docentes de educación básica, y a algunos de educación media de Campeche, además de señalar que se les aplicará una segunda dosis en los próximos 20 a 40 días (esto aunado a la disponibilidad de dicha vacuna en el país). Según el reportaje de Karla Guerrero a través del portal de noticias de Milenio, una parte del sector docente de dicha entidad se quejó por la mala gestión de Manuel Zavala, coordinador de Programas Sociales, señalando que no se respetaron los protocolos a seguir para recibir la vacuna y que aquellos docentes que se presentaron en tiempo y forma no recibieron su vacuna. Zavala señaló que se trataba de 30 docentes y aseguraba que se arreglaría dicho problema para que reciban su vacuna. Aquí tenemos una primera imagen de cómo se podría implementar esta estrategia en otras entidades y de la importancia que tendrán los coordinadores de programas sociales (para bien o para mal).

La Secretaría de Educación de Campeche anunció que se tomarán clases a través del programa de “Aprende en Casa”, es decir que no tendrán un regreso presencial a las aulas en lo que queda del ciclo escolar. Desde el boletín publicado a través del portal oficial de la SEC el 19 de enero, el secretario de Educación de Campeche, Ricardo Koh Cambranis, afirmó que además de la vacuna se requieren más medidas de seguridad para el regreso presencial. Esta decisión es alarmante en muchos sentidos, primero porque el propósito original de vacunar a las y los docentes es el riesgo que tendrían al exponerse en las aulas (riesgo que por cierto es muy bajo), segundo porque el regreso presencial es urgente para combatir los problemas que surgen con la educación en línea y tercero, aunado a lo anterior, no hay ni un solo plan de nivelación o diagnóstico por parte de la SEC, entonces ¿por qué se están vacunando a los maestros? ¿Cuál es entonces el propósito de declarar la labor docente como “riesgo de trabajo”?

La realidad, como podemos ver, es que el objetivo no es el regreso a las aulas y mucho menos garantizar una mejora en la educación de las y los miles de estudiantes, sino beneficiar directamente al magisterio (quizás en compensación por reducir a 0 el presupuesto para formación docente en todo el país). Curiosamente, tenemos elecciones este año y de todos los trabajos son considerados de riesgo, empezando con el personal médico faltante, así como también aquellos que podrían ser considerados de riesgo como los operadores de transporte público, funcionarios públicos que son de primer contacto como policías, etc.; se decidió darle prioridad a las y los maestros (cuyo sindicato, el SNTE, se ha manifestado a favor de las actuaciones del presidente y la 4T). Yo estoy a favor de un regreso presencial y de docentes vacunados, pero es irresponsable aplaudir decisiones de Gobierno que son claramente guiadas por un fin electoral y no en beneficio de las y los estudiantes.

¿Quiénes son los responsables de estas decisiones? En primer lugar, la SEP y la Secretaría de Salud Pública, al permitir este cambio al proceso de vacunación (aunado a una mala implementación, en general, del plan nacional de vacunación); segundo, la SEC, dado que ellos deberían permitir el regreso a las aulas y asegurar las medidas sanitarias en todas las escuelas; y finalmente, el magisterio al permitir que dicho proceso se realice sin un plan de trabajo previo que garantice el compromiso de cada una de las y los docentes vacunados en mejorar la calidad educativa. Una realidad sin compromisos, poco profesional y que revela la verdadera calidad moral de quienes están al mando de la educación en México.