RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

“QUE TODO AQUÉL QUE SE QUEJE CON JUSTICIA TENGA UN TRIBUNAL QUE LO ESCUCHE, LO AMPARE Y LO DEFIENDA CONTRA EL ARBITRARIO”.

José María Morelos y Pavón

En fechas recientes, el organismo no gubernamental “MÉXICO EVALÚA” llevó a cabo la presentación de un documento de la mayor relevancia en nuestro país, denominado HALLAZGOS 2020 (https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2020-evaluacion-del-sistema-de-justicia-penal-en-mexico/), es la octava edición anual que consiste en una evaluación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en nuestro país, a partir de la utilización de una metodología exhaustiva que parte de la información que se solicita a todas y cada una de las entidades federativas y de la Federación, particularmente a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia locales y la nacional. En esta ocasión me llamó poderosamente la atención, por cierta, la frase que enarboló la directora de este organismo en el mensaje inicial de la ceremonia, al señalar que “la ausencia de un sistema de justicia eficaz es el pecado original de este país.

Evidentemente significa que México sigue estando en una situación particularmente grave, que somos un país en el que el acceso a la justicia no es la normalidad, al menos para la mayor parte de la población y especialmente para el débil o para los sectores más vulnerables, significa que a trece años de la reforma constitucional de 2008 en la que se instauró un Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral y a cinco años de que ese sistema de justicia entrara en vigor para todo el territorio nacional mediante la instauración del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que vino a homologar el procedimiento a nivel país, no hemos sido capaces de llevar a cabo las acciones y estrategias adecuadas para que la población goce de los beneficios de ese modelo de justicia, que las instituciones de este país que conforman el pretendido y mal llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública, no han podido generar las condiciones mínimas de operación eficaz del procedimiento penal definido en la Constitución Federal y en cada una de las entidades federativas y, como consecuencia de ello, los mexicanos somos una de las poblaciones del mundo en donde la falta de justicia es la norma y el acceso a la justicia es la excepción.

El Ranking Nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, en donde el estándar ideal es de 1,100 puntos y la meta a alcanzar para el año 2020 era de 1000 puntos, el Estado con mayor puntuación alcanzada en 2020 fue Querétaro con 841 puntos y el de menor puntuación fue Morelos con 241 puntos, mientras que las dos terceras partes de las entidades federativas están por debajo del 50% de la puntuación establecida como meta para el año 2020; en lo que se refiere al Modelo de Investigación Criminal, se documentó la ausencia total de una Política Criminal articuladora de seguridad y justicia, así como de una Política de Persecución Penal en el ámbito de las fiscalías, que permita establecer prioridades y generar estrategias eficaces de combate a las manifestaciones de criminalidad en cada uno de los ámbitos de competencia, tanto de las entidades federativas como de la Federación, que permita una articulación de esfuerzos que se traduzca en resultados reales; la pandemia, que abarcó la mayor parte del año 2020, condicionó una disminución de apenas un 10% en la incidencia delictiva de algunos delitos, especialmente de carácter patrimonial del orden local, sin embargo, se observó un incremento notable en la incidencia de delitos de narcomenudeo, violencia familiar y violencia de género, destacándose que la disminución de la incidencia señalada inicialmente no fue resultado de una estrategia de persecución o prevención de los delitos y que en el incremento de los delitos mencionados en segundo término no cuenta con un plan de atención ni de persecución penal y mucho menos de aplicación de criterios de política criminal definidos que permitan establecer parámetros adecuados de atención del fenómeno.

Ni qué decir de factores básicos relacionados con el sistema de justicia como son las víctimas del delito y sus asesores jurídicos, los defensores públicos y privados, las autoridades encargadas de la supervisión de las medidas cautelares, ni de los principios fundamentales del sistema como la presunción de inocencia que no existe gracias al abuso demagógico de la prisión preventiva como medida cautelar o la oralidad penal y la desformalización de los procedimientos que tampoco se da de un manera adecuada porque seguimos viendo agencias del Ministerio Público saturadas de expedientes físicos que ya no deberían existir y que no están permitiendo despresurizar la maquinaria burocrática para poner el énfasis en los resultados, en la solución de conflictos y en alcanzar los objetivos del sistema de justicia.

En conclusión, México no ofrece a su población el acceso a la justicia como regla general, sino de manera muy excepcional y no contamos con un modelo de investigación criminal que permita dar resultados eficaces, lo cual se traduce en injusticia, corrupción y aumento de los niveles de violencia e inseguridad, todos los esfuerzos deberían estar enfocados en cambiar esta realidad y generar un verdadero Estado de Derecho, sin embargo, el enfoque está puesto en objetivos eminentemente políticos, eso es precisamente lo que genera el pecado original que padecemos, el ideal de Morelos, a más de 200 años, sigue siendo solo eso, un ideal… ¡En Justicia!

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