Víctor Hugo Granados Zapata

Cuando hablamos sobre educación nos enfocamos primordialmente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo anterior porque son quienes se encargan de elaborar, coordinar e implementar los programas educativos en todo el país, de la mano de las entidades federativas (lo que conocemos como la “política educativa”). Sin embargo, el papel que ha desempeñado el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no suele tener mucho impacto en los medios. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles han sido los casos más relevantes que ha resuelto la Corte en materia educativa? ¿Las y los jueces pueden mejorar el entorno educativo desde sus sentencias?

Antes de comenzar, necesitamos tomar en cuenta que el Poder Judicial no tiene una gran connotación en los libros de historia con los que nos formamos en nuestra etapa como estudiantes. Lo anterior se debe al peso histórico que ha tenido frente al presidencialismo desde los inicios del México independiente hasta el año de 1997 donde el PRI pierde por primera vez la mayoría en el Congreso y en el 2000 la Presidencia (termina la “dictadura perfecta”). Pablo Mijangos, historiador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reflexiona sobre lo anterior al inicio de su libro Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de México, resaltando que gran parte del desconocimiento de la sociedad en general sobre los asuntos judiciales relevantes se debe a que no se enseña el trabajo que durante cientos de años han realizado muchos ministros de la Corte (y en el mismo sentido, la poca información que hay sobre la vida de estos grandes juristas). En este sentido, si sumamos la poca difusión histórica sobre la relevancia de la SCJN en nuestro país y el desconocimiento sobre nuestras instituciones de impartición de justicia, es lógico que se tenga en la total obscuridad cómo se han desempeñado los tribunales y la Suprema Corte en materia educativa.

Si quisiéramos analizar el papel del Poder Judicial en la política educativa nos llevaría muchas columnas (y bastante extendidas), por lo que en esta ocasión se van a considerar dos casos que fueron vitales para la modificación de una política educativa (FAEB) y otro caso en el que se sostuvo a pesar de ser muy polémica (Reforma de 2013). El primer caso se trata un litigio estratégico que llevó a cabo la Asociación Civil “Aprender Primero” y “Mexicanos Primero” en contra del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en 2014, demandando que se reintegren más de mil millones de pesos que se desviaban a través de comisionados sindicales (repartidos por líderes del SNTE de aquel entonces, es decir, Elba Esther Gordillo) y que la Auditoría Superior de la Federación investigara dicho caso. La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió a favor de esta asociación, reconociendo el interés legítimo de esta asociación en el caso, le exige a la ASF el cumplimiento de sus obligaciones y que le dé continuidad a la investigación por los desvíos que realizaron a dicho fondo. La importancia de este caso no fue solo la implicación mediática que tuvo, sino que visibilizó por primera vez el trabajo que se puede hacer desde la sociedad civil para exigir una mayor rendición de cuentas y el terrible manejo presupuestario que tenía el sector educativo, lo cual ameritaba urgentemente un cambio (desde la planeación del gasto en educación hasta una nueva ley de coordinación fiscal para evitar que se repita).

El segundo caso fue más polémico y tuvo repercusiones enormes para la política educativa en México. Todos recordamos que en 2013 se aprobó la llamada “reforma educativa” que venía del Pacto por México, en el cuál se le daba vida a un Servicio Profesional de Carrera para las y los docentes en México. Lo anterior tenía fundamento en la ya extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual establecía los parámetros en que los maestros debían cumplir para continuar dentro del sistema educativo, como evaluaciones, pruebas, bonos por rendimiento, etc. Esta ley le cayó como cubeta de agua fría al magisterio, ya que perdían el control de la asignación de plazas, pero al mismo tiempo, miles de maestras y maestros afirmaban que su estabilidad laboral (y antigüedad) se veía violentada por dicha legislación, por lo que decidieron demandar un amparo colectivo el cual llegó hasta la SCJN. A través del Amparo en Revisión 613/2016, la Segunda Sala de la SCJN resolvió por unanimidad que la reforma educativa no vulneraba los derechos sindicales y laborales de las y los maestros, ya que al implementar las evaluaciones se busca la mejora de la calidad educativa de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se le da prioridad a su derecho a la educación y, al mismo tiempo, se respeta el principio del interés superior de la infancia.

Ambos casos parecen ser complejos, pero fueron clave para sostener parámetros constitucionales básicos en materia educativa y que, a través de ellos, se pudieran litigar otros casos como el de “Citlali” que ya hemos analizado en este espacio, e incluso lo que resolvió la SCJN el pasado 29 de junio invalidando una serie de artículos de la Ley General de Educación, los cuales no respetaban el derecho a consulta de las comunidades indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad para la planeación de los comités escolares. Al final del día, cada decisión que toma la Corte en materia educativa establece nuevos parámetros que deben seguir quienes planean y ejecutan las decisiones en materia educativa, apegando cada vez más al sector educativo dentro de los lineamientos constitucionales adecuados. En unos cuantos meses la SCJN resolverá un caso sobre Aguascalientes y el famoso “pin parental”, en el cual podremos ver si la Corte exige un cambio a este terrible trabajo legislativo que afecta a las niñas, niños y adolescentes en su educación. Debemos impulsar la promoción de estos casos para adecuar al sistema educativo en términos de derechos humanos, sólo así podremos garantizar un sistema educativo incluyente, educativo y de calidad.