RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

La pregunta que los ciudadanos nos hacemos cotidianamente es: ¿Cómo es que se ha conformado este escenario de agresividad permanente, sistemática, contra los periodistas en este país? Esta situación lleva ya varios años, desafortunadamente. Desde los tiempos del partido casi único, el partido hegemónico donde se construyó todo un sistema de censura, el cual operaba a través de diversas formas, y periodistas con una larga trayectoria tenían que enfrentar diversas adversidades. Llamadas de gobernación, presiones de todo tipo, del monopolio del papel periódico, el tema de la publicidad oficial que por cierto persiste como un mecanismo sutil de presión. Situaciones que permanecieron hasta muy avanzado el siglo XX, sin embargo, ya entrado el siglo XXI, el fortalecimiento de los grupos criminales y sus alianzas con los diversos gobiernos generó una situación que se fue agravando y volviendo más violenta hasta el momento de la estrategia militarizada de la llamada “Guerra contra el Narco” que inicia con Felipe Calderón y en donde se vio un incremento exponencial en la violencia, incluida la violencia letal. Con todas estas características, el autoritarismo y censura no se han removido del todo en la relación entre el poder político y periodistas. Al contrario, hay que agregar más violencia exponencial, incluida la violencia mortal que hoy coloca a México como el país más mortífero y peligroso para el ejercicio del periodismo, por encima de Siria, Afganistán y Ucrania, que son países en guerra.

Sobre los factores que están influyendo para que haya este ambiente de hostilidad contra el periodismo en el actual periodo de gobierno de la cuarta transformación, podemos decir que en la violencia generalizada que no tiene visos de revertirse hay una estrategia de seguridad fallida que muestra una falta de eficacia en la estrategia específica de protección, de prevención, acceso a la justicia y verdad para las víctimas periodísticas. En México, debemos recordar, hay un mecanismo especial para proteger los derechos humanos a los periodistas. Hay fiscalías especiales para investigar delitos contra la libertad de expresión. Y estos no se crearon ayer. Se crearon hace más de diez años y no han funcionado. Y ningún gobierno, incluido éste, ha tenido la voluntad de fortalecerlo o reencauzarlo; de generar una estrategia integral para que se revierta esta situación de violencia. La impunidad persiste en el 98% de los casos en general, pero en el 99% en los crímenes cometidos contra los periodistas. El sello de esta administración es el estigma, la descalificación, el ataque, la hostilidad verbal, en contra de la prensa que comienza todas las mañanas en la tribuna presidencial y que se reproduce en diferentes espacios del poder público ante funcionarios federales, ante funcionarios del partido en el poder y gobernadores incluso de la oposición, los cuales han utilizado ya el agravio y la descalificación como un arma para inhibir a la prensa y esto está generando ambientes propicios para la violencia que hoy por hoy no solo no disminuye, sino que persiste y se incrementa año con año.

¿Cuáles son las perspectivas para que este caso de la agresión terrible contra Ciro Gómez Leyva pueda servir de experiencia para reencauzar la relación entre el poder público y los medios? Desde luego que se está viviendo un momento muy importante. Es un parteaguas, es un punto de inflexión en donde se espera que se esclarezca el caso de Ciro Gómez. Que de verdad se garantice su seguridad. Que estos hechos no se repitan, pero que también esto que está sucediendo sea un momento para que cambie por completo la falta de interés del gobierno, para que se termine la actitud hostil hacia la prensa y exista de verdad la capacidad institucional para que esto se vaya revirtiendo. Para que haya un golpe de timón y se pueda ver en el corto y mediano plazo un cambio sustantivo que ya no tenga a la prensa en zozobra. Este año ha sido el peor en este tema de las agresiones a periodistas, junto con el 2017, del que se tenga registro. Algo se está haciendo mal.

Los ataques a periodistas no es algo nuevo. A volapié recordamos cómo en el año de 1986, siendo presidente Miguel de la Madrid, fue asesinado el periodista y ex gobernador de Yucatán, de 1970 a 1976, Carlos Loret de Mola Mediz. Su asesinato quiso ser aparentado como un accidente automovilístico en una carretera del estado de Guerrero. En una entrevista entre Rafael Loret de Mola, hijo de Don Carlos, con el presidente Miguel de la Madrid, cuando ya había dejado el poder, éste le confesó que él había tratado de indagar sobre ese “accidente”, pero que se topó con muro ante la Secretaría de Gobernación, que en ese tiempo tenía como titular a Manuel Bartlett Díaz, hoy director general de la CFE. O sea que en ese crimen estuvo involucrado el Gobierno Federal.

El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía Tellezgirón, el periodista más leído e influyente de su época, fue asesinado en la Ciudad de México cuando iba saliendo de sus oficinas, las cuales estaban situadas en el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes. Buendía dejó huella en el columnismo político de México con su “Red Privada”. La más leída de su tiempo. Y su asesinato se ha interpretado como un ejemplo claro de la violación a la libertad tanto de expresión como de prensa a manos de los poderosos.

En este caso, durante muchos años se ha señalado la relación directa –¡De nueva cuenta Bartlett!– con Manuel Bartlett del mando de policía política que ordenó la ejecución de Buendía. Bartlett era secretario de gobernación y fue señalado como el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía. Sin embargo, a pesar de la relación directa y jerárquica de Bartlett de los ejecutores de Buendía, a Bartlett nunca se le tocó ni con el pétalo de una rosa y hoy a sus 86 años sigue vigente en el gobierno mexicano, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador, como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Todo un caso. Lo anterior son solo ejemplos de cómo los diferentes gobiernos de nuestro país han reaccionado de manera sanguinaria contra sus detractores. En todos los gobiernos: priístas, panistas y morenistas, los asesinatos a periodistas han sido una constante de impunidad y para esto no ha importado matar a periodistas reconocidos a nivel nacional como a los que sólo se desenvuelven a nivel regional.

Lo sucedido a Ciro Gómez Leyva iba a ser un crimen más que quedaría impune. No cabe duda que los demonios andan sueltos en nuestro país y que lo planeado contra Gómez Leyva sería un mensaje muy claro para los periodistas que no han doblado la cerviz ante el mesías tropical. La pregunta es: ¿dejarán por la paz el plan que quedó inconcluso? ¿El periodismo seguirá siendo el oficio del miedo?