Por:David Reynoso Rivera Río.
La labor del legislador consiste en abstraer la realidad para plasmarla en normas jurídicas; el objetivo de ello consiste en que a través de dichos instrumentos, se incentive el beneficio de la colectividad. En los últimos días los medios nacionales y las redes sociales han mencionado con periodicidad el tema del impuesto a la plusvalía que los asambleístas de la ahora llamada Ciudad de México decidieron impulsar en días recientes, es por ello que decidí abarcar el tema e informar un poco acerca de esta novedad impositiva.
Esta novedosa idea ha funcionado en ciudades de primer nivel dónde los servicios públicos brindados consisten en: caminos y banquetas de calidad en su construcción con todos los requerimientos de accesibilidad para personas con capacidades diferentes; luminarias e iluminación optima con cableado subterráneo; transporte público estructurado de costos que reflejen su calidad y puntualidad; así como parques y jardines limpios y adecuados para el sano esparcimiento de sus habitantes.
Siendo así que cuando un gobierno o municipalidad realiza inversiones en cierta zona para mejorar los servicios o incentivar el transporte, el precio de los inmuebles que se encuentran a su alrededor tienda a aumentar, a esto se le considera como plusvalía. Contextualizado lo anterior, es que podemos comprender a que se refieren estas notas cuando escuchamos que las autoridades de la Ciudad de México intentan cobrar dicho concepto.
Dentro del nuevo proceso de conformación de la Ciudad de México, recordemos que existe una Asamblea Constituyente en la que inclusive participan dos aguascalentenses, dicha Asamblea es la autoridad legislativa encargada de discutir, modificar y votar el proyecto de Carta Magna que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera propuso para regir la vida política de la capital. Dicha Constitución se espera sea texto aprobado para los inicios del próximo año.
En la propuesta inicial se establecía que al gobierno capitalino le correspondían todos los incrementos de valor del suelo derivado del proceso de urbanización; sin embargo, en los últimos trabajos de las comisiones se ha determinado no incluir dicho precepto. Aunado a ello y como reacción, la Asamblea Legislativa en la que también participa un aguascalentense, decidió incluir en el artículo 94 de la Ley de Vivienda, el cobro de plusvalía en las zonas de desarrollo urbano. De acuerdo con el citado artículo, el gobierno local deberá implementar y generar los mecanismos para el cobro de plusvalías; de igual manera se estipula que el encargado de administrar el dinero sería la Secretaría de Finanzas y destinaría cierta parte de dichos recursos al Instituto de Vivienda para impulsar la construcción de vivienda popular y de interés social.
Ejemplificando lo anterior: Si una persona tiene una casa habitación valuada en un millón de pesos y en el rumbo hay procesos de urbanización como pavimentación o luminarias, el departamento aumentará su valor. Luego, con el paso del tiempo y derivado de dicha obra, el inmueble podría costar 1 millón 400 mil pesos; por lo que si el dueño decide enajenarlo, tendría que pagar un impuesto sobre los 400 mil pesos de ganancia.
Tras su aprobación por parte del legislativo capitalino, el Jefe de Gobierno ha reaccionado ante la presión social y manifiesta que se vetará dicho impuesto; sin embargo, habrá que estar pendientes de lo que suceda y esperar la actitud que tomen otras entidades federativas ante dicha idea que en principio pareciera ser impositiva e inclusive injusta para las circunstancias de los estados, las ciudades y los municipios del país; pero que desde la otra cara de la moneda también podría ser bajo una óptica optimista, un buen incentivo para la mejora urbana y de la calidad de vida.
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