Desde que se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, ha habido resistencias en las instituciones de Gobierno para entregar la información que obra en su posesión y a la que cualquier persona tiene derecho de acceder.
Esto era de esperarse, porque los funcionarios no estaban acostumbrados a rendir cuentas y mucho menos a que alguien ajeno al Gobierno supiera de las actividades que realizaban. En su torre de marfil, se sentían intocables y sólo les respondían a sus jefes, a quienes debían lealtad total.
Esto cambió en el sexenio del presidente Fox al promulgarse la Ley antes citada, y crearse el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) e iniciar dos procesos: la obligación de entregar información generada por el Gobierno a cualquiera que la solicitara, sin necesidad de identificarse o manifestar el interés que la movía, y la obligación de publicar información de interés general, tal como sueldos de los funcionarios, directorios y resultados de auditorías.
¿Qué les preocupaba a los funcionarios públicos? Que un acto de autoridad que realizarán podría ser visto por cualquier persona y que se pudiera cuestionar la pertinencia de dichas acciones, especialmente si detrás se escondían actos de corrupción.
Desde el 2002, la lucha por abrir la información ha sido incesante. Las motivaciones para negar información pública son múltiples. Por ejemplo, ocultar la información cuando se trata de periodistas que la solicitan, por miedo a que los funcionarios reciban críticas en medios de comunicación o se revelen actos de corrupción.
Recientemente, la negativa a entregar información del Gobierno se ha escudado en argumentar que se trata de asuntos de seguridad nacional, siendo que el revelar dicha información de ninguna manera afecta a la seguridad nacional. Por ejemplo, se ha pretendido ocultar las adquisiciones relacionadas con la pandemia o con contrataciones para proyectos clave de este sexenio, por motivos de seguridad nacional que no se justifican y así lo han manifestado con sus resoluciones los actuales comisionados del INAI.
A partir de 2019, se ha desencadenado desde la presidencia de la República un ataque al INAI. El ataque se realiza argumentando que existen abusos en el uso de sus recursos y haciendo creer que existen sueldos exorbitantes, cuando la realidad es que los salarios han disminuido en términos reales desde el 2002 en toda la administración pública federal y, en el caso del INAI, son incluso inferiores a otros organismos autónomos.
Otra forma de debilitamiento han sido los recortes presupuestales, de tal forma que en 2023 el presupuesto del INAI ni siquiera llega a los niveles que tenía en 2018. Finalmente, el ataque más directo es dejar inoperante al INAI al no nombrar a los comisionados necesarios para realizar sus funciones. Al momento de escribir estas líneas, sólo había 4 de los 5 que se requieren para operar.
El INAI representa una amenaza a las autoridades cuando éstas realizan actos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos. Este temor es fundado cuando vemos el mega fraude en SEGALMEX, expuesto por la Auditoría Superior de la Federación e investigado más ampliamente a través de solicitudes de información, o cuando se intenta ocultar malos manejos en las obras emblemáticas de este sexenio. Por ello, no extraña que para la actual administración federal el mundo ideal es dejar al INAI en la inoperancia, tal como lo manifestó el secretario de Gobernación.
Con el ataque al INAI se pone en riesgo la democracia, la protección de los derechos humanos que tutela, y se impide que auxilie en el combate a la corrupción. Es urgente que la sociedad salga a defenderlo, como ha defendido al INE, para que siga siendo un contrapeso real a los otros poderes del Estado.
