Víctor Hugo Granados Zapata

Como analizamos en los casos anteriores, las sentencias en materia educativa nos marcan diversos caminos que podemos tomar, adecuar e incluso ampliar para garantizar el derecho a la educación de todas y todos. Sin embargo, dichas resoluciones tienden a estar bajo la sombra de las estrategias educativas de mayor popularidad y que son políticamente más rentables. Ejemplo de lo anterior son las transacciones no condicionadas, es decir, apoyos económicos universales que no requieren ningún requisito por parte de quien los solicita para poderlos adquirir, como es el caso de las becas para el bienestar Benito Juárez, cuyos resultados en los últimos años para contener el abandono escolar y el rezago educativo han sido lamentables; en este sentido, ¿cómo podríamos aterrizar las nuevas estrategias que derivan de los tribunales? ¿De qué manera puede una sentencia evolucionar a una política pública en materia educativa?

De entrada, debemos comprender que las y los jueces no son expertos en política pública y que sus sentencias per se no pueden entenderse directamente como soluciones generales (dado que en la mayoría de los casos recaen en asuntos particulares o colectivos específicos). Sin embargo, el sentido, las hipótesis y la obligación (ya sea de hacer o no hacer) son lo que debemos tomar como base de partida para analizar los problemas públicos; primero, cómo podríamos aplicar la decisión de un tribunal a un nivel colectivo; segundo, adjuntar dicha armonización dentro de un árbol de problema público (en nuestro caso, problemas del sector educativo); y tercero, correlacionar diferentes rutas concurrentes. Para corroborar lo anterior, vamos a tomar el ejemplo del amparo en revisión 272/2019 de la SCJN, el del caso de Citlali.

En dicha resolución (que ya la hemos explicado en varias ocasiones) se obliga a las autoridades educativas demandadas a garantizar su acceso al sistema educativo, que cuenten con los recursos necesarios para que ella pueda tomar clases en su idioma nativo y al mismo tiempo se tenga personal capacitado en educación especial (debido a que tiene Síndrome de Down). La hipótesis general de esta sentencia es que las y los alumnos no deben adaptarse a la escuela, esta última debe adaptarse a cada estudiante, independientemente de su condición física, intelectual, color de piel, origen, condición socioeconómica, etc.; segundo, que las autoridades educativas están obligadas a tomar en cuenta dichas circunstancias para realizar los ajustes razonables ad hoc a las circunstancias que requieran las y los alumnos; y tercero, que se debe tener una capacitación idónea en el cuerpo docente para fomentar la inclusión de todas y los estudiantes.

Con las pautas anteriores podemos transitar al plano de las políticas públicas, comenzando por detectar el problema público en cuestión, que en este caso es la discriminación escolar. ¿Cómo elaboramos un mecanismo para combatir dicho problema? Se puede comenzar realizando una evaluación de la infraestructura escolar (a nivel comunitario, local o regional), después realizar un programa de acondicionamiento avanzado en las escuelas que tengan alumnos en dichas circunstancias e impulsar integración de personal docente con formación en educación especial, o bien maestras y maestros que conozcan los idiomas nativos de la entidad; y el último reto, añadir una nueva materia en todos los niveles educativos que fomente valores de inclusión a partir de ejercicios interactivos entre estudiantes, para así garantizar un entorno de sana convivencia. La síntesis anterior de una serie de posibles soluciones en conjunto deriva de una sola sentencia, que adjunta dentro de ella una posible alternativa para tratar la discriminación escolar en un plano colectivo.

También debo advertir que lo anterior conlleva a cambios radicales en la política educativa que tendrán mucha oposición por parte de las autoridades educativas en diferentes niveles. Desafortunadamente, el sector educativo en nuestro país se ha visto inmerso siempre en diferentes intereses políticos, principalmente por quienes estuvieron al frente de los sindicatos y el uso de programas sociales o educativos por parte de diferentes autoridades para promocionar a figuras políticas, como el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien impulsó un programa de apoyo universal (becas) para estudiantes de educación básica y media, aprovechando la entrega de dicho apoyo para realizar eventos donde promocionó su imagen pública (e incluso, dichas becas suelen ser conocidas como las “becas Sheinbaum”), dejando de lado cientos de soluciones que podrían ser más benéficas para las y los estudiantes.

Esto, en conclusión, es lo valioso de las directrices que marcan las sentencias en materia educativa y es que siguen una línea exclusiva a la garantía del derecho a la educación a partir de diferentes lineamientos, dejando de lado la planeación pragmática que, desde la clase política, suele impulsar estrategias que terminan por ser dañinas para el sector educativo. Siguiendo los pasos que acabamos de realizar, ¿cuáles son las estrategias que podemos adoptar del caso Brown vs Board of Education o el de los hermanos Caro Buitrago en Colombia? Lo analizaremos la próxima semana.

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