Víctor Hugo Granados Zapata

Siguiendo con esta nueva sección, debemos comenzar a cuestionarnos cómo se interrelacionan diferentes derechos fundamentales con el derecho a la educación, como es el caso del derecho a no ser discriminado, entre otros. Por ello, en esta segunda parte analizaremos cómo en Colombia, a través de la acción de tutela, se han llevado ante la Corte casos en los que por omisiones de las autoridades educativas se ha vulnerado el derecho fundamental a la educación y a la inclusión educativa. ¿Cómo podemos visualizar la garantía de ambos derechos en un solo caso? ¿Cómo funciona la exigibilidad del derecho a la educación desde la acción de tutela?

Primero, es necesario explicar qué es la “acción de tutela”. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 86 que la acción de tutela es mecanismo para “…reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En otras palabras, es un mecanismo de control constitucional cuya finalidad es la de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, similar al juicio de amparo mexicano pero con más virtudes (sobre todo en cuestiones procesales y de acceso). Sin embargo, nos enfocaremos únicamente en su aplicación a la sentencia T-679/16 resuelto por la Corte Constitucional Colombia, el caso de Miguel Ángel Caro Buitrago.

En el año 2016, Miguel Ángel acudía al 5° año de primaria en una escuela pública durante el turno vespertino, al igual que su hermana María Paola quien cursaba en grado mayor. Él padece de parálisis infantil, por lo que debe trasladarse en silla de ruedas y el problema se origina en que la escuela en la que estaban cursando ambos no contaba con la infraestructura idónea para que pudiera ingresar sin problema. Su padre contactó a la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital explicando la situación, exigiendo que se reubicaran a ambos a una escuela que contara con dichas condiciones, dado que María Paola cuidaba de su hermano y los dos acudían por las mañanas a terapia física (ya que ella también contaba con una condición física que le ocasionaba problemas de movilidad). Sin embargo, la respuesta de la Dirección se centraba en tratar brindarles apoyo monetario con el que se subsidiaran las necesidades que tenían, específicamente de movilidad, ya que no accedían a cambiarlos de turno a ambos en otra escuela que contara con dicha infraestructura.

Las respuestas que tuvo el padre de ambos ante las primeras instancias le daban la razón a la Secretaría de Educación Distrital, toda vez que se decía que al brindarle el apoyo monetario a su hijo, este podría conseguir un acompañante que le auxiliara en la escuela para que este lograra estar en las mismas condiciones que sus compañeras y compañeros, así como también transporte para llegar a sus clases. Por ello, el señor Caro impugnó la decisión de los tribunales de primera instancia, argumentando principalmente que su hija e hijo merecían una “atención reforzada” toda vez que ambos contaban con una condición similar que los ponía en desventaja contra el resto de sus compañeros y esto les afectaba en su desarrollo educativo, así como también vulneraba su esfera jurídica. En la segunda instancia tuvieron un resultado similar, por lo tanto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Suprema de Colombia tomó el caso y lo analizó, contemplando que dichos hermanos debían permanecer juntos y que la obligación de la Secretaría de Educación Distrital debía garantizar las condiciones suficientes para que ambos estudiantes pudieran cursar en la misma institución educativa.

En el análisis de la Corte se versa en que a pesar de que el padre buscaba, en un inicio, garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de su hijo Miguel Ángel, de manera correlacionada, también se buscaba la garantía de los mismos derechos fundamentales de María Paola, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad al igual que su hermano. Por lo tanto, la garantía del derecho a la educación en este caso debía versar sobre la admisión de ambos estudiantes en un mismo plantel educativo, independientemente de si se apoyaba a uno solo en cuanto a transporte (lo cual también debía garantizar dicha secretaría). Dentro de esta misma resolución, la Corte colombiana analizó el derecho a la educación desde cuatro ejes: la disponibilidad, accesibilidad, permanencia en el sistema educativo y la calidad; dichos ejes funcionaron como parámetros para determinar la garantía y el alcance del derecho a la educación, los cuales en conjunto con la educación inclusiva para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, la Corte obligó a las autoridades educativas a establecer los medios suficientes para asegurar la educación de ambos, de manera equitativa con relación al resto de sus compañeros y así garantizarles también el derecho a la no discriminación.

Este caso y el de Brown vs Board of Education nos marcan líneas de acción para la garantía del derecho a una educación inclusiva a través de sus resoluciones. ¿Cuáles son estas posibles vías de acción? ¿Qué lecciones podemos adoptar en el sistema educativo mexicano? Lo analizaremos la próxima semana.

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