Víctor Hugo Granados Zapata

El derecho a la educación también se ha desenvuelto en tribunales de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene uno de los precedentes más importantes en la historia de la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas, el caso Brown vs Board of Education (1952-1954). O bien, en el caso de Colombia a través de la acción de tutela (un control constitucional similar al juicio de amparo mexicano) se ha logrado garantizar el derecho a educación cuando quienes proveen servicios privados de educación violentan los derechos de las y los estudiantes, como es el caso de la sentencia T-390/11 en la cual se efectuó un acto discriminatorio en contra de un alumno que derivó en su expulsión del instituto. ¿Cómo se desenvolvieron estos casos? ¿Qué implicaciones han tenido en el estudio del derecho educativo a nivel internacional? ¿Qué podemos aprender de estas resoluciones?

Antes de comenzar a desarrollar estos casos, es necesario considerar algunas precisiones. Primero, en esta serie de columnas mi intención no es realizar un estudio de derecho comparado, es decir, un análisis crítico entre dos o más sistemas judiciales (estos estudios suelen ser muy extensos y no son propios de un espacio de crítica desde la opinión pública). Segundo, lo que voy a tratar de hacer a continuación es difundir la importancia del estudio de resoluciones judiciales de otros países para expandir nuestra perspectiva sobre el desarrollo de la garantía de los derechos humanos y fundamentales, en este caso preciso el derecho a la educación. Tercero y último, buscaré impulsar la discusión de estos casos para visibilizar el campo de acción que existe en el área del derecho para combatir problemas públicos, estableciendo líneas de acción que pudieran resultar valiosas para las y los tomadores de decisiones. Una vez señalado lo anterior, comenzaremos con el análisis del caso estadounidense y la lucha por el derecho a la educación a través del reconocimiento de los derechos civiles.

Para comprender los casos de Brown vs The Board of Education es necesario conocer cómo funcionaban las leyes denominadas The Jim Crow Laws. Se tenía la idea, entre la década de los 50´s y 60´s que la segregación de la comunidad escolar era necesaria (entre gente blanca y de color), toda vez que los discursos racistas de la época se transformaban en legislación y así lograban este objetivo, hacer menos a la comunidad afrodescendiente. Gary M. Lavergne, profesor investigador de la Universidad de Texas, desarrolla los antecedentes que se vivieron antes del caso en cuestión en su libro Before Brown, Heman Marion Swaett, Thurgood Marshall and the Long Road to Justice; en esta obra, el autor nos narra cómo operaba el racismo en las instituciones de educación superior, las cuales negaban el acceso a las y los estudiantes afroamericanos bajo argumentos totalmente subjetivos, como fue el caso de Heman Marion (activista de los derechos civiles de la época) quien, al igual que muchas personas afroamericanas, no pudo ingresar a la Universidad de Texas que, en ese momento, no admitía el ingreso de personas afrodescendientes, por lo que estudió en la Wiley College. Lo anterior tenía un propósito, segregar la calidad de las universidades y así privilegiar al sector blanco de la sociedad norteamericana, limitando las oportunidades del resto de la población ¿qué beneficio tendría la comunidad de efectuar un acto como este? Así como lo señala Lavergne en su libro, sólo el racismo puede explicarlo.

El conjunto de casos que evidenciaron la inconstitucionalidad de estos criterios de admisión son denominados como Brown vs Board of Education, los cuales derivan principalmente de cinco casos (Brown v. Board of Education of Topeka, Briggs v. Elliot, Davis v. Board of Education of Prince Edward County (VA.), Bolling v. Sharpe, and Gebhart v. Ethel.), los cuales tenían en común la defensa de los derechos de las y los estudiantes que les eran negados el acceso a dichas instituciones educativas. La premisa de estos casos, litigados por Thurgood Marshall (quien años posteriores sería nombrado ministro de la suprema corte de Estados Unidos), es que el criterio de “separados pero iguales” era totalmente discriminatorio en perjuicio de dichos estudiantes, quienes estaban en condiciones desventajosas (menor presupuesto, baja calidad, etc.) lo cual violentaba la cláusula de la protección igualitaria y el debido proceso señalado por la 14° enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Una vez que se lograron ganar estos casos, las escuelas comenzaron a abrir sus aulas a cualquier estudiante, en condiciones y criterios de admisión igualitarios, desechando cualquier rastro de las Jim Crow Laws con el paso de los años. De esta manera se brindó acceso, en términos realmente igualitarios, a las y los estudiantes a acceder (y contender) por una educación de calidad, lo cual evidentemente tuvo un impacto en su futuro académico y en la integración escolar. ¿cómo se desarrollaron los litigios por la educación en Colombia? Lo analizaremos la próxima semana.

¡Participa con tu opinión!