Fernando López Gutiérrez ferlog14@gmail.com @ferlog14
El pasado 9 de noviembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votó en contra de la iniciativa que el Presidente Enrique Peña Nieto envió desde el mes de mayo con la intención de reconocer el matrimonio igualitario en México. Después de meses de debates y manifestaciones públicas de diversa índole, por parte de grupos a favor y en contra de la propuesta, los legisladores decidieron desahogar dicho pendiente de la agenda legislativa rechazando la propuesta del Ejecutivo.
Con posiciones contrarias al matrimonio igualitario por parte de los diputados del PAN y del PRI —exceptuando a Ivonne Ortega y a Benjamín Medrano— y favorables a éste por parte de los integrantes del PRD y MORENA, el tema ha sido desechado en el Poder Legislativo y se observa complicado que pueda retomarse en la presente legislatura. Como lo señaló con claridad el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED): “la votación desfavoreció el ejercicio y promoción de los derechos humanos en nuestro país”.
Con la certeza de que la propuesta de Peña Nieto fue un factor que incidió de forma negativa en las preferencias de los electores durante las votaciones pasadas en diversas entidades federativas —y seguramente con la anuencia de la Presidencia de la República— el PRI optó por descartarla y adoptar la postura que el PAN ha defendido siempre. En la decisión no hay elementos de fondo, puro cálculo político bajo el pretexto de favorecer lo que la mayoría prefiere.
Seguramente el voto popular mayoritario respecto a este asunto sería el mismo que el que los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales han asentado; sin embargo, habría que recordarle a los legisladores que el respeto a los derechos humanos no puede estar condicionado a la opinión de la mayoría o a la presión de determinados grupos y que son ellos los responsables de hacer valer dicho principio en las leyes. El planteamiento de rechazar un mecanismo que permita reconocer los derechos de las personas debido a la opinión de la mayoría es injustificable.
El derecho de todas las personas a contraer matrimonio ha sido reconocido claramente a nivel internacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha subrayado de forma expresa para el caso mexicano; resulta lamentable observar que estos elementos no son suficientes en nuestro país, ante la defensa desarticulada, carente de argumentos y sustentada en mentiras que diversos grupos religiosos han realizado de un modelo de familia que, por dogma o tradición, es el único aceptable para ellos.
