Gerardo Muñoz Rodríguez

En los últimos días, hemos observado cómo el salario mínimo es de los principales temas abordados por cualquier cúpula empresarial, órganos de gobierno y la sociedad en general. Posturas que apoyan un incremento y hacen alusión a que en México se tiene uno de los peores salarios en América Latina, lo cual es cierto; chocan con ideologías que manifiestan que un alza desmedida de éste, pudiera ocasionar presiones macroeconómicas que delimiten el ingreso real de los trabajadores, lo cual también es correcto. Indaguemos ambas caras de la moneda.

En la actualidad, el mínimo a pagar para un patrón en nuestro país, es de 80 pesos con 4 centavos al día, el cual, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, se encuentra dentro de los países que menores salarios tiene en todo el continente.

Esta cantidad, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no alcanza siquiera a cumplir con la línea de bienestar que referencia al valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo mínimo, lo que nos posiciona como un país con altos índices de pobreza general. Para alcanzar esta línea, un trabajador debería percibir mensualmente la cantidad de 2 mil 899 pesos. Nos encontramos muy por debajo de cumplirla.

Ante esto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos expresa la necesidad de aumentar el ingreso mínimo a 92.72 pesos. La propuesta está basada, de manera acertada, en que el incremento sea expresado en pesos y centavos, el cual es denominado Monto Independiente de Recuperación. Con esto, se dejaría a un lado la complejidad de tomar la vía de aumento por porcentaje.

Por el otro lado, el saliente gobernador del Banco de México, menciona que un desmesurado incremento en el ingreso de los trabajadores debe darse a la par de una baja tasa inflacionaria en el país. Esto para que la acentuación generada en el consumo de los mismos sea amortiguado por el alza en el incremento generalizado de los precios. Ya que como hemos vivido últimamente, unas altas tasas de inflación ocasionan medidas de política económica que ajustan, al alza, las tasas de interés, en vías de desacelerar la economía. Se menciona que el aumento salarial debe de estar acompañado de mejoras en sus niveles de productividad.

El gobierno manifiesta su temor que ante un aumento que no pueda ser absorbido por las empresas, éstas se vean forzadas o sientan mayor comodidad de manejar la informalidad en sus plantillas laborales; las cuales, a pesar de representar mejores condiciones económicas para el trabajador, lo priva de ciertas prestaciones que otorga la formalidad, teniendo como ejemplo más claro el acceso a la seguridad social.

De esta forma, vemos cómo ambas partes tienen fundamentos suficientes para defender su postura. Sin embargo, lo que es innegable es que el minisalario representa un lastre que cargamos desde hace años y que no permite mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad mexicana.

Nadie puede negar que un mayor poder adquisitivo más homogéneo en la sociedad nos permitiría poder incrementar un dinamismo en la demanda interna, ocasionando un mayor consumo de bienes y servicios que logre alcanzar la meta que buscamos todos los mexicanos: tasas de expansión económica más elevadas.

Este impulso al salario mínimo viene estimulado gracias a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchos de los empresarios comprendieron que lo que pudiera compensar el alza en sus costos laborales, pudiera verse igualado o inclusive superado por una reactivación en el consumo interno del país.

Es un hecho que se presentará un considerable aumento en el salario mínimo en el país. Esperemos que esta ocasión se asienten las bases para que estas alzas se hagan de manera periódica y evitar caer en acrecentamientos tan considerables que ocasionen cierta duda o escepticismo de muchos agentes económicos.

Twitter: @GmrMunoz