Salvador Rodríguez López

Una campaña muy intensa tiene lugar para que el mayor número de habitantes adquieran toda clase de productos que ofrecen las casas comerciales, llevando como atractivo los premios que otorgará la Secretaría de Hacienda (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por un total de 500 millones de pesos.

No obstante, sólo participarán en el Sorteo Fiscal los que compren a través de la tarjeta bancaria, por lo que aquellos que paguen en efectivo quedarán fuera, algo ilógico ya que la misma legislación establece que el peso tiene mayor valor que cualquier otro elemento en cualquier retribución o transacción.

De acuerdo con lo informado por el nuevo administrador de Servicios al Contribuyente del SAT, Adrián Alejandro Vaquera Jiménez, el tarjeta-habiente podrá ganar un premio de 250 mil pesos o uno de los 321 mil 260 premios desde 500 pesos hasta 20 mil pesos. Lo único que tiene que hacer es acudir a los negocios que se inscribieron en el Buen Fin, comprar un producto, pagar con la tarjeta y esperar a que la suerte decida si se hizo acreedor a un premio, lo que de entrada resulta atractivo, sólo que como en la lotería, jugará contra cientos de miles de adquirientes.

Aunque no gane le quedará la satisfacción de haber participado en esta competencia anual que debería denominarse “compre, compre, que después Dios dirá”, porque durante varios meses estará aportando los abonos y cuando llega al último es porque llegó el siguiente Buen Fin y nuevamente a entrarle con la esperanza de que esta vez la suerte lo elija.

Lo que resulta fuera de orden es que el Gobierno Federal, a través de SHCP-SAT, haga una aportación millonaria en algo que no le va ni le viene, cuando lo normal es que fueran las instituciones bancarias quienes aportaran los premios, si se tiene en cuenta que sin ningún esfuerzo son de las más beneficiadas, además de las tiendas que están en lo suyo y que aprovechan para sacar los productos rezagados o fuera de temporada, ofreciéndolos a un precio inferior al normal, con lo cual logran recuperar parte de lo invertido.

Para poder participar el poseedor de la tarjeta bancaria deberá pagar una compra mínima de 250 pesos con medios electrónicos, sean tarjetas de crédito o de débito y debe hacerlo en los comercios participantes, que quedaron registrados con fecha límite el pasado 9 de noviembre.

El funcionario aseguró que a través de este programa, que tiene lugar del 10 al 16 de noviembre, “se impulsa el consumo interno y mejora la calidad de vida de las familias mediante descuentos y promociones, a la vez participan en el Sorteo Fiscal”.

Además de los compradores, Vaquera Jiménez indicó que el comercio podrá ganar un premio insignia, por 250 mil pesos y hasta uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos por una bolsa de 100 millones de pesos, mismos que serán pagados antes del 24 de diciembre.

El sorteo se hará el 10 de diciembre y desde el día 13 del mismo mes tarjeta-habientes y comerciantes podrán saber si ganaron, consultando el sitio www.gob.mx /sorteoelbuenfin.

Lo que cabe es que los ciudadanos sean muy cuidadosos y no compren por el simple hecho de aprovechar las ofertas, o porque esperan ganar algún premio, porque es fácil obtener el crédito, el problema viene después para solventarlo, entonces hay que reflexionar si en realidad hace falta lo que se ofrece, qué utilidad tendrá y por cuánto tiempo. Como decían en aquel comercial, “mucho ojo”.

DEL MISMO MOLDE

Aunque juraron ante la figura del panda hornero que serían diferentes a todos los que les han antecedido en la representación popular, los miembros de la LXV Legislatura del Congreso local resultaron igual de lerdos a la hora de cumplir con sus obligaciones primarias, al mismo tiempo que sus actitudes son similares al opinar de todo, lanzar dardos en contra de los que piensan diferente y tratar de justificar sus omisiones.

La mejor muestra está en que pese a la importancia del cargo no han nombrado al contralor interno, tal vez porque así conviene a sus intereses, pero con esto faltan a sus deberes fundamentales y que es tener un gobierno interno que vigile y evite los excesos.

El actual presidente de la mesa directiva, Raúl Silva Perezchica, afirmó que no hay desidia, sino que, como seres inteligentes, esperan lograr acuerdos de todos los grupos representados en la Junta de Coordinación Política, sin reconocer las consecuencias que esto significa para su desempeño.

Como en todas las familias, así como hay quienes creen que engañan con sus actitudes, otros son más objetivos y es el caso de la diputada panista Nancy Gutiérrez, que reprochó la escasa labor representativa que han tenido varios de sus colegisladores en el mes y medio que llevan en el encargo, a lo que se agrega las diferencias que hay al interior de la propia bancada blanquiazul, al no ponerse de acuerdo para nombrar al contralor pese a que tuvieron el nombre de quien cubría los requisitos.

Por el contrario, Silva Perezchica dijo que no hay prisa para decidir sobre la designación, que incluso es un tema que no se ha presentado en los asuntos a tratar, no obstante reconoció que es fundamental hacerlo, pero la intención es primero llegar a un acuerdo entre los grupos representados en la Junta de Coordinación Política y luego llevarlo al pleno.

Según el ex director de Educación, se tienen varias propuestas que han presentado las fracciones parlamentarias y de ellas hay tres que cumplen con el perfil, aunque no proporcionó sus nombres para no crear falsas expectativas.

Por ahora, ante la falta del titular en ese organismo los trabajos los lleva a cabo un designado, que está de manera interina, esto con la finalidad de evitar que existan demoras en las tareas que se deben cumplir.

Con la actitud que asumen diputados y diputadas no hacen la diferencia, puesto que actúan igual de quienes estuvieron en las curules, además, haciéndose los importantes tratan de que el contralor sea alguien que sea el mejor que hay en el pueblo, sin mirarse en el espejo, dado que no están ahí por sus luces sino por el apoyo de sus partidos, particularmente los que llegaron por la vía “plurinominal”, cuyo espacio es una concesión que otorga el sistema político para que los dirigentes partidistas acomoden a sus incondicionales.

De los más de 250 asuntos que les fueron heredados todavía no hay una selección para definir cuáles serán los primeros en ser dictaminados, por lo que a ese paso cuando se vayan dejará un cúmulo de expedientes. Suponen que los tres años de la gestión no se terminarán, sin reflexionar que de los 36 meses ya se esfumó mes y medio. No les vaya a pasar lo que a aquella diputada, que a las puertas del Congreso comentó: “qué pronto se terminó esto”.

OBSTÁCULOS CITADINOS

La Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes levantó la voz para demandar la atención de las autoridades, ante las dificultades que enfrentan en materia de transporte y la serie de impedimentos que encuentran en su camino, trátese de banquetas y guarniciones que están en mal estado, lo mismo que el pavimento de las calles que tiene baches por todos lados y las malas condiciones de algunas de esas carpetas, es el caso de la avenida López Mateos y José María Chávez, que al cruzar del norte hacia el sur por el lado izquierdo está llena de salientes. El presidente de esa agrupación, Elías Cortés Muñoz, subrayó que uno de los mayores problemas que enfrentan es la falta de autobuses adaptados, como los que tenía la Línea Express, que al ser suspendidos los dejaron sin ese vital servicio, lo que ironizó al considerar que “ahora no nomás nos cerraron los ojos, también nos ataron los pies y manos para podernos desenvolver”, con lo que también les privaron de tener la atención de los choferes “que eran más atentos y pacientes” con ellos, además las unidades contaban con rampas que quedan al nivel de la banqueta, “estas facilidades quedaron en el recuerdo”, reiteró, por lo que la agrupación se siente engañada por la Coordinación de Movilidad de que habría mejores medios de transporte. En cuando a los taxis ya no tienen la facilidad que tenían de darles el servicio a cambio de boletos que entregaba el DIF Estatal y Municipal, tampoco cuentan con el elevador en el Palacio de Justicia ni en los juzgados de Jesús María, porque no funcionan, por lo que quienes van a hacer un trámite en silla de ruedas tienen que ir acompañados para que les suban y luego bajen la silla. Ojalá que las áreas gubernamentales respectivas sean lo suficientemente conscientes y atiendan a la mayor brevedad los problemas que tienen los ciegos progresistas.

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