Víctor Hugo Granados Zapata

Todas y todos hemos escuchado sobre la labor que realizan las y los jueces en todo el país. Su función es vital para sostener el estado de derecho, impulsar la progresividad de los derechos a través de sus sentencias y su tarea más importante, impartir justicia. Esto último lo podemos visualizar con mayor frecuencia en los litigios en materia civil, penal, laboral, mercantil, administrativo, etc.; sin embargo, la figura del derecho de amparo nos brinda una perspectiva diferente ya que trasciende hacia la defensa de los derechos fundamentales violentados por un acto de autoridad. Es decir, independientemente de la naturaleza de la Litis, el amparo es una herramienta crucial para la defensa de los derechos humanos, incluyendo por supuesto el derecho a la educación, pero ¿cómo se puede defender el derecho a la educación a través de los tribunales?

Como mencioné hace unos momentos, el amparo es un mecanismo de control constitucional que ha permitido a familias y asociaciones civiles llegar a los tribunales para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. Ejemplo de lo anterior, en materia educativa, es el amparo directo 35/2014 resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual (basándonos en el Cuaderno de Jurisprudencias de la SCJN sobre educación) exponía el caso de un menor de edad que sufrió discriminación por parte de las autoridades educativas en su escuela porque padecía trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Este caso inició en un juzgado civil, donde la madre del menor reclamaba el pago de daños ocasionados por parte de la profesora y el centro educativo ya que el alumno comenzó a generar depresión y ansiedad debido al constante acoso que recibía (bullying), y las autoridades educativas fueron omisas ante dicha problemática. Sin embargo, en primera instancia el juez absolvió a los demandados, puesto que se le exigía a la madre que comprobara que el origen de la ansiedad del menor fuera a consecuencia del acoso escolar producido en dicha institución educativa; por ello, la madre interpuso un amparo ante un tribunal federal puesto que este fallo violentaba el derecho a la educación y a la no discriminación del menor (artículos 1°, 3°, 4° y 5° de la CPEUM), dicho tribunal le solicitó a la SCJN que tomara el caso y lo resolviera (cumpliendo los requisitos de interés y trascendencia). La Corte resolvió a favor del menor de edad, condenando al centro educativo a la reparación del daño ocasionado por su omisión al no cumplir con su obligación de propiciar un entorno seguro para las y los estudiantes, así como también ordenó a dichas autoridades establecer ajustes razonables para garantizar un entorno seguro para todas y todos los estudiantes. En esta sentencia, se visibilizó a las personas que tienen TDAH como un grupo vulnerable y que pueden estar sujetas a actos de discriminación, y que estos pueden afectar su derecho a la educación al producirse dentro de una escuela o entorno educativo.

Por otra parte, las asociaciones civiles “Mexicanos Primero” y “Aprender Primero” han logrado visibilizar y combatir, a través del litigio estratégico, el malgasto de recursos públicos en el sector educativo (expediente AR 323/2014) y le brindaron seguimiento al caso de “Citlali” (AR 272/2019) el cual fijó un precedente histórico en materia de inclusión a personas que cuentan con alguna discapacidad y son pertenecientes a una comunidad indígena. Ambos casos platean dos hipótesis diferentes, pero van encaminadas a un mismo fin: promover la garantía del derecho a la educación y fomentar entornos más inclusivos con base en los derechos humanos. También resulta valioso señalar que la asociación Aprender Primero AC impulsó un amparo ante un juez de Distrito de la CDMX en el cual se demandaba el cumplimiento de la continuación del programa de Escuelas de Tiempo Completo a través del programa “La escuela es nuestra”, dicho tribunal emitió un fallo que exige que las autoridades educativas aseguren el presupuesto suficiente para continuar con el programa de ETC. David Calderón, director general de Mexicanos Primero AC explica en su columna “Acabar con la Omisión” publicada en el periódico El Financiero, que el mandato del juez versa en exigir el reintegro de los montos asignados para el resguardo de dicho programa y una auditoría para garantizar el cumplimiento de dicho programa (el cual se trasladó al de “La escuela es nuestra”).

De esta manera, las y los jueces pueden contribuir a la mejora del sector educativo e impulsar nuevas vías de acción institucional. A pesar de que estas resoluciones tienden a ser casi invisibles para la opinión pública, su relevancia es enorme porque fijan nuevos estándares constitucionales que deben seguir todas las escuelas y autoridades educativas para garantizar un entorno educativo digno. En estos tiempos, donde las autoridades educativas a nivel federal hacen muy poco por asegurar el derecho a la educación y suelen preocuparse más por las siguientes elecciones, debemos prestar mucha atención a los nuevos lineamientos en materia educativa que surgen desde los tribunales. Todavía tenemos esperanzas para enderezar al sistema educativo y la alternativa puede venir desde la SCJN y el Poder Judicial (tanto Federal como Estatal).