A pesar de que, desde hace año y medio se elaboró el dictamen que aglutina seis iniciativas en torno a la eliminación y conservación del fuero para determinados servidores públicos, todo parece indicar que el tema que se ha convertido en tabú, se heredará a la 65 Legislatura; el expediente sigue bajo llave.

La postura de la mayoría de los diputados es evadir el dictamen, aunque la propuesta es asegurar la impunidad que les da la curul, en tanto los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que encabeza el diputado Gustavo Báez Leos, no han resuelto subir el dictamen al Pleno.

Seguirá pendiente la reforma constitucional para eliminar el fuero en diversas modalidades; el argumento es que no se tiene el consenso de las bancadas parlamentarias.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que sigue en el limbo, se reforma el segundo párrafo del Artículo 75 de la Constitución local para que sólo los diputados y magistrados del STJE, gocen de fuero.

Ante alguna denuncia en su contra, para proceder penalmente en contra de ellos, en el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, se declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si hay lugar a formación de causa.

En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces el lapso de prescripción.

En caso afirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

En consecuencia, se pretende quitar el fuero al gobernador (él mismo así lo propuso), a los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, al secretario general de Gobierno, al fiscal general del Estado, a los presidente municipales, regidores y síndicos; al consejero presidente y los consejeros electorales del IEE.

Asimismo, al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; al presidente y los Comisionados Ciudadanos del ITEA.

La LXIII Legislatura heredó el asunto a la LXIV, y ésta pretende hacer lo mismo con la LXV.