Aún cuando ya se dictaminó sobre las últimas seis propuestas de reforma constitucional para eliminar el fuero en forma parcial o total, las bancadas del Congreso continúan en discusión sobre el tema, porque hay servidores públicos que no quieren perder esa prerrogativa.

De acuerdo al dictamen aprobado desde el pasado 3 de diciembre del 2019, por miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, que sigue en la congeladora, se reforma el segundo párrafo del artículo 75 de la Constitución local para que sólo los diputados y magistrados del STJE gocen de fuero, en el entendido de que para proceder penalmente en contra de ellos, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si hay lugar a formación de causa. En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción.

En caso afirmativo, el acusado quedará automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

De esta manera, quedarían sin esa coraza el gobernador, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el secretario general de Gobierno, el fiscal general del Estado, el presidente municipal, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como el presidente y los consejeros electorales del IEE; el presidente de la Comisión Derechos Humanos, el presidente y los comisionados del Instituto de Transparencia.

En ese mismo mes se iba a subir al Pleno Legislativo, pero no hubo quórum en esa sesión.

Hay diputados que aseguran que la Legislatura en turno le dejará como herencia a la LXV el tema del fuero, que a su vez se los dejó la LXIII Legislatura.