RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

De manera sorpresiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes pasado que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea de la SEDENA, del ejército. Lo anterior será una violación de los derechos constitucionales de todos los mexicanos, de la división de poderes y de las competencias que el presidente tiene establecidas en la Constitución.

Aquí el problema será que la conversión de la Guardia Nacional como cuerpo castrense lo pretende realizar el presidente, lo realizará sin tomar en cuenta si el Poder Legislativo aprobaría o no esa reforma.

El presidente López Obrador, desde el inicio de su sexenio, se ha manejado como un ente único, omnipotente. Se le olvidó que el Supremo Poder del país se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, López Obrador ha sobajado a los poderes Legislativo y Judicial hasta la ignominia y los trata como si fueran sus subordinados y desafortunadamente los integrantes de esos poderes han cedido a todos sus caprichos y voluntad, empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien casi se ha puesto de rodillas ante el presidente. Y en lo referente al Poder Legislativo, ahí la bancada de Morena tiene mayoría parlamentaria y esa bancada junto con los partidos afines a ellos ha sido solo una oficina de trámite para aprobar todo lo que se le ocurre al presidente. Todo se lo han aprobado a excepción de la Reforma Energética, que no logró su aprobación debido a que debería haber alcanzado la mayoría calificada, la votación final fue de 275 votos a favor y 223 en contra.

Morena necesitaba, para sacar adelante la reforma, una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que se requerían al menos 332 votos favorables, lo que al final de cuentas no lograron.

Pero López Obrador, que no gobernará como debe ser al país, pero que, si se la pasa hasta dormido elucubrando como sostener en el poder transexenal a Morena, trae entre ceja y ceja desaparecer al INE. A Lorenzo Córdova lo odia, pero en serio. Y por ello ahora va por la reforma electoral. Es por ello que los partidos que están integrados a la alianza “Va por México” realizaron hace algunos días un foro para discutir dicha reforma electoral que pretende hacer el presidente López Obrador. Y fue interesante que en esta reunión antes de discutir los “cómos” trataron de definir el “para qué”. Primero habría que definir cuál es la visión del país de aquí a 30 años. Ese es el problema a definir, pues no hay consenso y no hay una decisión compartida de a dónde se quiere llevar la democracia en México de aquí a treinta años.

Actualmente, uno de los temas importantes a tratar es si los consejeros del INE se eligen por voto popular o si se le cambia el nombre al INE o si se les quita dinero a los partidos políticos. Pero creo que antes de discutir eso, los representantes de los partidos deberían discutir cuál es la visión democrática de país, pero desafortunadamente en eso no ha habido coincidencia. Y ese es precisamente el primer problema de la discusión de la reforma electoral. El segundo problema es que no se tiene un diagnóstico de lo que funciona y de lo que no funciona. No hay un balance consensuado sobre qué cosas hay que mantener y cuáles hay que cambiar. Sin ese diagnostico lo que va a ocurrir es que a cada quién se le ocurrirán cosas y cada quién las propondrá y eso será un gran problema. De tal forma que mientras no existe un consenso general de a dónde se quiere llevar esta reforma va a ser muy difícil que se unifiquen los criterios de los diferentes partidos, principalmente de Morena con los partidos de oposición.

En los últimos 40 años en México, se construyó un modelo de democracia representativa. Muchos le llaman un modelo de democracia “Liberal”. La democracia liberal tiene un propósito muy importante que es controlar el abuso del poder. Ese es el principio filosófico y político de la democracia: controlar a los que detentan el poder para que no abusen de él. Y ese principio guió el desarrollo democrático del país desde los años setenta, pero ahora que llegó López obrador a la presidencia está cambiando su visión de la democracia. Para López Obrador su visión de la democracia no debe ser controlar a los poderosos. Él claramente no se quiere someter a ese escrutinio, sino que quiere usar a la democracia para transformar al país en beneficio del pueblo. Es una visión populista o autocrática de la democracia y estamos en un momento en donde se traía una ruta de desarrollo de casi cuarenta años de cómo desmantelar al presidencialismo, cómo acotarlo, cómo restringirlo; esa fue la discusión desde los años setenta y ahora López Obrador viene y quiere empoderar a la presidencia, quiere personalizar el poder político, quiere quitar el poder de los órganos reguladores y eso es lo que contribuye a la falta de consenso para la reforma electoral.

En pocas palabras, lo que está proponiendo la reforma detrás de la que se encuentra el presidente es algo regresivo con el afán de buscar el beneficio de Morena. Y algo que se dijo en ese foro sobre la reforma electoral fue que favorecería eventualmente el financiamiento de grupos criminales. Por lo anterior, considero que hay dos temas que no pueden esperar más: uno es el problema de la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, que, si no se resuelve y se atiende en el muy corto plazo, nos va a llevar a lo que se conoce como la colombianización de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el crimen organizado manda, pone, quita y decide. Y esto, que ha empezado a ocurrir en algunas regiones del país, puede extenderse muy rápidamente a todo el territorio nacional y eso requiere una reflexión y medidas concretas. Pero lo que llama la atención es que el gobierno no lo trae en la agenda, la oposición lo dice poco por miedo. Nadie denuncia esto porque el crimen organizado mata a quien denuncia. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es el tema del financiamiento ilegal de las campañas. El dinero bajo la mesa. El dinero que dan los contratistas, empresarios y coyotes que quieren hacer negocio con el gobierno. Y este tema se ha empeorado en los últimos años, porque este gobierno se ha dedicado a dar muchos contratos de forma directa. Muchas obras públicas sin licitar y eso está empeorando el problema.

Por ello, antes que pensar si los consejeros electorales se eligen por voto popular o si se les quita dinero a los partidos, el tema de sobrevivencia más inmediato y más importante en México será cómo contener la penetración del crimen organizado en los procesos electorales.