Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Imaginaria: En charrería el charro al que toca el siguiente turno.

La semana pasada el C. Gral. Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional en la presencia del Presidente de la República rindió un curioso informe respecto de la captura del señor José Antonio Yépez, conocido como “El marro”, seguida de una muy preocupante advertencia a las autoridades de las Fiscalías y de  los Poderes Judiciales, a las que conminó a actuar con apego a la legalidad y destacó el esfuerzo y riesgo al que se enfrentan las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia y capturar a sus cabecillas, para encontrarse  luego con la desagradable circunstancia de que sean liberados. Si el comentario viniera del Presidente de la República sería impertinente porque se estaría refiriendo a órganos constitucionales autónomos como son las Fiscalías Generales de Justicia y, más grave aún, a otro Poder del Gobierno, el Judicial, al que, dicho sea de paso, no ha mostrado tenerle respeto.

El comentario proviene de un órgano del ejecutivo que monopoliza, como debe ser, la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, que por circunstancias extraordinarias coordina el combate a la delincuencia organizada, vigila las fronteras para cumplir compromisos presidenciales, realiza obras públicas en el lindero de la legalidad y próximamente se hará cargo del resguardo y mas de los puertos marítimos. Un comentario de esa naturaleza proviniendo de quien proviene tendría que ser una fuerte llamada de atención y motivo de preocupación para los “paisanos”.

Hace ya muchos años el director del periódico en el que por entonces colaboraba. Sr. Agustín Morales Padilla me hizo un comentario que podría ser advertencia, admonición o consejo. Me dijo, palabras más, palabras menos: hay cuatro temas con los que hay que tener cuidado: el Presidente de la República, la Iglesia Católica, el narco y el Ejército, y de los cuatro el mas peligroso es el Ejército. Han transcurrido los años y al menos hasta el sexenio pasado cada vez era menos peligroso criticar al presidente y a la iglesia. Este sexenio el regreso hacia un fuerte presidencialismo hace que las críticas sean objeto de un malentendido derecho de réplica, porque el presidente abusa de los foros y los espacios que tiene a su disposición formalmente y de los que informalmente también puede disponer. El derecho de réplica permite que quien se sienta afectado por una información pueda, en el mismo espacio y lugar en que se publicó la nota hacer la aclaración, en tanto que las respuestas presidenciales ocupan todo el tiempo y todo el espacio que él decida.

El narco se transformó en el léxico político, periodístico y popular, en delincuencia organizada. Se ha escrito tanto de ella, se ha dicho tanto que, salvo algún desquiciado que, desde luego nunca falta, tanto en la delincuencia como en la política, en la academia o en el clero, la mayoría de los delincuentes preferirían el anonimato y las muertes de periodistas suelen ser más venganzas por no cumplir pactos que respuesta a la divulgación de informaciones.

El Ejército sí, cada vez juega un papel más activo en todos los ámbitos de la vida pública. Hasta el presidente Fox hubo reticencia a dedicarlo a las tareas policíacas que si bien son de seguridad pública no se consideraban de seguridad nacional. A finales del sexenio del presidente Vicente Fox cuando el desorden cundió en la ciudad de Oaxaca y los grupos de la CNTE ocupaban violentamente muchas áreas de la ciudad, y ante el desorden generalizado medraban grupos de delincuentes, finalmente se tomó la decisión de apoyarse en el ejército para intentar pacificar la ciudad, sólo que, con pudor y  recelo, se optó porque personal del ejército y de la marina disfrazados de policía federal ocuparan la ciudad y establecieran una especie de toque de queda. En la reunión del gabinete de seguridad, sin presencia de militares, la principal objeción, según me platicó alguien que estuvo presente, fue que al sacar el Ejército de los cuarteles costaría mucho volver a regresarlo.

El presidente Calderón tomó una de las mas cuestionables determinaciones de su gobierno, abiertamente utilizó al ejército y a la marina para el combate a la delincuencia organizada, con una clara violación de sus responsabilidades constitucionales y provocando, en la opinión de muchos especialistas, que creciera la calidad y cantidad del armamento de los delincuente y su capacidad de fuego, sin limitaciones de orden burocrático ni presupuestario. La marina, particularmente, alejada del mar, se convirtió en el brazo ejecutor del ejecutivo siendo en el panorama mundial uno de los cuerpos militares o para militares más letales. El presidente Peña Nieto, continuó mas o menos con la misma política y con más o menos similares resultados.

Si nos hemos de guiar por la presencia y acción de los grupos de delincuencia organizada, por el incremento de la presencia de las adicciones, por la edad en que se inician los adolescentes en el consumo, por la expectativa casi vocacional de la juventud por el sicariato, por la forma en que ha venido escalando el número de víctimas de los enfrentamientos ya sea entre sí, o con las policías o con el ejército y marina, la conclusión es clara: la estrategia no ha funcionado. Más de una decena de años en las calles y los resultados han sido negativos.

La admonición militar parece hacer referencia a un lugar común proveniente de la ignorancia cuando no de la mala fe, en el sentido de que las normas en general y en particular el marco de los Derechos Humanos, están del lado de los delincuentes y hostigan y castigan a las víctimas más que a los culpables.

En el gobierno del presidente General Manuel Ávila Camacho se tomó la decisión de limitar la participación activa de la milicia en política y destinarlos a las labores propias de su función. Decisión valiente, decisión inteligente.

Las reglas legales son para cumplirse, garantizan los derechos mínimos y la legalidad de los procesos. El que no quiera jugar con las reglas se coloca fuera de juego. Los combatientes de la delincuencia tienen la responsabilidad de combatirla, pero combatirla dentro del marco de la legalidad y el respeto a las instituciones y sus funciones, militares o civiles.

 

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