Víctor Hugo Granados Zapata
Cuando hablamos sobre el sector educativo, desde un enfoque político, existe un universo multivariado de circunstancias que tomar en cuenta. Por ejemplo, un eje que está altamente politizado es el magisterio, que desde su consolidación post revolucionaria hasta su último gran levantamiento con la reforma educativa de 2013, siempre tienden a ser los protagonistas de los grandes cambios en el sector educativo (y, desde la opinión pública, los más criticados, tanto para bien o para mal). Lo anterior no debería de sorprendernos, las y los docentes son la columna vertebral del sector educativo, de ahí que su relevancia social sea enorme y, desde mi punto de vista, uno de los grandes movilizadores electorales (el SNTE cuenta con más de dos millones de afiliados en toda la República). Sin embargo, esto también orilla a las y los tomadores de decisiones a olvidar el resto de los enfoques cruciales del sector educativo y que, debido a su baja rentabilidad electoral, son colocados en los últimos espacios de la agenda pública (calidad educativa, innovación, combate a la brecha, etc).
Al llegar la 4T al poder a finales de 2018, hubo un cambio significativo en la política educativa del país. La promesa crucial de López Obrador era acabar con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto (específicamente la Ley General del Servicio Profesional Docente) y “revalorizar” al magisterio, lo cual “cumplió” con la reforma al Artículo 3° en el año 2019, eliminando también conceptos como “calidad educativa” e incluso desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (uno de los errores más grandes de esta administración). A partir de ese momento, todo lo que se llegó a implementar en materia educativa ha sido fruto de la improvisación. Eliminar Prospera y Escuelas de Tiempo Completo para financiar los programas de becas para el bienestar, los recortes anuales, la falta de evaluaciones diagnósticas y la pésima estrategia de educación a distancia que se ejecutó en los tiempos de pandemia (Aprende en Casa), etc.; sin embargo, la cúspide de esto fue, indudablemente, la actual lucha por imponer la reforma al Marco Curricular y Planes de Estudio.
Previamente, en este mismo espacio, analizamos por qué la implementación de este programa piloto es inconstitucional (aunado a los señalamientos que se hacen desde el púlpito presidencial para atacar a los jueces federales). Pero, algo que no se suele discutir es el contexto en el que se quiere ejecutar y el enorme impacto que tendrá en las generaciones receptoras de dichos cambios. La Secretaría de Educación Pública no ha elaborado un solo informe sobre los estragos que ha ocasionado la educación a distancia en el sector educativo, los más cercanos siguen siendo las cifras del diagnóstico del INEGI a través del Ecovid-Ed (5.2 millones de estudiantes desertaron en el ciclo 2020-2021), algo que nos debería preocupar, puesto que los esfuerzos de la SEP parecen ir más encaminados a implementar, a como dé lugar, un cambio pedagógico radicalmente opuesto y sin tomar ninguna acción para combatir la desigualdad educativa, comprometiendo el futuro de millones de niñas y niños estudiantes. Esta situación nos sugiere, que las decisiones que toman las autoridades federales están guiadas por corazonadas (o peor aún, por imposición del presidente con su brújula electoral en la mano) ¿Por qué este tipo de circunstancias pasan desapercibidas por la opinión pública?
Volvemos al punto inicial, porque es el magisterio quien tiene el factor de visibilidad pública en el sector educativo. Si los cambios les favorecen y no afecta al gremio, ellos no moverán un solo dedo por cambiar las cosas y esto es sumamente grave. Con independencia de nuestra entidad (que está realizando cambios interesantes en materia educativa), México está sumido en la indiferencia en materia educativa, hasta parece que nuestra comunidad desprecia este sector, ignorando la falta de programas de combate al rezago educativo, evaluaciones, monitoreos y sobre todo los enfoques para mejorar la calidad educativa. Tal y como lo apuntaban hace más de 40 años Fernando Solana, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martínez en la introducción del libro Historia de la Educación Pública en México (1876-1976), el sector educativo demandará en un futuro más innovación, con base en las necesidades de la sociedad y por ello debe tener mayor apertura a la experimentación, la evaluación rigurosa, la búsqueda de mejores y más variadas formas de educación; pareciera que en vez de tener miras hacia un desarrollo educativo más prospero, estamos encaminados a un retroceso inminente con tal de favorecer electoralmente al oficialismo en turno.
En síntesis, considero que la sociedad debe adentrarse más al terreno del sector educativo, independientemente de si el magisterio o no está envuelto en él. Si nuestra comunidad sigue con esta indiferencia, el futuro del sector educativo quedará empeñado para pagar todos los programas no condicionados, sin evaluaciones para saber cómo vamos y con la garantía del derecho a la educación en la cuerda floja.