Fernando López Gutiérrez ferlog14@gmail.com @ferlog14
Después del largo proceso que implicó el diseño y la realización de la licitación de la Red Compartida, el pasado 17 de noviembre se anunció la adjudicación de este importante proyecto al consorcio Altán. Destacando la transparencia con la que se llevaron a cabo las diversas fases de la licitación, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mencionó que el fallo representa “un momento histórico para el Gobierno de la República, la sociedad en su conjunto y la industria mexicana de las telecomunicaciones”.
Aunque la determinación del ganador de la licitación es un suceso relevante —que pone fin a una etapa de incertidumbre y cuestionamientos respecto a la factibilidad del funcionamiento de la Red Compartida— el acontecimiento realmente valioso para el desarrollo de México habrá de ocurrir en el cumplimiento de los compromisos que Altán ha asumido como adjudicatario. Recordemos que no existe en el mundo un proyecto equiparable al de la red mayorista en México —que pudiera servir como referente para comparar los pormenores de los avances en su desarrollo— y que las condiciones impuestas para la realización del proyecto representan un verdadero reto. Además, es fundamental observar que la creación y operación de la Red Compartida se producirá en el complejo entorno que el mercado de las telecomunicaciones presenta en la actualidad, con lo que no es una exageración mencionar que los desafíos para su implementación apenas comienzan.
Gran parte del éxito o fracaso que la Red Compartida tendrá desde una perspectiva de política pública (Altán habrá de preocuparse por sus ganancias y los beneficios de sus inversiones) se definirá en las próximas semanas. Altán debe constituir una Asociación Público-Privada con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y crear un fideicomiso para administrar los recursos del proyecto. El control y la evaluación de los avances en materia de cobertura y despliegue de infraestructura dependerán considerablemente de los términos en que se definan dichos procesos.
La Red Compartida es tal vez el proyecto de colaboración público-privada más complejo e importante que se haya realizado en nuestro país y la experiencia con la que contamos en dicha materia todavía es limitada. Las autoridades deberán enfrentar el compromiso de hacer valer los ambiciosos objetivos sociales del proyecto, sin limitar de forma considerable las ganancias para el consorcio que invertirá en llevarlo a cabo, en un escenario en el que, como lo han expresado, tendrán que respetar la neutralidad de la competencia en un mercado con notables retos para nuevos entrantes.
