Rubén Andrés Moreno de la Rosa

 La preocupación por el cuidado del medio ambiente y la relación que debe tener éste con el desarrollo económico, social y cultural de la humanidad no es un tema nuevo, ya desde 1962, diversos estudiosos y organizaciones nacionales e internacionales han analizado el impacto del ser humano en el medio ambiente, lo que sí es nuevo es el planteamiento de la relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente.

En diferentes tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, se reconoce que los seres humanos tienen una serie de derechos que están vinculados con el medio ambiente, como el derecho a la salud, al agua, a la comida, a servicios básicos de calidad por lo cual el deterioro de los ecosistemas pone en peligro el disfrute de estos derechos.

Sin embargo, esta perspectiva ha ido evolucionando y en la actualidad se tiene una nueva concepción en la que los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sano donde desarrollarse y procurar su bienestar, este reconocimiento del valor intrínseco del medio ambiente ha llegado a formar parte de los textos constitucionales de varios países y en este sentido, América Latina ha sido pionero en su reconocimiento.

El establecimiento de esta nueva relación del ser humano con el medio ambiente podría, en un primer momento, hacernos suponer que los estados latinoamericanos han implementado y adaptado políticas efectivas no sólo para las actividades que llevan a cabo por sí mismos, sino que también las grandes corporaciones reflejen una protección activa de este derecho, no obstante, esto no podría estar más alejado de la realidad.

A la fecha, Latinoamérica está pasando una crisis ambiental como nunca había visto antes, la contaminación del suelo, del aire y del agua y la pérdida de la biodiversidad son factores que han causado la muerte de millones de personas a lo largo de la región Latinoamericana cada año y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud anualmente 100,000 niños mueren como consecuencia de estas alteraciones climáticas.

Ante el insuficiente progreso y compromiso por parte de las autoridades y los productores de contaminación, activistas, individuos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles han llevado ante las Cortes Nacionales e Internacionales diversos casos con el fin de impulsar la aplicación de la leyes de manera efectiva, así como compeler a las autoridades a desarrollar e implantar medidas más efectivas contra el cambio climático.

A pesar de los intentos de la población civil de forzar a las autoridades administrativas para garantizar de manera efectiva este derecho, los esfuerzos han sido insuficientes, pues la mayoría de estos procesos son desechados al no poder acreditar el nexo causal entre la conducta del demandado y el daño sufrido en los derechos del demandante y si bien ha habido algunos casos de éxito como el de “Future Generations” contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, estos han sido muy pocos y su impacto no ha sido el esperado.

Ante esta situación, se ha planteado una nueva perspectiva. Con el objetivo de garantizar una mejor protección de los recursos naturales, se ha buscado separar la protección de los ecosistemas de su vínculo con el ser humano y reconocerles personalidad jurídica propia. En este sentido, las legislaciones de Ecuador y Bolivia han sido pioneras e incluso han creado defensorías especializadas para proteger los intereses de la «Madre Tierra».

El derecho a un medio ambiente sano es un pilar fundamental para garantizar todos los demás derechos reconocidos por los Estados Latinoamericanos, sin embargo, la actividad de las autoridades ha sido insuficiente para garantizar su cumplimiento efectivo no sólo para las generaciones presentes, sino también para las futuras, por lo que se hace necesaria la existencia de nuevos mecanismos y legislaciones para que le permitan a las generaciones futuras disfrutar de los servicios ambientales.