Víctor Hugo Granados Zapata

Durante estos tres años hemos presenciado la regresión educativa en diferentes aspectos. La indiferencia de la Secretaría de Educación Pública por defender el presupuesto para el sector educativo, la destrucción de una política educativa de calidad por una de transacciones no condicionadas y lo más desafortunado, la improvisación en la gestión educativa. Todo este conjunto de desgracias gubernamentales y legislativas ha comprometido la garantía del derecho a la educación de millones de estudiantes en todo el país, sin embargo, quienes han perdido más han sido las niñas y niños más pobres del país con la eliminación del Programa Escuelas Tiempo Completo, del cual se beneficiaban más de 3 millones de estudiantes en las regiones más pobres del país. Ante esta situación sólo queda preguntarnos, ¿estamos realmente garantizando el derecho a la educación?

El Artículo 3° de la Constitución es preciso al señalar dos preceptos esenciales: primero, que “Toda persona tiene derecho a la educación”, lo cual implica que el Estado mexicano debe garantizar la implementación de un sistema de acceso universal, o bien, que éste llegue a serlo de forma progresiva conforme se va ampliando la oferta educativa; y el segundo punto es que “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”, esto quiere decir que el servicio educativo debe contemplar siempre la mejora continua en los programas centrados en estudiantes menores de edad (usualmente, aquellos que cursan educación inicial y básica). Lo anterior será nuestro parámetro para analizar si, con base en las decisiones aplicadas en materia educativa, la actual administración federal está cumpliendo con la garantía del derecho a la educación.

Eliminar PETC afectó principalmente a niñas y niños de comunidades rurales e indígenas, vulnerando así su “permanencia” en las aulas, ya que el objetivo de dicho programa es el de combatir la brecha educativa, junto con sus diferentes efectos en el desarrollo escolar de las y los estudiantes (sobre todo en temas como abandono escolar), por lo tanto, eliminar este programa constituye evidentemente una violación al Artículo 3° Constitucional (e incluso el 4°, toda vez que ahí se detalla el principio del interés superior de la infancia). Por otra parte, tenemos la “nueva escuela mexicana”, un concepto muy ambiguo que marca la pauta del sistema educativo nacional desde la reforma de 2019. Educardo Backhoff Escudero, ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) destacó, en artículo “Currículo improvisado y empobrecimiento educativo. Primera parte” publicado por la revista Nexos, que el cambio curricular en el ámbito escolar siempre ha sido de gran interés para los gobiernos debido al poco presupuesto requerido y el gran impacto ideológico/social que tienen los nuevos contenidos de los libros de texto. Lo anterior es evidente si tomamos en cuenta que desde hace un año se hablaba que la SEP (específicamente la dirección de contenidos educativos) planeaba retirar los términos “neoliberales” y así promover los valores de la actual administración. ¿Cuál es el impacto de estos cambios curriculares en el derecho a la educación? El estar en constante cambio de currícula, materiales educativos, implementación de nuevos planes de estudio, etc., no permite que surtan los efectos esperados a mediano plazo en el aprendizaje de las y los estudiantes, lo cual va contrario a la Agenda 2030 que se ha suscrito México ante la Organización para las Naciones Unidas en su Objetivo 4 “Educación de calidad”.

Este último punto es algo complicado de visualizar a simple vista, pero cobra sentido cuando percibimos el panorama completo y nos percatamos que en las últimas tres administraciones hemos tenido reformas educativas estructurales y no se han logrado (ni siquiera) implementar en un 100%. ¿Cómo podemos garantizar una educación de calidad con reformas que no han logrado nacer? Es aquí donde entra la nueva reforma, que de manera ambigua funciona como otra reforma más, declarándole la guerra a conceptos como “calidad” y “evaluación” que son vitales para construir parámetros objetivos que orienten a las políticas públicas en materia educativa. Por lo tanto, este cambio también obstruye la garantía del derecho a la educación de las y los estudiantes.

En este mismo sentido, durante el primer año de la pandemia (ciclo escolar 2020-2021) fuimos testigos de la peor estrategia en materia educativa que se ha implementado: el programa de “Aprende en Casa”. El resultado de esta desastrosa estrategia fue una cifra de abandono escolar de aproximadamente 5.2 millones de estudiantes (INEGI Ecovid-Ed, 2021) y una disminución en los aprendizajes esperados en estudiantes de educación básica (para más detalles, sugiero revisar el estudio “Equidad y Regreso” de la AC Mexicanos Primero). En pocas palabras, estamos presenciado una crisis educativa, sin embargo, las autoridades educativas no se han pronunciado al respecto y aplauden con estusiasmo los recortes presupuesales, la cancelación de los programas y la implementacón de transferencias que no logran suplir las necesidades educativas de las y los estudiantes.

En conclusión, no cabe duda que las acciones de la 4T en materia educativa han sido perjudiciales a la educación pública. No solamente han fallado en la garantía del derecho a la educación, sino que también han restrigindo el acceso a la misma, promoviendo así la regresión a un derecho fundamental. Lo más desafortunado es que aún nos quedan tres años más y si se continúa con esta política educativa débil e improvisada, quienes lo van a pagar son las y los estudiantes mexicanos, sobre todo los más pobres.

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