Fernando López Gutiérrez
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La reciente publicación del estudio “Contra la Obesidad y la Diabetes: una Estrategia Secuestrada”, por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), abrió un interesante debate respecto a la influencia que la industria de alimentos y bebidas pudo haber tenido en el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual enmarca las acciones que el Gobierno de la República ha llevado a cabo para “desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos.”
Como se señala en su introducción, los objetivos principales del estudio mencionado son “explicar los compromisos establecidos en la Estrategia, las regulaciones que han resultado de estos compromisos, sus debilidades y recomendaciones para mejorarlas” y “enfatizar algunos elementos fundamentales que se quedaron fuera de la Estrategia o bien fueron mencionados en una forma superficial y fragmentada.” Sin embargo, como consecuencia de los resultados observados, los autores asumieron una postura crítica que presume y denuncia que “las regulaciones existentes […] obedecen a los fuertes intereses de la Gran Industria de Alimentos y Bebidas.”
Ante tales señalamientos, Julio Sánchez y Tépoz, comisionado de fomento sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ha respondido indicando que la información generada por la ASA “es sesgada, tendenciosa y desinforma a la población.” En respuesta a los comentarios del funcionario, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, A.C. —organización integrante de la ASA— lanzó un reto a la COFEPRIS para discutir públicamente diversos criterios que la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes ha asumido en áreas específicas como la regulación sanitaria y la política fiscal.
En la observación de estos acontecimientos resulta importante diferenciar dos aspectos que, aunque podrían estar interrelacionados, deberían ser analizados por separado: el primero, la eficacia de la regulación para cumplir sus objetivos; el segundo, los motivos, argumentos o intereses que dieron origen al diseño de la Estrategia y las características de ésta. Del hecho de que la Estrategia sea subóptima no se sigue necesariamente que su condición sea producto de la influencia de la industria.
Los enormes intereses que se ven afectados en un sector económico tan importante obligan a evaluar si las autoridades han programado sus acciones con miras a beneficiar a alguien; sin embargo, la información contenida en el estudio de la ASA no permite llegar a dicha conclusión. La respuesta de la COFEPRIS al reto que la han planteado, será fundamental para identificar si existe algún criterio que evidencie falta de transparencia o la existencia de conflictos de interés. Esperemos que dicha institución responda como el caso lo amerita.

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