La suspensión indefinida de labores en las sedes de Aguascalientes y Ciudad de México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es una respuesta de la comunidad estudiantil ante las actitudes adoptadas por la dirección general y que a su vez son reflejo de los ataques sistemáticos que dirige el presidente de la República al sector pensante del país.
El problema que derivó en la interrupción se dio luego que la dirección general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) designó como director interino al doctor José Antonio Romero y más tarde elevado a la categoría de titular, quien de entrada ordenó el cese del personal que se opuso a su nombramiento, haciéndolo con el respaldo de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
En esta ciudad, los estudiantes del CIDE cerraron las instalaciones el pasado 29 de noviembre y adelantaron que las entregarán hasta que se resuelva satisfactoriamente las demandas que hacen y que básicamente tiene que ver con la destitución definitiva de José Antonio Romero Tellaeche y el regreso de los profesores despedidos por éste.
Afirmaron que las decisiones del director interino “suceden en un contexto bastante amplio políticamente”, por lo que exigen que se analice los recortes del presupuesto al CIDE, el asunto de la eliminación de fideicomisos que son fundamentales para los Centros de investigación y la llegada de una persona externa a la institución, “que entendemos tiene ciertas afiliaciones políticas, y que ha llegado a imponer decisiones de forma violenta”.
Exigen transparencia, que se convoque a un consejo extraordinario, restituir en sus cargos a los profesores cesados, que exista una asamblea estudiantil permanente y principalmente la destitución del director Romero. Aseguraron que el 87% de ellos respalda las decisiones adoptadas y seguirán en la misma tesitura hasta que se resuelva favorablemente el movimiento que llevan a cabo.
Mediante un comunicado, la dirección general del Conacyt exigió la entrega de las instalaciones, tanto de aquí como de Santa Fe en la capital del país. Sostiene que “el diálogo y la reflexión son las vías idóneas para el entendimiento mutuo y la construcción conjunta de un nuevo horizonte de trabajo el cual sin duda, beneficiará a la comunidad y fortalecerá el prestigio y solidez de la institución. Por lo anterior consideramos prioritario y necesario que el grupo que tomó las instalaciones del CIDE en la ciudad de México y Aguascalientes el pasado 29 de noviembre proceda a liberarlas a la brevedad. De esta manera no seguirán afectando a la comunidad del CIDE, ni impidiendo las labores académicas y de investigación, de evaluación de las y los profesores, así como los pagos y otros procesos administrativos”.
En los hechos, la directora María Elena Álvarez-Buylla se ha negado a dialogar con los demandantes, no acudiendo a la invitación que le hicieron para exponerle sus puntos de vista y escuchar los que tenga ella. Simplemente los dejó plantados, aunque eso sí, a través de boletines busca suplir el diálogo, asegurando que se ha demostrado respeto irrestricto a la libertad de expresión y manifestación de quienes están inconformes con las decisiones aplicadas y reiterando, una vez más, que la designación de José Antonio Romero se llevó a cabo “con estricto apego al Estatuto general del Conacyt”.
Está claro que el daño al Conacyt está hecho, por lo que más allá en lo que termine el movimiento, quedarán huellas que tardarán tiempo en borrarse, sin embargo también queda de manifiesto que los estudiantes han tomado un rol decisivo en la defensa de la institución.

CAYÓ BAJO

Como en todo, habrá quien esté de acuerdo con las decisiones del jefe nacional del PAN, Marko Cortés, porque así conviene a sus intereses, pero otros exigen que adopte un papel neutral y ante todo, que los acuerdos que él mismo dicta sean respetados. En el vaivén de acomodos en que está lo único que provoca es que no se tome en serio lo que declara o se compromete, advirtiéndose que vive una etapa de indefinición y al no estar seguro pone en riesgo los propósitos de Acción Nacional, de hacerse de los triunfos en las seis elecciones de gobernador que habrá en junio de 2022.
La visita que hizo el pasado fin de semana a Aguascalientes provocó un micro-sismo político, al modificar las reglas que él mismo estableció para la nominación del abanderado local, asegurando que todavía faltan varias etapas por lo que la convocatoria está abierta a todo aquel o aquella que desee participar. Con esto echó por tierra lo expresado el pasado 16 de noviembre, en la reunión que encabezó en la capital del país con dos de los aspirantes (Juan Antonio Martín del Campo y María Teresa Jiménez), al asegurar que mediante encuestas se conocería el ganador y de las cuales ya se habrían llevado a cabo al menos tres. Dijo entonces que estaba por informar al Instituto Nacional Electoral (INE) que la designación del candidato sería con base en los resultados de una encuesta.
Contrario a lo anterior, de manera sorpresiva Markito Cortés dijo que la gubernatura de Aguascalientes no se decidirá sólo con encuestas, que en todo caso “se harán muchas encuestas, menciones, pero vamos poco a poco, todavía ni siquiera hay una invitación formal, todavía no es el tiempo, en breve el partido emitirá formalmente una invitación para que todos aquellos aspirantes, mujeres, hombres, puedan registrar su intención, que inicie el proceso de precampaña, se harán todas las mediciones”, además “habrá métodos de información que se tomarán en cuenta para decidir (la candidatura)”.
Se ha hablado y escrito que la preferencia de Cortés está en la diputada Jiménez, por lo que algo sucedió que lo hizo cambiar las reglas que él mismo anunció, por lo tanto en Aguascalientes “hemos definido y notificaremos al INE que el método para la definición de la o el candidato será por la vía de la designación y que usaremos como instrumento para definir el método de las encuestas”.
Al afirmar que será por “designación” se entiende que el CEN tendrá la última palabra y de antemano se sabe hacia dónde apuntan sus inclinaciones, por lo que todo es cuestión de esperar que se cumpla lo que ha estado previsto desde hace meses.

QUE SEA EL BUENO

Sí, que el recién inaugurado sistema de justicia laboral sea el que por decenios estuvieron esperando el sector obrero-patronal y que además se imparta de manera rápida y transparente, con lo cual se terminen vicios muy arraigados, como alargar los juicios por años o que parte del beneficio que debería recibir el trabajador termine en manos de un “coyote”. Existe un sinfín de historias sobre este tipo de procesos, que en ocasiones llevaron a la ruina a un negocio al obligar al patrón a pagar una indemnización que salía de sus posibilidades, o que el obrero era “encandilado” por un abogado para que se alargara el litigio tanto tiempo como fuera posible y comprometer al cliente a que compartirían lo obtenido. En el poco tiempo que llevan abiertos los nuevos juzgados se ha tenido poca actividad, pero esto podría cambiar a partir de 2022, con la firma de los contratos colectivos de trabajo y los casos que se presenten entre las partes. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Contreras, consideró que la mesa está puesta para que acudan las partes, sea para la firma de convenios o que presenten alguna denuncia o controversia, para lo cual tanto jueces como el personal bajo su mando están preparados para darle trámite y en poco tiempo se tenga la sentencia. De manera paralela las juntas de Conciliación y Arbitraje, federal y estatal, continúan atendiendo los asuntos que había en trámite y serán con los que termine su función, mientras que los nuevos juzgados se encargarán de recibir los que inicien el procedimiento. Se ha insistido que para presentar, argumentar o defender un caso no se requiere de un abogado, por lo que los interesados pueden presentarse directamente en los juzgados laborales, lo que les significará conocer de manera directa cuáles son sus posibilidades de éxito.

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