Marcos Vizcarra
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El 17 de octubre de 2019 ocurrió el evento criminal más impactante en la historia de Sinaloa: una serie de decisiones que paralizaron Culiacán y provocaron una herida que aún no ha sido sanada.

Ese día tomó por sorpresa a todos los habitantes de esta ciudad el llamado Cártel de Sinaloa, amenazando con sus fusiles, bloqueando calles y causando terror como un acto de negociación con las autoridades federales que habían detenido a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

La relación que había entre la sociedad civil y la organización criminal se resquebrajó, no se rompió, pero se cuarteó fuertemente, han definido especialistas, pues ese día se conoció la violencia que pueden ejercer contra la población.

“Ese día pensamos que se iba a venir la guerra, conocimos todo el armamento que podían tener los grupos criminales”, ha señalado Anajilda Mondaca Cota, Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades para la Universidad Autónoma de Occidente.

Alrededor de todo esto estaba en juego un discurso social construido por los grupos criminales, el de ser protectores de la ciudad.

“Había la creencia de que cuidaban, pero ese día nos preguntamos si en verdad eran buenos, porque nunca lo fueron”, señaló Dante Aguilera, activista miembro del Taller de Gráfica Popular Juan Panadero.

“Esto ha ocurrido porque desde el Gobierno los han dejado”.

El 17 de octubre de 2019 se realizó un operativo por la Guardia Nacional y el Ejército en Culiacán. Se trató de detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Guzmán Loera, y se logró, pero eso provocó una reacción inesperada, dijo Tomás Guevara Martínez, Doctor en Ciencias Sociales para la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Nos tomó por sorpresa a todos los ciudadanos, no esperábamos que fuera a suceder algo así y menos a esas horas”, comentó.

El operativo de las fuerzas federales comenzó alrededor de las 14:00 horas, cuando se comenzó a rodear la casa de Guzmán López en el fraccionamiento Tres Ríos. Cincuenta minutos después, los elementos entraron al domicilio y comenzaron a retumbar el sonido de armas y fusiles como una escena de terror.

Hubo al menos 500 hombres armados, miembros de grupos criminales, alrededor de esa casa para evitar esa detención, pero no lo lograron.

De inmediato esa violencia se trasladó a todo el sector Tres Ríos, las colonias Infonavit Humaya, Vicente Guerrero y Villa Universidad. Ahí habrían muerto hasta 13 personas, entre ellos un militar y tres civiles que iban pasando por el lugar sin saber de la violencia desatada.

Los hombres armados robaron más de 50 vehículos, amenazaron a los culiacanenses con esos fusiles, algunos fueron golpeados y otros más quedaron heridos.

“Veníamos mi novia y yo por la Universitarios cuando vimos que estaban unos hombres armados. Nos dimos la vuelta aquí y sentimos como una bala le pegó al carro. Se apagó y salimos corriendo, fue cuando sentí que me había pegado la bala en la pierna”, contó Eddy, un testigo anónimo.

“Salimos porque enfrente había hombres disparando contra los policías y apenas corrimos cuando me di cuenta que me salía sangre del pecho, pero no podía parar, las balas pegaban en el piso y zumbaban bien fuerte hasta que nos resguardamos en la ley (supermercado) y una muchacha comenzó a revisarme”.

La estrategia de los grupos armados fue la de secuestrar la ciudad, cerrar las entradas y salidas carreteras con bloqueos hechos con tráileres y carros incendiados. Lo mismo con distintas calles y el Aeropuerto de la ciudad.

La violencia escaló hasta hacer que más de 40 presos del penal de Aguaruto se dieran a la fuga tras amotinarse y se amenazara la vida de al menos 200 personas en el complejo habitacional militar 21 de marzo.

“Había hombres que entraron y querían llevarse a los militares”, contó otro testigo.

Todo ese evento terminó con la orden presidencial de liberar al hijo de Guzmán Loera. Los hombres armados se retiraron festejando con balas al aire, dejando las cenizas de los vehículos y destrozos cuantificados en millones de pesos.

“El ataque que manchó de negro el jueves 17 de octubre de 2019 fue un hecho disruptivo. Rompió el nivel de violencia que había experimentado la ciudad, quebró la tranquilidad de sus habitantes, sembró un miedo latente que surge de nuevo cuando los rumores o balaceras interrumpen otra vez lo cotidiano”, señaló Óscar Fidel González Mendívil, Comisionado Estatal de Víctimas.

“Los impactos de la violencia desplegada ese día por la delincuencia organizada aún no han sido reconocidos ni estudiados. Como dijimos hace un año, el hecho nos convirtió a todos en víctimas”.

Tan sólo por daños materiales se estimó un monto de afectación aproximado de 945 mil pesos, con base en los avalúos periciales practicados por personal de la Fiscalía General de Justicia y los deducibles establecidos por las compañías aseguradoras.

La Comisión Estatal de Víctimas indicó que ese monto es apenas una parte superficial.

Lo importante, acotó, es atender a las personas con la perspectiva social, pues todo fue resanado, las paredes, las vitrinas de los restaurantes del sector Tres Ríos, los semáforos y las calles, donde se incendiaron los vehículos, sin embargo, en Culiacán aún quedan las heridas abiertas de los habitantes.