Víctor Hugo Granados Zapata

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció a inicios de esta semana la implementación de un programa de becas para el bienestar dirigidas para todas las y los estudiantes de educación básica, especificando que las becas por mérito (aquellas que premian el alto rendimiento académico de las y los estudiantes) eran un factor de desigualdad social y que debían cambiar este modelo para hacerlo más equitativo. Lo anterior derivó en discusiones que se han dado por días en redes sociales, donde saltaron posturas a favor y en contra de la universalidad de las becas (que cualquier estudiante pueda solicitarla), sin embargo, dicha discusión no tardó en politizarse y generar bandos radicalmente opuestos: estar a favor exclusivamente de las becas universales o estar en contra de ellas (independientemente si se tratan de las becas “Claudia” o las de la SEP). Lo anterior alejó a la opinión pública de un tema que trasciende esta discusión y es ¿a qué costo se da este programa y cuáles programas se han tenido que desplazar para que la SEP pueda costearse la implementación a nivel federal? Por ello, en esta ocasión vamos a tratar de sintetizar ambos puntos de vista y explicar por qué debemos concentrarnos más en el costo a mediano y largo plazo que tienen estos apoyos no condicionados.

El debate se concentró principalmente en si debíamos apoyar a todas las y los estudiantes o si sólo debían darles incentivos a aquellos que tuvieran las mejores notas. Estos supuestos sirvieron como catapulta de prejuicios y estigmas sociales que radicalizaron la discusión. Por un lado tenemos a los amantes de la “meritocracia” que consideran que toda alumna y alumno puede salir adelante si se lo propone, que esforzándose en obtener mejores notas va a lograr cimentar un mejor futuro y que debemos, exclusivamente, apoyarles a ellos; por otro lado tenemos la idea de que los apoyos deben darse de manera generalizada, sin importar las condiciones en específico del alumnado, de esta manera podremos reducir las brechas educativas y así colocar un piso parejo para todas y todos. Ambas posiciones han sido discutidas durante décadas y han sido, a mi punto de vista, superadas desde hace más de treinta años ¿cuál fue la solución a dicho debate? La implementación de programas focalizados y transacciones condicionadas.

Esto último es un punto medio entre ambas posturas, dado que se crean programas que buscan compensar, a través de la entrega de apoyos económicos, aquellas situaciones que impiden que estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico, pero enfocándose específicamente en quienes realmente necesitan de dicho apoyo, es decir, a las y los alumnos en situación de pobreza o desventaja (el ejemplo por excelencia de esto es el extinto programa de Prospera, el cual condicionaba a las familias a que inscribieran a sus hijas e hijos a la escuela para otorgarles un recurso mensual, evitando así que cada estudiante tuviera que trabajar para pagar sus estudios). Por otra parte, las becas por mérito han apoyado a cientos de estudiantes a impulsar su desarrollo académico (las becas Conacyt, por ejemplo), las cuales han funcionado en muchos casos como un factor de movilidad social (así como también, alumnos con una situación de privilegio han logrado llegar a universidades de alto prestigio). Con base en lo anterior, es incongruente creer que alguna de estas becas o apoyos sean “malignos”, por el contrario, debemos apoyar ambas ideas para lograr un entorno realmente equitativo y no decidirnos exclusivamente por una o por otra.

Regresamos a las becas universales, éstas no están sujetas a un condicionamiento fijo, por lo tanto, las puede solicitar cualquier estudiante y la pueden gastar en cualquier cosa. Lo anterior es preocupante debido a que no tenemos la certeza si las van a gastar en insumos educativos que mejoren su rendimiento académico (aunado a la falta de evaluaciones, esto nos deja en un plano de total incertidumbre). Mi posición no es ir en contra de las becas per se sino que el gasto que se requiere en estas últimas es muy alto y se necesitan recursos de otros programas para sufragar dicho gasto. ¿Es una buena apuesta abandonar programas condicionados, con buenos resultados y que están dirigidos estrictamente a las y los estudiantes más pobres del país, por una beca universal?

Si analizamos el presupuesto de egresos de la Federación de 2019 a 2021 (PEF), podemos ver cómo gradualmente se reduce el gasto en Prospera, Escuelas Tiempo Completo, etc. (hasta eliminarlos); para dirigirlo prioritariamente al programa de becas para el bienestar (para educación básica y media), al grado de desaparecer a los programas focalizados y condicionados. ¿Es esto un criterio equitativo? Sin mencionar que instituciones como Conafe, cuya labor es garantizar el derecho a la educación en las comunidades más alejadas y marginadas del país a través de escuelas comunitarias, han sufrido recortes también. Es increíble que se ignoren estos detalles al momento en que se apuesta todo por becas universales que probablemente no mejoren el panorama educativo, comenzando porque éstas no han logrado frenar la deserción escolar (de 2020 a 2021, 5.2 millones de estudiantes abandonaron sus estudios, según cifras el Ecovid-Ed del INEGI).

La 4T ha concentrado toda la política educativa en becas universales y tratando de ampliar la oferta educativa en educación superior a través de las universidades para el bienestar (uno de los programas con mayor opacidad de la actual administración). Hay que decirlo sin tibieza, su estrategia es políticamente rentable y a corto plazo simula apoyar al sector educativo, pero a largo plazo esto significa empeñar la educación pública por votos, a costa de las y los estudiantes que requieren mayores oportunidades. Por ello, no estoy a favor de las becas universales, por ser un gasto ineficiente de recursos públicos y que, además, son a costa de programas que realmente funcionaban para reducir la brecha educativa.

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