Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Resulta complicado creer que un legislador es capaz de omitir el cálculo político en las determinaciones que toma. Los intereses que mantiene, su experiencia profesional y sus atributos naturales como negociador nos conducen a dudar que sus resoluciones sean ajenas a una concepción política del contexto en el que las asume.

No obstante, de manera continua nuestros representantes se empeñan en intentar demostrar que sus posturas ante temas específicos son independientes de cualquier estrategia política y que se sustentan en un análisis técnico del problema que abordan. Parece ser que, ante la mala percepción que tiene la opinión pública respecto a la política, los políticos buscan justificar el sentido de sus decisiones argumentando que éste se ciñe de manera estricta a criterios objetivos, apegados a lo que las mejores prácticas y el estudio científico especializado señalan.

Lo anterior tiene además el efecto de diluir la responsabilidad de quien decide, ya que al ser sus determinaciones producto directo de criterios técnicos –los cuales se presentan como una especie de receta para resolver problemáticas particulares– no podría culpársele plenamente de sus consecuencias. Recurriendo al análisis técnico de los problemas públicos, en ocasiones los legisladores “se curan en salud” ante la posibilidad de que sus decisiones puedan resultar equivocadas.

El proceso de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (LIF 2015), llevada a cabo en días pasados, se circunscribió a las condiciones explicadas previamente. Durante la revisión y discusión de la Ley, los legisladores de los diversos partidos argumentaron que sus visiones y posturas sobre el tema, estaban respaldadas en una visión eminentemente técnica de la realidad. Se expusieron cálculos y estadísticas, referencias a expertos, opiniones y ejemplos en el marco internacional sin que se coincidiera en una visión unificada de las perspectivas de desarrollo económico para nuestro país durante el próximo año.

A pesar de que la mayoría argumentó basarse en evidencia científica concreta, la realidad fue que cada grupo encontró aquella información técnica que mejor conviniera a sus estrategias políticas en torno a las disposiciones contenidas por la Ley de Ingresos. En el marco de las diferencias surgió una coincidencia fundamental (la cual no fue ajena a la negociación política): el ajuste al precio del petróleo de 82 a 79 dólares por barril durante el próximo año, que permite prever y programar una gran parte de los ingresos públicos para nuestro país.

Con la LIF 2015 se ha dado el primer paso para la aprobación de un paquete económico de importancia histórica debido a que es el primero que se genera en el marco de las reformas estructurales aprobadas; corresponde a un periodo de elecciones intermedias fundamentales y se da en un momento coyuntural para México. Antes de buscar justificar sus decisiones, los legisladores deberían asumirlas plenamente; si éstas se sustentan en el cálculo político o técnico deja de ser relevante siempre y cuando logren el objetivo de mejorar las condiciones de la población. En el marco de las previsiones realizadas por el Congreso de la Unión en la LIF 2015, lo importante es conocer qué fue lo que planteó cada partido; a partir de lo anterior, la ciudadanía tendrá elementos para recompensar con su voto a los legisladores que hayan realizado los planteamientos positivos para el desarrollo de nuestro país. En el mismo sentido, podrá castigar a quienes hayan actuado en el sentido opuesto.