Víctor Hugo Granados Zapata

Esta semana corrió por los medios de comunicación nacionales una nota sobre una manifestación que se hizo en el Periférico Norte en dirección a la Ciudad de México, un bloqueo que duró aproximadamente 14 horas convocado por la familia de Hugo, un joven de quince años que fue asesinado en un salón de eventos a manos de una de las personas que trabajan en el lugar. Las exigencias de la familia y amigos del chico están encaminadas a que la Fiscalía inicie a la brevedad las investigaciones correspondientes y que se arreste a Mauricio “M” por la comisión del ilícito, lo anterior debido a que, hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero. Las exigencias de las personas allegadas a este joven estudiante son totalmente válidas, este suceso es injusto y nadie debe morir por salir a divertirse. Sin embargo, este caso nos remarca tres panoramas que debemos tomar en consideración al momento de leer o escuchar este tipo de noticias. ¿exigirles a las fiscalías que tomen acción de manera inmediata es buena idea? ¿Cuáles son los posibles daños colaterales de este medio de presión?

De entrada, quisiera dejar en claro que estoy totalmente de acuerdo con las demandas y las formas en las cuales se están llevando a cabo las exigencias. En México tenemos una pandemia de impunidad, la asociación civil “México Evalúa” ha reportado a través de un reporte de investigación que tan sólo en la CDMX sólo 2 de cada 100 delitos se resuelven (con sentencia condenatoria) y que el índice de impunidad para el año 2020 fue de 98.5%. Lo anterior conduce a la sociedad a tomar medidas drásticas para que sus casos lleguen a los tribunales, o bien, en el peor de los escenarios buscar la justicia por su propia mano (como los casos que se han evidenciado con los linchamientos públicos). Inmersos en este contexto ¿es viable demandar bajo cualquier medio la actuación de las fiscalías? Esta alternativa es un arma de doble filo, ya que si bien las fiscalías pueden indagar de manera más rápida todos los datos de prueba posibles, solicitar ante un juez de control una orden de aprehensión (salvo los casos de prisión preventiva oficiosa por delitos graves, donde se otorga de forma automática) e iniciar el procedimiento penal; sin embargo, se corre el riesgo de que durante la premura de una investigación apresurada se llegue a violar el debido proceso, sobre todo en cuanto a la presunción de inocencia. ¿Cuáles son las consecuencias de estos errores en las investigaciones? La terminación anticipada del proceso o echar a perder la investigación debido a que las pruebas pudieran haberse obtenido de forma ilícita.

Esto deja a las familias y colectivos en un dilema muy complejo, ya que por una parte si no exigen la acción proactiva de las fiscalías, las denuncias pueden llegar a ser archivadas u olvidadas debido a la enorme carga de trabajo que tienen día con día las instituciones de procuración de justicia; y por otro lado, si salen a tomar las calles corren el riesgo de que la investigación tenga vicios que puedan conducir a una persona culpable a la libertad. Esta ironía tiene su raíz debido a dos circunstancias elementales: la primera, las fiscalías necesitan más presupuesto para incrementar el número de Ministerios Públicos por persona, así como fortalecer sus equipos de investigación, servicios periciales, etc.; la segunda, se requieren más estrategias de prevención del delito y menos carga en el ámbito penal para tratar los problemas públicos (es decir, menos populismo penal). No se amplía la cobertura de las instituciones que investigan los delitos y se aumenta su carga de trabajo, así como también se le delega a la materia penal la resolución de problemas públicos.

Es por lo anterior que el caso de Hugo me parece sumamente complicado, porque tanto sus familiares como amigos están sufriendo por su deceso, el culpable sigue huyendo de la justicia y la única alternativa que tienen a través de las manifestaciones puede conducir a la Fiscalía a cometer errores que llevarían el caso a un fin desastroso. Debemos exigirles a las autoridades que tomen cartas en el asunto, fomentar la construcción de instituciones de procuración de justicia más eficaces e impulsar políticas públicas para prevenir los delitos en los diferentes ámbitos sociales.

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