Con datos del INEGI, Durango es el estado con mayor índice de corrupción, y Guanajuato, el que menos; Aguascalientes ocupa el lugar 26 en el país. El porcentaje de personas que no denunció su victimización por corrupción, fue del 92.7, 56.6 y 77.4, respectivamente.
En el país, la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente de 2013 a 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes; entre 2017 y 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; el gasto promedio por persona afectada pasó de 2 mil 273 pesos en 2017 a 3 mil 822 pesos en 2019.
La corrupción afecta el nivel de confianza en el Gobierno; la desconfianza fue mayor entre las personas que habían experimentado algún acto de corrupción respecto a las que no fueron víctimas.
Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y, más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción; sin embargo, se registra aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la población de 18 años y más.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y Estado de México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.
Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público. En 2019 la prevalencia fue de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente.
En una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción.
Los mayores aumentos en los eventos de corrupción se presentaron en los sectores de industria y servicios, en los que el porcentaje de victimización por corrupción pasó de 4.9 y 3.5 en 2013 a 7.2 y 5.9 unidades víctimas por cada 100 unidades económicas del sector comercio en 2017, respectivamente; el sector de comercio fue el que menos aumento tuvo en la frecuencia de actos de corrupción entre 2013 y 2017.
La corrupción tiene altos costos directos sobre las personas y las unidades económicas, así como sobre la confianza entre la ciudadanía y el Gobierno. En 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, de los cuales se estimó que 18% correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.