Oscar Uscanga
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Julio César Galindo Pérez, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, fue ejecutado la tarde de ayer.
De acuerdo con la Fiscalía General de San Luis Potosí, un sujeto disparó en tres ocasiones contra el empresario, cuando se encontraba en una vulcanizadora.
Galindo Pérez fue atacado frente a su hija con una pistola tipo escuadra sobre la Avenida Potosí, Colonia Lomas Primera Sección, aproximadamente a las 14:00 horas, de acuerdo con la indagatoria ministerial.
El Fiscal Federico Garza Herrera explicó que el líder empresarial regresó por un neumático que horas antes había dejado en una vulcanizadora, y fue cuando un sujeto descendió de una camioneta y accionó el arma de fuego en su contra.
“Él se encontraba platicando con una persona en el momento que llegó una camioneta Lobo, color negra, de donde descendió una persona y ésta fue sobre él y le disparó en tres ocasiones, encontramos en el lugar tres cartuchos percutidos 9 milímetros, cabe señalar que la persona que se encontraba junto con él no recibió agresión alguna.
“Cómo él había acudido a dicho lugar con una hija, la cual se quedó en el vehículo que él conducía, ella pidió el auxilio y lo subió al vehículo y lo trasladó a un hospital de la ciudad, sabemos que tenía dos impactos, uno en tórax y otro en abdomen, finalmente falleció en el hospital”, explicó el fiscal.
Galindo Pérez asumió la presidencia de la delegación de Coparmex a finales de 2019 por un periodo de tres años, el cual culminaba este año.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a las autoridades locales y federales un rápido esclarecimiento de los hechos.
“La muerte de Julio César es una muestra dolorosa de la violencia que aún impera las comunidades. La paz y seguridad en nuestro País son el mayor de nuestros retos y debemos afrontarlo de forma integral y urgente”, manifestó el CCE.
La Coparmex exigió justicia y castigo a los responsables, y convocó a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno y a las instituciones de impartición de justicia a implementar estrategias para contener la violencia y los delitos.
“Que se llevan a cabo las investigaciones necesarias que concluyan con la detención de él o los responsables”, exigió el órgano patronal.