Salvador Rodríguez López

El funcionario público debe ser entregado, esforzado, dinámico y siempre dejar fuera sus intereses para atender y resolver los de la sociedad, al menos es lo que se esperaría de quienes están al frente de una oficina gubernamental, lo que incumple el repetidor secretario del Ayuntamiento, Gerardo Beltrán Martínez, al dedicar más tiempo a figurar aún en aquellos asuntos que son de incumbencia de otros niveles.

Desde hace cinco años, en que empezó a cobrar como responsable de esa secretaría, ha buscado los reflectores sin importar que los programas deban ser tratados por quienes les compete directamente, es el caso de las campañas electorales de las que informa todo lo relacionado con las mismas, asumiéndose como vocero oficioso de las autoridades respectivas. Como ya es costumbre, el pasado 2 de enero anunció que ese día comenzaban las actividades partidistas y para barnizar su entremetimiento señaló que el Gobierno de la ciudad “aplicará un blindaje electoral, donde los servidores públicos no podrán realizar o asistir a actos proselitistas dentro de los horarios laborales”, situación que es de sobra conocida por los que trabajan en los tres niveles de la administración pública, al igual que no se puede promocionar la obra gubernamental ni los programas de carácter social.

Reiteró lo que es ampliamente conocido, que hay dependencias que sí podrán funcionar como son las destinadas a la salud, educación, organismos de auxilio y emergencia, seguridad pública, etc., y que cada oficina tiene la obligación de entregar al Instituto Estatal Electoral (IEE) las reglas de operación de sus programas sociales que permita determinar si se apegan a lo que dispone la ley.

Además, se refirió a lo que también es público desde que se creó la legislación electoral, como es el derecho irrenunciable de los servidores públicos de pertenecer a un partido político, pero su participación tiene que hacerla fuera del horario laboral. Lo que no dijo es en qué momento los titulares de las dependencia terminan su horario de trabajo, porque técnicamente están en servicio las 24 horas, por consiguiente no deben acudir a ningún acto partidista.

Por otra parte, sin haber una razón válida exigió al Patronato de la Feria Nacional de San Marcos que a la mayor brevedad presente la solicitud del espacio que abarcará la verbena durante 2022, pese a que se está en tiempo y forma para hacerlo y en todo caso el papel del Ayuntamiento es esperar que lo haga en el plazo fijado y si no fuera así podrá tomar las acciones que considere necesarias.

En los últimos años ha sido característico el estira y afloja de ambas partes sobre el lugar que se asienta la mayor verbena del país y aunque se llega a los acuerdos correspondientes deja la sensación de que hay un grado de tensión, cuando la verdad es que difícilmente un funcionario municipal va a frenar los trabajos o en el peor de los casos a suspenderla, no obstante el lugar que ocupa le hace suponer que puede hacerlo.

Frente a esa intervención, el recién nombrado presidente del Patronato de la Feria, José Ángel González Serna, más conocido como “Paquín”, está al tanto del entramado jurídico que le da sustento a la fiesta de primavera, ya que estuvo en el mismo cargo al principio del gobierno que encabeza Martín Orozco, por lo que no hace falta que lo anden presionando para que atienda una obligación primaria.

CONGRESO OMISO

Si se trata de opinar sobre cualquier tema ahí sí están prestos diputados y diputadas locales, quienes de la noche a la mañana se convierten en expertos de todo lo imaginable, pero tratándose de que cumplan con sus obligaciones presentan un sinfín de pretextos o de plano mandan con cajas destempladas a quienes les exigen que ya se pongan a trabajar.

El diputado Maximiliano Ramírez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, admite que las reformas al Código Urbano siguen en el cajón de espera, pese a ser indispensable su adecuación para que ofrezca certidumbre a los constructores y a quienes se mueven en este sector. El crecimiento urbano y los cambios que se registran en la demanda de vivienda obligan a la readecuación del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda (Coteduvi), que desde hace cinco años no se ha actualizado, no obstante el crecimiento que registra la entidad, particularmente la zona metropolitana (Aguascalientes-San Francisco de los Romo-Jesús María), que obliga a evitar duplicidad de funciones o que se pretendan hacer cobros de trámites por oficinas que no corresponde.

El legislador señaló que recibió de la anterior legislatura un dictamen, que en teoría estaba listo para dictaminarse, pero los actuales diputados, como expertos en la materia, encontraron que hay varias inconsistencias que deben ser resueltas, por lo que, para la elaboración de otro escrito han empezado prácticamente de cero, con consultas a conocedores del asunto, de la Seguot, de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda y del Consejo Consultivo de la Construcción, para ello “estamos trabajando para aprobarlo en el segundo período extraordinario del mes de marzo”, sostuvo Ramírez Hernández.

Esto es, les habrá llevado seis meses en hacer lo que técnicamente debería de cumplirse en cuestión de unas semanas, claro, no tienen prisa, por lo que si llegado el momento consideran que hace falta darle otra revisada tendrá que seguir guardado en alguna gaveta, porque hasta ahora han encontrado que hay un registro de duplicidad de funciones y trámites entre municipios y Gobierno del Estado, por lo que es necesario eliminar el dictamen estatal de congruencia urbanística, que es un problema de suyo grave para los desarrollados de vivienda toda vez que su trámite se tarda de cuatro a ocho meses, lo que es una barbaridad al estrangular la inversión, aún cuando el pago actual sea de ocho mil pesos, pero el problema está en lo lento de la autorización.

Como no queriendo la cosa se pretende aumentar el marco burocrático con la creación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, con el argumento que hace falta una oficina donde se diriman los conflictos que se presenten entre compradores de vivienda, vendedores, constructores y los convenios que se firman con los cotos, entre las cuestiones más visibles que surgen en este tipo de contratos.

Lo que más demanda el sector es acabar con el tortuguismo legislativo y se entienda que los asuntos que se tratan en el parlamento son de vital importancia para los aguascalentenses, por lo que deben activarse para que se amplíen las oportunidades de inversión y trabajo y mejoren los espacios en los que cada quien se mueve.

VEOLIA Y SUS FÁBULAS

Mientras se llega a una definición sobre la concesión del agua potable y la red de alcantarillado, Veolia continúa perjudicando enormemente a los usuarios, al limitar o de plano suspender el servicio con el pretexto de que hace trabajos de mantenimiento a los pozos. La más reciente trastada la sufren los habitantes de la Unidad Habitacional IV Centenario Infonavit, que por años habían recibido el líquido durante el día y de unas semanas a la fecha empezó a restringirse el horario de 10 a 18 horas, después fueron seis horas y desde el martes pasado la suspensión fue total. Lo grave de todo es que no hay a dónde recurrir puesto que CCAPAMA actúa como socio y abogado de la filial francesa, cuando en teoría es la oficina encargada de vigilar por el buen funcionamiento del servicio. Es un conflicto que se resiente en varias colonias de la ciudad y que por mandato debe solucionar a la mayor brevedad el Ayuntamiento, teniéndose en cuenta que el Artículo 115 Constitucional le obliga a proporcionar la atención correspondiente. Aunque la demanda se hace a Veolia, la realidad es que es el Gobierno de la ciudad quien debe responder, además de exigir que dejen de cobrarse los días que no se ha suministrado el agua, porque al hacerlo es prácticamente una ratería y de la cual es cómplice la misma autoridad municipal.

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