Víctor Hugo Granados Zapata

Uno de los temas más polémicos dentro del sector educativo ha sido la eliminación del programa de “Escuelas Tiempo Completo” (horario extendido y apoyo alimentario) y su cambio operativo dentro del programa “La Escuela es Nuestra” (de mejora a la infraestructura de las escuelas), afectando a más de 3.2 millones de niñas y niños beneficiarios, así como a sus familias ya que para gran parte de ellas este programa constituía su única comida del día, o bien, gracias al horario extendido las madres trabajadoras podían dejar a sus hija e hijos en la escuela por más tiempo. La cantidad de beneficios a largo plazo de este programa son extensos y los hemos abordado anteriormente en este espacio (y con mucho detalle), sin embargo, después de la modificación de las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal del 2022, prácticamente eliminan su aplicación y lo sustituyen por una especie de nueva transacción directa a las familias, sin un sólo tipo de condicionamiento o requerimiento para poderse evaluar. En pocas palabras, desarticularon uno de los pocos programas que, pasando de sexenio en sexenio, han servido para reducir la brecha educativa en México y lo transformaron a una especie de refuerzo al programa de becas de la actual administración.
Legalmente, dicho movimiento contraviene lo referido por el artículo 4° de la constitución, donde se establece principio del interés superior de la infancia, toda vez que su cambio afecta directamente los derechos de millones de niñas y niños mexicanos, cuestión que fue ignorada por nuestras autoridades educativas a nivel federal hasta que el pasado doce de septiembre la Jueza Tercera de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó, a través de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero A.C. (brazo legal de la asociación Mexicanos Primero A.C.) que las autoridades responsables (la SEP, SHCP, entre otras más) deben aplicar un programa conforme a los lineamientos que tenía el ETC, es decir, proveer de un sistema alimentario y horario extendido, ya que el sustituirlo por un sistema de transferencias monetarias directas afecta el derecho a la educación y a la alimentación de las y los alumnos beneficiarios. Hay que precisar que dicha resolución no invalida al programa de LEEN, sino que obliga a las autoridades a replantear la aplicación presupuestal y asegure los mismos beneficios originales que brindaba ETC. Atendiendo a lo anterior ¿qué es lo que van a hacer desde el gobierno federal?
Si le llegaran a preguntar al presidente en una de sus conferencias mañaneras, seguramente descalificaría al Poder Judicial Federal y a la jueza, señalándoles de neoliberales, conservadores y un largo etcétera, ya que el objetivo del presidente era disponer del presupuesto de dicho programa para sus mega proyectos sin sentido; por otra parte, si le preguntaran a la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez, posiblemente nos llegaría a ilustrar con un flamante “no puedo contestar esta pregunta”. Por ello, yo considero que hay tres posibles escenarios que pueden llegar a acontecer:
El primero de ellos, es que acaten la indicación de la jueza de distrito y rediseñen el plan presupuestal, creando un programa similar al ETC, cambiándole de nombre y ponerse la medalla como si fuese una idea original de la SEP; segundo, pelear dicha resolución ante un Tribunal Colegiado de Circuito a través de un recurso de revisión, esto con la finalidad de invalidar la decisión de la jueza de distrito y preservar los lineamientos originales; y tercero, desacatar la indicación de la jueza y continuar con la misma política educativa, algo que el gobierno federal ya ha hecho en ocasiones anteriores, como la suspensión del Tren Maya. Hay que entender que la coyuntura actual en la que se encuentra el Poder Judicial Federal (incluyendo a la Suprema Corte) es complicada, cada que puede el presidente ataca a los órganos jurisdiccionales sin ningún sustento, pensando que su palabra es ley suprema por encima de la constitución. Debemos prestar mucha atención a cómo van a reaccionar desde la SEP y si deciden respetar el estado de derecho, o si prefieren seguir las indicaciones de un presidente que cree que puede pisotear la constitución desde palacio nacional.