Víctor Hugo Granados Zapata

Cuando hablamos de “discriminación” debemos tener en mente que muchas veces se ejerce o se reproduce de forma involuntaria, esto porque existen cientos de actitudes que se reproducen de forma cotidiana que, sin que nos percatemos, están discriminando y haciendo menos a otras personas, ya sea por su condición socioeconómica, género, grado educativo alcanzado y, sobre todo, por su tono de piel.

Sin embargo, algo que también es difícil de detectar es cuando el sistema de educación es un agente de discriminación. Cuando a una niña o niño se le niega el acceso a una escuela pública por su condición física o mental es discriminación, ya que independientemente de sus características toda niña y niño tiene derecho a una educación pública (artículo 3° constitucional) y el Estado se las debe de garantizar sin ningún tipo de trato discriminatorio (artículo 1° constitucional).

Por otro lado, la educación pública en México parte de diferentes sectores y enfoques, por ejemplo, existe la educación indígena. Este modelo educativo permite a las comunidades indígenas del país tener acceso a una educación pública adaptada a su idioma (al menos en los primeros grados escolares) y costumbres, lo que les permite acceder a las y los estudiantes de estas comunidades a diferentes niveles educativos a largo de su vida, garantizando el respeto a su cultura y su acceso a la educación.

Con base en lo anterior podemos entender que la política educativa en México está en proceso de ser cada vez más inclusiva, es decir, trata de expandir la oferta educativa a la mayoría de las y los estudiantes que la demanden, sin importar su edad, condición social, género y características físicas o mentales. Sin embargo, en 2017 se presentó un caso sobre discriminación que refleja la deficiente inclusión de ciertos sectores de la población, el caso de Citlali.

Citlali es una niña de 9 años originaria del Estado de México, miembro de una comunidad Mazahua y que tiene Síndrome de Down. Su familia trató de inscribirla a diferentes escuelas, incluidos centros de atención especial, pero fue rechazada dado que las escuelas decían que no contaban con los recursos necesarios para atenderla, violentando su derecho a la educación y a la no discriminación. Dado lo anterior, su familia decidió no quedarse de brazos cruzados e interpuso un amparo en contra de estas escuelas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó este caso en 2019 (Expediente 272/2019), resolviendo a favor de Citlali y exigiéndole a las autoridades educativas que le aseguren su educación, contratando personal capacitado para apoyarle en su aprendizaje y asegurarle el material didáctico necesario. Por otro lado, esto solo es el inicio para la difícil vida académica de Citlali, dado que tendrá que continuar peleando su lugar en los siguientes niveles de educación que vienen y abrirse paso en un sistema que no es inclusivo del todo.

Es aquí cuando debemos cuestionarnos ¿cuántas veces una escuela le habrá negado su educación a cientos de niñas y niños en nuestro país? ¿cuántos de estos casos han sido invisibles en Aguascalientes? Como sociedad debemos exigirle al Estado que promueva un sistema educativo más incluyente, que permita el acceso y garantice la educación de niñas y niños, sin importar sus características físicas, mentales y sociales. Al mismo tiempo, debemos denunciar todo acto de discriminación en las aulas, con la finalidad de asegurar un sistema educativo incluyente y con apego a los derechos de las niñas y niños a una educación pública.