Víctor Hugo Granados Zapata

Uno de los programas clave de la 4T es el de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), cuya operación le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Este programa tiene como propósito apoyar a personas de entre 18 y 29 años, que no se encuentran dentro del sector productivo del país (es decir, que no cuentan con un empleo formal y tampoco están estudiando). Este apoyo consiste, según la nota publicada por Blanca Juárez en el portal El Economista el pasado 23 de diciembre, en un apoyo mensual de aproximadamente 3,600 pesos a inicios de 2019, este ingreso ha aumentado con el paso de los años, siendo así que para el próximo año recibirán 6,310 pesos mensuales, es decir, casi se ha duplicado el apoyo a este sector de la población (beneficiando a más de 2.3 millones de jóvenes en todo el país). De entrada, este proyecto suena bastante bien, ya que tiene como objetivo darles un impulso económico a las y los jóvenes en lo que logran insertarse en el mercado laboral y productivo. Sin embargo, existen diferentes matices que debemos resaltar al respecto.

En esta misma nota se hace hincapié en una reforma constitucional que se hizo en 2020 al artículo 4° de la constitución, adjuntando el derecho a recibir los programas sociales. El texto constitucional dice: “El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.” Es cierto que cada administración federal trae consigo un paquete de reformas que se adoptan a su plan de desarrollo, sin embargo, colocar la política social como un derecho constitucional resulta innecesario y operativamente complejo, dado que las siguientes administraciones podrían llegar a cambiar dicha normatividad (adoptándola a nuevos enfoques) y su operación corresponde a la disponibilidad presupuestal del gobierno en turno. En otras palabras, a pesar de que se reforme el texto constitucional, dicha adición terminaría por ser letra muerta.

¿Por qué es necesario tomar esto en cuenta? Los cambios presupuestarios realizados en los últimos años han logrado que se dé este incremento sustancial en el programa de JCF. El presupuesto público no es una mina inagotable de recursos, por ello, el costo oportunidad para edificar esta estregia también afectó a otros programas, entre ellos la eliminación de PROSPERA y el Escuelas Tiempo Completo, cuya población objetivo se centraba en las y los estudiantes más pobres del país y que viven en los territorios más alejados de México. Continuando con el análisis constitucional, dicho cambio presupuestal contraviene lo que dice el artículo 4° constitucional, dado que éste especifica “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”, entonces, ¿no deberían darle el Gobierno Federal (con la elaboración de los proyectos de egresos) y la Camára de Diputados (quienes ajustan y aprueban dicho proyecto) mayor importancia a la infancia en nuestro país?

Algo que también es importante destacar es que los beneficiarios del programa JCT son mayores de edad y posiblemente la gran mayoría cuente con su INE, por lo que también el apoyo a dicho sector trae consigo la búsqueda de mayor redituabilidad en las urnas a costa de fomentar el desarrollo de las niñas y niños. En datos duros, les conviene más al presidente y sus aliados movilizar un apoyo a más de 2.5 millones de jóvenes votantes que a 3 millones de niñas y niños no votantes (población estimada que resultó afectada por la eliminación del programa ETC). Toda decisión de política pública genera un conflicto de intereses y, en este caso, resulta evidente cuáles son los intereses que busca preservar la 4T.

Mi objetivo no es decir que el programa JCF sea malo o no tenga buenas intenciones, lo que quiero recalcar es el costo oportunidad de este programa y que todas y todos estemos conscientes de ello el día de las elecciones ¿por qué no redirigir recursos públicos para continuar ambos programas, eliminando los proyectos millonarios como la refinería en Dos Bocas o el Tren Maya? Con este panorama, podemos comprender con mayor amplitud lo caros que son los caprichos del presidente y su búsqueda por retener el poder.

PD: Aprovecho este espacio para desearles una feliz navidad a todas y todos mis lectores, deseándoles como siempre un futuro próspero y lleno de felicidad.