Salvador Camacho Sandoval

No recuerdo qué gobernante dijo que para que su país mejorara realmente se debía atender con urgencia, en primer lugar, la educación; luego, la educación y, finalmente, la educación. Muchas personas han enfatizado esta prioridad de una y otra manera, y estoy de acuerdo con ello, sin negar que para hacer prosperar un país y favorecer el bienestar integral de su población hay que emprender un conjunto de medidas en un contexto complejo y difícil. Aun así, estoy convencido de que la existencia de un sistema educativo sólido con decisiones de política pública ambiciosas y eficaces mueve radicalmente el andamiaje económico, social y cultural de las naciones. Desde luego, esto lleva tiempo y es algo que no gusta a los políticos que quieren presumir resultados.

Es muy socorrida la frase que se le atribuye al gran líder y presidente sudafricano Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” o la del pedagogo brasileño Paulo Freire, a quien leí con apego desde mi licenciatura y sigo leyendo: “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Desde hace años, en mis clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hemos analizado diferentes autores y concepciones de la educación, desde Platón a Jean Piaget, desde lo que propone la Iglesia católica en el Vaticano a lo que plantean los teóricos neomarxistas de la educación, desde las experiencias formativas mexicas a las de comunicadores que vinculan la tecnología en los procesos educativos. En todo ellos se tiene la meta de cambiar mentalidades y comportamientos personales con repercusiones en una sociedad en constante transformación.

Actualmente, en México se proyectan cambios importantes en el sistema educativo nacional, que deben ser conocidos y analizados por los diferentes actores y grupos de la sociedad. El Programa Sectorial de Educación, 2020-2024 plantea seis grandes objetivos, de los cuales creo pocos estarán en desacuerdo y que, en su generalidad, no difieren mucho con lo que otros programas han señalado. Estos objetivos son: 1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral; 2. Garantizar el derecho a una educación de excelencia, pertinente y relevante; 3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo; 4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje; 5. Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, atendiendo la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables; y 6. Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos sociales para mejorar el Sistema Educativo Nacional.

El nombre del proyecto del gobierno federal se llama Nueva Escuela Mexicana y se parte de un diagnóstico que ya muchos conocemos y que hace ya tres décadas se calificó como “catástrofe silenciosa”, porque, a diferencia de las catástrofes materiales y ruidosas –como los terremotos y huracanes–, había otra, incluso más peligrosa y dañina, por su impacto en la formación de las nuevas generaciones y su poder destructivo en la sociedad: la catástrofe educativa. Representantes del actual gobierno señalan que esta realidad en parte es producto del neoliberalismo impulsado por las anteriores administraciones.

Independientemente de ser o no cierta esta afirmación –y que merece una discusión aparte–, algunos rasgos de la catástrofe silenciosa fueron y siguen siendo, entre otros, la inequidad en el acceso y permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos en los diferentes niveles educativos. Junto a esta problemática se ha identificado también una baja calidad de la educación, la cual es expresión de un conjunto de factores internos y externos a la escuela, desde las serias limitaciones que tienen las normales como escuelas de formación de profesores de educación básica hasta la situación de pobreza en la que vive casi la mitad de los mexicanos. Otro rasgo de este “malestar educativo” que se ha probado es la proliferación de instituciones de educación superior que no reúnen los requisitos para ofrecer una formación adecuada a los jóvenes y que están muy lejos de responder a las exigencias de un México con graves problemas de injusticia, desigualdad, violencia e incapacidades para hacer frente a los retos de un desarrollo económico sostenible con proyección internacional.

La reflexión sobre el poder y la importancia de la educación en la historia y en las sociedades contemporáneas, así como el examen crítico de nuestro sistema educativo nacional, nos debe conducir a un obligado ejercicio de análisis de lo que sucede en nuestro alrededor. En Aguascalientes, estamos viviendo, hoy por hoy, un cambio de administración gubernamental y es fundamental que se ponga atención en lo que se ha hecho y dejado de hacer en educación en todos sus niveles y modalidades para, luego, presentar alternativas.

Para las grandes aspiraciones y los enormes desafíos que tenemos como sociedad, según quien esto escribe, el vaso está medio vacío. Al sistema educativo estatal lo mueven inercias que se vienen cargando por décadas. Predominan tendencias conservadoras y no hay las suficientes medidas radicales acordes a los nuevos tiempos y a los múltiples desafíos. Sé que hacer reformas con resultados inmediatos no es fácil. La inversión en educación es todavía limitada y el valor que se tiene de ella en la sociedad y el gobierno sigue siendo bajo, a pesar de que en el discurso digamos lo contrario. Los resultados están a la vista, aunque siempre está la oportunidad de cambiar, de ser mejores.