Otto Granados

Para Jesús Álvarez Gutiérrez, in memoriam

Si bien Aguascalientes se ubica en unos 25 indicadores educativos por encima de la media nacional -de hecho, en varios de ellos está en los primeros 10 lugares en el país- y sobresale en sus avances en diversidad e innovación en la educación superior, la nueva administración 2022-2027 tendrá no solo que mantenerlos sino mejorarlos sustancialmente ante dos realidades complejas. Una es que el estado requiere ahora un empuje mucho mayor en términos de calidad y sofisticación de su oferta educativa, dada la estructura de su economía y el empleo, y la otra es enfrentar los efectos de la pandemia en términos del aprendizaje de los niños, especialmente en la educación básica. Y esto requiere un enfoque profesional altamente informado.
Partamos de un principio básico: en todo proceso educativo el valor superior son los niños; no son los maestros, ni las autoridades, ni las tecnologías, ni los recursos didácticos, todos los cuales son actores e instrumentos que están subordinados a ese valor superior: que los niños reciban una educación de gran calidad que les sirva para la vida. Tampoco ese valor consiste en poner la conducción educativa a subasta en el mercado político o el secuestro sindical; al contrario, privilegiar estas últimas variables sería, desde luego, una grave irresponsabilidad moral que dañaría a los niños y a los padres de familia que esperan del estado algo muy sencillo pero muy concreto: una muy buena educación.
Por tanto, para diseñar, formular e instrumentar una política pública a la altura del reto, necesitamos saber el punto de partida. Hasta ahora, no tenemos una evaluación definitiva y concluyente de cómo están los niños en todo México después de la pandemia. Pero sí podemos anticipar, de acuerdo con la información disponible, que, en casi cualquier aspecto, las consecuencias educativas serán trágicas para todos, en particular, para la población pobre. Veamos tres indicadores.
En algunos países, incluso desarrollados como Estados Unidos, los resultados de las pruebas nacionales publicadas apenas el jueves 1 de septiembre mostraron que el rendimiento de los niños de 9 años en matemáticas y lectura cayeron a los niveles de hace dos décadas. Un segundo ejemplo es que el cierre de escuelas fue devastador: en América Latina, el promedio fue de 378 días, y el tercero es que la pobreza de aprendizajes, que se define como el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer ni comprender un texto simple, subió de 57% a 70%. En el caso de México, la proporción de niños que son incapaces de leer y comprender un texto de ese tipo aumentó 25% en los hijos de familias de bajos ingresos y 15% en los de altos ingresos. Peor aún: el Banco Mundial ha proyectado que los estudiantes de las generaciones que actualmente asisten a la escuela podrían sufrir una reducción del 12% en sus ingresos anuales. En suma, una catástrofe.
Por tanto, el próximo gobierno estatal deberá emprender una acción educativa verdaderamente seria que comprenda al menos aumentar la cobertura en el nivel preescolar -particularmente en el primero y el tercer año-; impulsar un programa de emergencia en primaria y secundaria para recuperar las pérdidas dejadas por la pandemia y elevar las mejoras en términos de calidad; poner al día los contenidos en función de las innovaciones que ahora se requieren como la inteligencia artificial, la robótica y otras; fortalecer la relación entre la educación superior, la economía y el mundo laboral, y hacer que efectivamente la educación de calidad sea el motor más poderoso en las trayectorias vitales y laborales de nuestras niñas y niños.
En segundo lugar, todo lo anterior exige renovar, con la mayor energía y creatividad posibles, el planteamiento de que los gobiernos den prioridad a la educación en las políticas y las prácticas. Si priorizar quiere decir presupuestar, esto quiere decir que la inversión en educación crezca pero con un sentido más eficiente: es decir, usar evaluaciones de impacto, aumentar la meritocracia para el ingreso y permanencia a la profesión docente, y exigir resultados medibles en logros de aprendizaje, entre otras cosas, para dar una educación digna de llamarse así.
En suma, Aguascalientes necesita una política educativa innovadora, decidida y muy profesional, así como un liderazgo que realmente sepa de educación, innovador, experimentado y con prestigio, como el que en su momento encabezó con enorme talento, firmeza y compromiso Jesús Álvarez Gutiérrez, recién fallecido.
El estado cuenta con avances muy importantes que heredará de la actual administración, pero las pérdidas de aprendizaje, la crisis sanitaria y las exigencias del siglo XXI han puesto el listón más alto. Hacer una política educativa con esas características es hoy el más alto imperativo moral de todo gobierno que busque elevar el nivel de vida y bienestar de sus habitantes.