Los magistrados electorales revocaron el acuerdo de designación de consejerías distritales y municipales emitido por el Instituto Estatal Electoral, pues de acuerdo a la interpretación presentada en la sesión de ayer, la aplicación de la cuota del 10% a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad no fue la correcta, pues de acuerdo a las reglas establecidas, se debieron considerar 18 cargos propietarios para este grupo poblacional y no sólo 13 como lo aprobaron los consejeros electorales.

Los ciudadanos que impugnaron dicha resolución son Ximena Guerrero Cordero y Elías Samaniego Cerecero en contra del IEE, por considerar que causa perjuicio el cambio de la dupla de consejeros que originalmente fueron asignados para llevar a cabo su entrevista, lo que violentó los principios de certeza y legalidad; además, al asignar los cargos, no se tomó como referencia la totalidad de los espacios para propietarios y suplentes de las consejerías distritales y municipales, lo que ocasionó la designación de ella como suplente.

La magistrada Laura Hortencia Llamas Hernández expuso el dictamen de referencia y en éste señaló que por lo que hace a la medida afirmativa establecida por el propio TEEA al resolver en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, en específico de personas mayores de 60 años, con alguna discapacidad, de la comunicad LGBTI+, los autodescritos como no binarios e indígenas, se resolvió que “el Consejo General del IEE realizó una interpretación limitada y sesgada de la cuota del 10% en favor de tales grupos”.

INSISTIÓ QUE NO HUBO INFRACCIONES.

En el marco de la misma sesión, el Tribunal Electoral también declaró la inexistencia de infracciones denunciadas por la ciudadana Brenda Ileana Velázquez Tristán, en contra del delegado de los Programas de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar y del diputado Heder Guzmán; en ambos casos por presunta promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y actos prohibidos.

Los medios de prueba presentados por la denunciante no fueron acreditados ni de forma individual ni conjunta, pues no se observó ninguna infracción al Artículo 134 Constitucional como se señaló.

En la acusación se señalaron como agravios que tanto el funcionario federal como el diputado morenista, utilizaron sus perfiles de las redes sociales para publicar varios eventos en los que entregaron apoyos derivados de programas sociales, destacando a su persona, presumiendo así la agraviada, que sería con la intención de generar un posicionamiento político.