Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Después de ganar, el actual Presidente de la República, en las elecciones de julio de 2018, sus partidarios difundieron la idea y el convencimiento de que a partir del primero de diciembre México cambiaría radicalmente, poco faltó para hacernos creer que “viviríamos en un paraíso”. Del primero de diciembre de 2018, a la fecha, han pasado dos años y ¿cuáles son los cambios que vemos en los hechos?

¿Qué cambios observamos en el ámbito educativo? El actual gobierno inició con la anulación de la anterior Reforma Educativa y, por ende, la desaparición de la evaluación docente; sin embargo, dos años después, no ha presentado otra reforma que sea la alternativa de la que anuló ni tampoco ha dicho cómo va a valorar el desempeño docente para mejorar la educación; en pocas palabras, no hay propuestas para la transformación; dando la impresión que el único interés era derogar la Reforma Educativa del 2013 y que el Sistema Educativo Nacional continuara funcionando por inercia, como está sucediendo en los hechos.

En algunos discursos de los primeros meses de esta administración, ciertamente, se habló de un Acuerdo Educativo Nacional, del cual algunas autoridades conocerán, pero los maestros que laboramos en las escuelas (al menos en Aguascalientes) no sabemos en qué consiste este Acuerdo; por tanto, no podemos participar o contribuir en algo que desconocemos. También, se habla de la Nueva Escuela Mexicana, pero ésta sólo tienen el nombre, carece de una pauta sólida o guía de diseño para la creación de un proyecto educativo innovador; y ante la falta de elementos, se opta por dejar que cada consejo técnico escolar formule algo que tienda a mejorar la escuela; dando pie a que haya tantas visiones y orientaciones educativas como escuelas hay en el país, provocando, con ello, aislamiento entre escuelas y dispersión de esfuerzos en el mar de confusiones de los consejos.

En 2019 se modificó el Artículo Tercero de la Constitución para destacar, principalmente, que la educación será de excelencia y que será gratuita y obligatoria la educación superior. ¿Cuál es el grado de cumplimiento o de avance, de estas dos disposiciones, en los dos años de esta administración? Salvo que las autoridades tengan sus propios datos, pero los maestros, los padres de familia y la sociedad en general, a falta de evaluación con datos precisos, vislumbramos que la calidad o la excelencia educativa ha disminuido en relación con los indicadores de 2018; y no queremos decir que en 2018 los niveles de calidad eran altos, no, eran deficientes. Por tanto, esto nos da una idea comparativa de cómo estaremos hoy. La pandemia (que no es culpa del actual gobierno, pero sí de las estrategias para enfrentarla) ha contribuido a ese desmejoramiento educativo que especulamos. Y los que tienen derecho a la educación superior sabrán, mejor que nadie, en qué medida se les ha permitido  ingresar, a ésta, a todos y en forma gratuita.

La lucha contra la corrupción ha sido el signo distintivo del actual gobierno, y que ha sido visto con buenos ojos por todos; pero falta un largo camino que recorrer para que su práctica desaparezca en la burocracia y en la vida cotidiana. La anterior administración dio ejemplo de cómo acabar con la corrupción en el campo educativo: quitando el poder fáctico a los organismos que tenían avasallada la educación y recuperando la rectoría del Estado. De esta forma, se evitó la venta de plazas; se nulificó el manejo arbitrario de la educación y de los recursos públicos y, gradualmente, se fue acabando con los “aviadores”. Lamentablemente, esta administración, con la derogación de la Reforma Educativa, desvaneció aquellos esfuerzos, provocando retrocesos, a grado tal que hoy no sabemos, de bien e bien, cómo se está transformando el Sistema Educativo Nacional. La única forma de evaluar al gobierno es mediante resultados y, en materia educativa, no hay evaluación ni resultados.