De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, un juicio laboral debe concluir en un término de setenta días; en Aguascalientes, quienes se ven involucrados en una controversia de este tipo, deben esperar en promedio, dos años para conseguir una sentencia.
Así lo reveló el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Aguascalientes, Juventino Romero de la Torre, al asegurar que de hecho, los tiempos han mejorado en los últimos años, ante el esfuerzo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en pro de la avenencia de las partes.
En entrevista, refirió que si bien la LFT marca el término de 70 días desde que se presenta la demanda hasta su resolución, como el periodo claro para resolver una controversia laboral, lo cierto es que tan sólo la programación de la primera audiencia para dar marcha al juicio, implica esperar por lo menos tres meses.
En ese sentido, expuso que por muchas reformas que se hagan a la LFT, como a cualquier otra, si no hay capacitación, personal suficiente y competente, infraestructura física necesaria y recursos para operar, las modificaciones legales se convierten en letra muerta.
Al respecto, Romero de la Torre refirió que el empantanamiento de la justicia laboral, tras la reforma constitucional que dispuso que los juicios laborales los llevaran los poderes judiciales con la consecuente desaparición de las juntas locales de conciliación, empeoró la situación.
Y es que a casi un año de que debió entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Laboral, la reforma sigue incumplida a falta de adecuaciones legislativas de las que al momento no hay un proyecto formal, ni mucho menos un dictamen que pueda dar luz en el camino.
“Hay 4 o 5 propuestas no oficiales que abordan el tema, pero no una iniciativa a la que se esté dando trámite; en paralelo el Poder Judicial de la Federación ya tiene la infraestructura para los juzgados laborales, pero en contraste, muchos poderes judiciales estatales no tienen ni siquiera pensado manejarlo en sus presupuestos de egresos del próximo año”.
Finalmente, dijo que eso da cuenta del escenario que enfrenta la justicia laboral en estos momentos de transición, sin avances pese a que los conflictos existentes siguen el cauce normal, pero con juntas de conciliación disminuidas, con pocos recursos humanos y materiales, luchando por impartir justicia a patrones y trabajadores que libran problemas entre sí.