En una sociedad donde los reflectores suelen dirigirse específicamente a las figuras públicas, donde los espacios de participación ciudadana están enfocados en atender las inquietudes cotidianas y el “adultocentrismo” es algo normalizado en el debate público, los intereses de las y los menores de edad se han visto mermados por las decisiones políticas a nivel nacional. A pesar de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar siempre el interés superior de la infancia en todas las medidas que implementa, lo cierto es que difícilmente se reflejan las inquietudes dentro de este sector, toda vez que somos los “adultos” quienes cargamos con el ejercicio y garantía de los derechos (por obvias razones), por ello, es de suma importancia prestar atención en la materia de infancia, sobre todo desde el enfoque educativo, con la finalidad de poner a discusión cuáles son las necesidades de este sector y garantizar, materialmente, las necesidades de las niñas y niños en nuestro país. ¿En qué estado se encuentra la atención a la primera infancia en México? ¿Cuáles son las áreas que se deben fortalecer para mejorar la vida de millones de infantes?
El término “primera infancia” se acuña a las y los niños desde que nacen hasta los cinco años, edad que es determinante para su desarrollo pleno e integral. Evidentemente, el papel que juegan las escuelas (particularmente las guarderías) es crucial para garantizar un ecosistema adecuado para el crecimiento sano de las niñas y niños. Contar con personal capacitado, infraestructura adecuada, horarios flexibles y una atención especializada. Sin embargo, estamos hablando de un modelo “ideal” que, en contraste con la realidad de nuestro país, tiene aún un largo camino por alcanzar. Según cifras del CONEVAL, para el año 2020, el 54.3% de las niñas y niños en primera infancia se encontraban en situación de pobreza; aunado a la cifra anterior, debemos dimensionar que existen contextos con mayores carencias y hostilidad en los que se ven envueltos los educandos, lugares que se encuentran aislados geográficamente y que requieren de una mayor atención, donde la educación que se imparte es gracias al apoyo comunitario, las aulas son improvisadas con los escasos recursos con que cuentan y el apoyo que se les da, por parte de los gobiernos, es igualmente menor.
Un ejemplo de trabajo comunitario institucionalizado que ha sido fundamental para apoyar a la primera infancia en México es la labor del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe), quienes durante décadas han impulsado la participación (principalmente de jóvenes estudiantes) en la prestación del servicio educativo, bajo la figura de los líderes educativos, en las comunidades más alejadas de nuestro país. Hace tres años, tuve la oportunidad de dar seguimiento al apoyo que realiza Conafe en una comunidad, “El Mezquital”, en Durango, donde observé el trabajo comunitario y el involucramiento de las familias para crear espacios de aprendizaje y crecimiento. Son este tipo de instituciones a las que los gobiernos deberían prestar atención, dado que realizan funciones que el propio Estado debería garantizar, de forma homologada, en toda la República y que, aunado a la falta de inversión pública (y voluntad política), no lo hacen.
Por ejemplo, la administración actual de la cuarta transformación eliminó el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ECT), afectando a más de 3.6 millones de estudiantes en todo el país. Este programa otorgaba recursos para ampliar el horario escolar y brindaba apoyo alimentario a las comunidades más distanciadas, impulsando el desarrollo integral de las niñas y niños en situación de pobreza. UNICEF apuntó, en su Evaluación del Servicio de Alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que el sistema alimentario de las ECT tenía “[…] beneficios como la disminución de la deserción escolar; la promoción de un servicio y atención igualitarios para niños y niñas. La participación de padres de familia y cuidadores para el buen funcionamiento del SA (sistema alimentario) que garantiza la sostenibilidad del servicio y que a la vez forma una red de confianza”. Sin embargo, este programa pereció ante las ambiciones de la política educativa nacional, dado que el presidente le brindó prioridad presupuestal a los programas de transferencias no condicionadas (como es el caso de las becas del bienestar), cuyo fin es ampliar la base electoral del partido en turno.
Es frustrante darse cuenta de que el fin o motivo principal de estos cambios sea estrictamente político y dejen a un lado los programas que son realmente efectivos y necesarios para las niñas y niños que menos tienen. Es necesario poner a la mesa el debate sobre la primera infancia en México y darle voz a quienes no pueden expresarse en las urnas, pero sobre todo, es crucial que se amplíen los apoyos a este tipo de programas o instituciones como Conafe, dado que impulsan de forma efectiva la participación ciudadana en el sector educativo. Revaloricemos la primera infancia.
