Lic. René Urrutia de la Vega

Estamos atravesando momentos y situaciones inéditas en la vida institucional y en la propia sociedad, a nivel mundial estamos frente a una contingencia de salud que es todo un reto, no solo para las autoridades, sino para los particulares, para todos los que integramos el conglomerado social, familias, hijos, niños y niñas, mujeres, hombres, sin distinción de edades.

Las autoridades, al menos eso esperamos todos, están haciendo su mejor y su mayor esfuerzo por atender las necesidades y tomar las medidas más adecuadas para que esta contingencia pase haciendo los menores estragos posibles en la vida social, familiar, económica, laboral, comercial, empresarial y en muchos otros, o en todos los aspectos, muchos criticamos y señalamos la falta de apoyos, las malas medidas, la tardanza en implementarlas, las equivocaciones y los errores de las autoridades, pero muchos también estamos esperando que las autoridades hagan todo correctamente, mientras muchos están actuando en forma terriblemente incorrecta y parece no importarnos lo que pase, que finalmente pasará en favor o en contra nuestra.

Pero aquí me interesa hablarles y hacer una reflexión en torno a una de nuestras instituciones más importantes para la vida en sociedad, indispensable para que la comunidad permanezca a partir de que se realice una correcta y oportuna impartición de justicia, más aun en tiempos en los que la inseguridad, la violencia y la delincuencia están siendo los protagonistas –o quizá, los antagonistas– de la vida en sociedad actual, solamente relevados en nuestro país, y solo en forma temporal, por una pandemia prácticamente universal.

La justicia no puede parar, ni siquiera frenarse y menos ahora, la justicia es una función indispensable, ya lo decía, para la vida en sociedad, no podríamos imaginar una sociedad en la que no existiese la función de impartición de justicia, es decir, aquella en la que hubiese alguien con facultades suficientes para atender a las partes en conflicto, que aplique la norma dada por esa misma sociedad y resolver en forma objetiva e imparcial, decidiendo lo que es de cada quién y lo que a cada quien corresponde, imponiendo las consecuencias normativas de una conducta que se hubiese apartado del marco dentro del cual debe conducirse para seguir siendo considerado parte del Estado y acreedor a la protección y respeto que éste debe proporcionar a quienes actúan dentro de ese margen.

Pues en este tiempo resulta que la justicia ha decidido ausentarse, permanecer en casa igual que todos los demás y atender solo los asuntos urgentes, lo que ella misma considera que es urgente, no lo que es urgente para los involucrados, para quienes muchas cosas no solo son urgentes, sino especialmente grave, pero no, esos asuntos no lo serán para la justicia, solo los que ella considera que lo son.

Hoy, cuando los médicos, enfermeras, camilleros y muchos otros profesionales y auxiliares de la salud, expuestos a los mayores riesgos a los que pueda exponerse cualquiera, no pueden quedarse en casa porque tienen el deber profesional y moral de atender sus obligaciones de proveer a la sociedad sus servicios indispensables para la sobrevivencia de los seres humanos, cuando los policías están en las calles arriesgando su vida doblemente, porque de por sí la arriesgan siempre en el desempeño de su trabajo, cuando los Ministerios Públicos están haciendo guardias para atender la mayor parte de los asuntos que se les plantean todos los días, cuando todos ellos y muchos otros héroes de nuestra sociedad están al pie del cañón, la justicia se encuentra en casa atendiendo solo “casos urgentes”.

En las Medidas de Seguridad Sanitaria que publicó el Consejo de Salubridad General el lunes 30 de marzo de 2020, se establece:

“Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Medida 1, Inciso a): Las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud, público y privado.

Medida 1, Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal.”