Difícilmente habrá alguien ajeno a la familia que sienta el agobio que vive ante la desaparición de unos de sus integrantes. Hombres y mujeres de todas edades se desvanecen y aunque se les busca afanosamente no son localizados. Las autoridades encargadas de colaborar en el rastreo se han vuelto tan insensibles que hacen lo mínimo para tener resultados.

El primer día en que sucede el hecho y se presenta la denuncia de persona desaparecida, la respuesta de los supuestos investigadores es que, si se trata de una mujer joven es que se fue con el novio, si es hombre también joven es que anda de fiesta y si es una persona adulta o mayor fue por problemas familiares que se ausentó, inclusive tratándose de menores de edad lo atribuyen a un capricho o travesura.

De manera invariable, en todos los casos, dejan pasar 72 horas para iniciar las pesquisas, tiempo que puede ser determinante para que el fruto sea positivo, lo que para los allegados resulta una aberración ya que cualquiera que sean las causas de la ausencia se debe actuar de inmediato bajo el supuesto que podría encontrase en peligro.

Con la insensibilidad característica en la mayoría de los funcionarios, creen que con ofrecer palabras de consuelo y darle palmaditas a los familiares ya cumplieron, es el caso del director general de Gobernación del Gobierno Estatal, Francisco García Armería, quien en el Día Internacional de la Desaparición Forzada que tuvo lugar el pasado 30 de agosto, expresó “su respeto y una postura de diálogo y atención permanente”, cuando lo que se demanda no son mensajes huecos sino acciones concretas. Aseguró que desde la creación y puesta en marcha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes (CEBPA ) se han localizado 383 personas, de ellas 187 mujeres y 196 hombres, aunque en esta estadística se incluye quienes regresaron por sí mismos y los que fueron ubicados por sus familiares.

También presumió la relación que hay con colectivos civiles dedicados a esa labor “con el fin de tender puentes y llevar una coordinación mediante el diálogo constructivo”, asimismo que hay una colaboración interinstitucional con casi 20 instancias y organismos nacionales, tanto civiles como gubernamentales, no obstante, mientras no aparezcan las personas que se llevaron del restaurante Maverick todo lo que se diga sale sobrando, caso que se mantiene como la mayor punzada entre la sociedad aguascalentense. Ocurrió el 24 de abril de 2007 y tras 15 años todo está como al principio; en este tiempo han pasado gobernadores, procuradores y fiscales generales sin ningún resultado, pero eso sí, han amenazado a los familiares para que “ya no le muevan”.

Familiares y activistas estuvieron en Palacio de Gobierno para exigir resultados, pero como siempre sucede encontraron las puertas cerradas (¿acaso no es la casa del pueblo?), por lo que la protesta tuvo lugar en plena vía pública, la que naturalmente no escuchó ningún empleado.

El Colectivo de Familias Buscando Personas, Verdad y Justicia acusaron de “indiferente e indolente” al Gobierno del Estado ante los hechos tangibles. Javier Espinoza Granados, padre de Francisco Javier Espinoza que fue una de las personas que se llevaron del Maverick, manifestó que a la autoridad le falta hacer conciencia, ser empática y reconocer que este es un problema que se tiene en Aguascalientes, por lo que urgió aplicar políticas públicas que permitan evitar que continúen sucediendo casos y los que tengan lugar se les atienda con la premura correspondiente.

En renglón aparte la recomendación que se hace a los familiares que pasan por este trance, es que aún cuando presenten la denuncia ante la policía ministerial o en cualquier otra instancia, recurran de inmediato a la policía preventiva municipal, que establece una comunicación vía radio a todas las unidades para que estén alertas y en lo posible pueda ser situada la persona que se busca, lo que sin aspavientos ha tenido resultados reales, máxime que no tienen que esperar las 72 horas que en otros espacios gubernamentales imponen para iniciar las investigaciones.

EN SILENCIO

Luego de la polvareda que levantó al acusar a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de ser parciales a la hora de otorgar contratos para construcción, el presidente del Colegio de Arquitectos, Ignacio Jiménez Armas, entró en una afonía profunda.

Quienes no se quedaron callados fueron titulares de oficinas universitarias que tienen relación con este asunto, al dejar en claro que no ha habido, ni habrá, situaciones turbias, puesto que todo está auditado por instancias internas y externas, lo que avala que hay una labor pulcra.

Tras la denuncia de Jiménez Armas, en la que acusó supuestas irregularidades en la designación de licitaciones públicas para la realización de nueva infraestructura en la UAA, el director general de Infraestructura Universitaria, Alberto Palacios Tiscareño, fue enérgico en su rechazo, al sostener que hay total transparencia en las convocatorias que tienen lugar.

En compañía de la jefa del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión, Elizabeth Rivera de Loera y de Efraín Lozano, encargado de Licitaciones, Palacios destacó que en todo concurso, para la ampliación de la infraestructura de la UAA, se cumple estrictamente con los procedimientos que fija la ley y esto asegura que de todas las auditorías sobre obra pública que tienen lugar no se reciba ninguna observación.

De igual manera, como parte de las convocatorias, se tiene sumo cuidado de que cada uno de los interesados cumpla con los requisitos para poder participar, principalmente que las empresas no cuenten con auditorías pendientes con el SAT, el Seguro Social y con el Infonavit, además deben acreditar la solvencia económica y técnica como requisitos fundamentales.

Para no dejar lugar a ninguna duda, en los últimos tres años han tenido lugar 78 procedimientos de licitación, que representa un monto de 156 millones de pesos; el 70% de las obras de la UAA tienen su origen en licitaciones de carácter público, 20% es restringido y 10% por asignación. En la actualidad, como parte del plan de trabajo para obra pública de la UAA, se llevan a cabo 30 acciones en materia de infraestructura, como estacionamientos y vialidades.

Si en este tema alguien se siente agraviado por los criterios que tomó el Comité “tiene derecho de acudir ante el órgano de control interno”, sostuvo Alberto Palacios, al citar que quien haga el planteamiento recibirá la respuesta que corresponda y ante todo, lo importante es promover los instrumentos que la ley prevé y no cuestiones mediáticas, que si se llegara a encontrar una irregularidad “se sancione a los funcionarios correspondientes por malas prácticas o conductas en el caso”, especificó.

GAVETERO

Por ahí, en algún cajón, permanece guardado un asunto que la presente administración estatal no ha resuelto, por lo que la próxima tendrá que darle salida. Sin especificar de qué se trata, el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo, dijo que la gobernadora Teresa Jiménez deberá respetar los acuerdos a los que ha llegado el magisterio con el actual gobernador Martín Orozco. Hizo mención que existen temas pendientes que no fueron resueltos, por lo debe haber una respuesta, reiterando que los acuerdos establecidos en minutas “deben cumplirse en tiempo y forma”, ya que son asuntos que “no prescriben ni deben estar sujetos a la voluntad de ninguna autoridad”. García Alvizo aprovechó para enviarle un mensaje a la próxima mandataria: “El SNTE siempre buscará privilegiar el diálogo como método de solución de conflictos” y ante todo tenga presente que “los derechos no se negocian, se exigen”, por lo que de inicio el Sindicato espera que se respete la voluntad, prerrogativas y esfuerzo de los mentores, lo que de ser así será en beneficio de la propia organización, de los agremiados y de la sociedad en general, con lo que se podrá transitar hacia una nueva etapa de entendimiento y participación mutua.