División de poderes

En un régimen republicano es indispensable y obligatorio el respeto entre los Tres Poderes, para darle viabilidad al funcionamiento del gobierno y al mismo tiempo brindar confianza a los ciudadanos de que viven en una verdadera democracia, donde se escuche su voz y se atienda sus propuestas y reclamos.

Vigilar que este orden se mantenga es un deber de todos para evitar la tentación de que uno de los poderes someta a los otros, ya que entonces se estaría en los linderos de una autocracia que tanto daño y dolor ha causado en varias etapas de la vida nacional y que hoy se registra en distintas partes del mundo.

Lo anterior viene a comentario por el debate local que ha surgido en torno al fuero, donde algunos opinan que debe ser total, otros parcial y los menos que se deje las cosas como están. Todas son opiniones significativas, porque demuestra el interés que ha despertado el tema en distintos sectores y que del conjunto de propuestas se puede hacer una amalgama o apoyar la que mejor convenga a la sociedad.

Entre los planteamientos está la que presentó el gobernador Martín Orozco Sandoval, que se pronuncia por la eliminación, por lo que esperaba que con prontitud fuera aprobado en comisiones y de inmediato subido al pleno, sin embargo algunos diputados pidieron analizar detenidamente los argumentos jurídico-sociales y ante todo investigar que hay atrás del proyecto, por lo que pasó a lista de espera.

El mandatario no ocultó su contrariedad, al citar que es “increíble” que hayan frenado su iniciativa y considerar “quién está detrás y a qué teme”, cuando lo único que busca es atender una exigencia social y cumplir una promesa de campaña y del Partido Acción Nacional.

Responsabilizó de esta actitud a actores políticos y a diputados de haber detenido este asunto, no obstante que es algo que se trabaja a nivel nacional y donde casi la mitad de los estados ya lo tienen, por lo que no hay razón para que en Aguascalientes se evada su aprobación.

Recordó que con o sin fuero todos los que ejercen una función pública están expuestos a ser llevados al banquillo, por lo que esto que propone es de “simple trámite”, al eliminar un apartado para que sin cortapisas se cumpla el mandato de la ley.

De lo que se ha señalado en los últimos días se deduce lo siguiente:

1. Hay diputados que no quieren dar su brazo a torcer porque antes del Ejecutivo presentaron su propia iniciativa, por lo que esperan que se dictamine en orden de prelación y no por una influencia superior, además, varios de los que hoy ocupan las curules anidan la esperanza de dar el salto en 2021 al Congreso de la Unión. Son tiempos de tomar posiciones, que los anima a mostrar cierta independencia al interior de su propio partido, así tenga que enfrentarse al jefe político.
2. Orozco Sandoval no tiene que mostrarse decepcionado de que no le den la rapidez que esperaba a su escrito, más bien debería felicitarse de que gobierna un estado en el que hay una plena división de poderes, lo que puede presumir en cualquier parte de la República, algo que cabe recordar, no hace muchos ayeres no existía, bastaba con que el mandatario enviara una iniciativa para que en el Congreso le dieran el trámite que él esperaba, tan era así que la extinta diputada Lilia Palomino Topete (PAN), de la LIX Legislatura, calificó al Congreso de “oficialía de partes”, en cambio ahora el titular del Ejecutivo tiene que esperar a que se analice y avalen sus iniciativas.
3. También, esta situación puede interpretarse como la repetición de lo que vivió el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat con la LIX Legislatura, donde más de la mitad de la fracción panista, que era mayoría, se rebeló y así se mantuvo hasta el final, de lo cual hoy pueden dar cuenta varios de ellos, que ocupan posiciones importantes en el actual gobierno.

Entonces hay que serenarse y dejar que las condiciones sigan su curso, que como decía el ex mandatario priista Miguel Ángel Barberena Vega: “en el carretón las calabazas se van acomodando”.

DILEMA TAXISTA

El anuncio que se hizo el pasado 30 de septiembre, de que a partir de diciembre próximo se entregarán 100 concesiones de taxi no generó el arrebato de otros tiempos, sino de serenidad entre los posibles recompensados, toda vez que la actividad dejó de ser rentable ante la invasión del servicio por aplicación, que hay ocupa casi la tercera parte del mercado local.

Por décadas tener un taxi fue un premio, ya que la ganancia daba para llevar una vida sin sobresaltos, lo que provocaba que los permisos fueran muy apetecidos, tan era así que este hecho generaba que en la entrega surgiera un sinnúmero de protestas de los taxistas-choferes, al denunciar que se había favorecido a personas ajenas al gremio, mientras que entre ellos había quienes tenían 10, 15, 20 años o más de servicios sin que se les considerara.

Esta vez se dice que serán asignadas “de acuerdo a un análisis profundo para identificar a las personas que realmente las merecen”, promesa que se repite cada sexenio y que a final de cuentas algo sucede que sólo unos cuantos de los nuevos concesionarios son auténticos taxistas.

La emoción de otros tiempos no es la misma, ya que los operadores saben que desde 2018 han resentido una baja de servicios, que este año se agudizó ante el creciente número de vehículos que ofrecen atención “por aplicación”, por lo que se calcula que cerca de tres mil están en esa condición, lo que vino a descomponer el equilibrio que se mantuvo ya que a lo más que se llegó a entregar en gobiernos anteriores eran de 200 a 300 en los seis años, lo contrario sucede hoy con las unidades particulares convertidas en taxis, cuyos propietarios les es suficiente con cubrir los requisitos que solicitan las agrupaciones para darlos de alta.

Lo anterior motivó los bloqueos en la capital del país, que realizaron miles de taxistas de varias partes del país, entre ellos 18 de Aguascalientes, que demandan terminar con la irrupción del uso de las plataformas digitales y taxis piratas, estos últimos pese a las reiteradas denuncias no existe interés para retirarlos de circulación.

Sólo el tiempo dirá si, en primer lugar, el total de las nuevas concesiones llegan a manos de verdaderos taxistas y en segundo, cuál va a ser la respuesta de las autoridades federales y estatales ante el reclamo de que se restrinja el servicio por aplicación.

ELECCIONES EN MORENA

Este domingo debe haber elecciones en el Movimiento de Reconstrucción Nacional, tanto locales como nacionales, sólo que hasta ayer no había claridad si se llevarían a cabo, porque entre los candidatos y candidatas a presidir el CEN había opiniones encontradas de si era conveniente realizarlas, o que sean hasta 2020.

A nivel estatal, el secretario de organización, Fernando Alférez Barbosa, afirmó que habrá mecanismos “nunca antes vistos” por un partido local, en donde “queremos dar una muestra clara de que somos un partido distinto a los demás”, para ello se diseñó un proceso que garantice la “total transparencia” y que será video-grabado, con lo que evitarán actos de violencia.

En la asamblea estatal distrital se elegirán el presidente y 30 consejeros, garantizándose la paridad de género. Se asegura que votarán alrededor de 1,500 militantes, de los 14,300 registrados, número que no obsta para que sea “la fuerza política más importante del país”, abundó el ex legislador.

DE  DOS CARAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene respuestas para todo, pero no todos tienen el mismo nivel. Actúa de acuerdo a su interés, lo que una vez más quedó demostrado con las atenciones que tiene con la CNTE, a la que le concede cuanto le piden, caso contrario es con los sindicatos universitarios que demandan más recursos para salir del hoyo financiero en que se encuentran las instituciones.

En la reunión que sostuvo el pasado nueve de octubre con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el mandatario dispuso que se instale una mesa de diálogo para analizar la situación presupuestal, laboral y de instalaciones de las normales rurales, entre las cuales se encuentra la de Tenería, en el Estado de México, cuyos estudiantes secuestraron a 92 choferes y los camiones para exigir plazas y becas, además de la normal de El Mexe, en Hidalgo, que una vez reabierta no termina de funcionar por completo, de lo que el dirigente de la CNTE en la capital del país, Enrique Enríquez, acusó a la coordinadora del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez, Raquel Sosa, de frenar su ejercicio.

Dijo que el propósito es que “todas las normales de todo el país se fortalezcan y tener una mesa de trabajo para fortalecer sus planes y programas de estudio”, mientras que el secretario general de la CNTE en Michoacán, Víctor Zavala, apuntó: “Lo que estamos exigiendo es una solución de conflicto de fondo. Rápido, para que no tengamos complicaciones. Finalmente, lo que los muchachos están pidiendo no solamente es el tema de las plazas, sino también la solución de comedores, de las becas, de planteamientos económicos”.

En el lado opuesto se encuentran trabajadores sindicales de 25 universidades públicas, que el miércoles nueve iniciaron un paro de 24 horas en demanda de más recursos para 2020, movimiento que de inmediato fue descalificado por López Obrador, al asegurar que no cederá a presiones o chantajes para aumentar el presupuesto, aún cuando existan amagos o amenazas de paros o huelgas.

“Si no tienen la razón, aunque se pare el país, porque si no vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, sí hay justicia, sí, sin dudas; si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga, si no nos das.

“Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió, hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto recibieron, cuánto se está estimando que van a recibir el próximo (año)”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo. Se dijo celoso guardián del dinero del pueblo porque “es sagrado”, por lo que las universidades tienen que cumplir con la rendición de cuentas, “cuentas claras chocolate espeso”, reiteró.

El planteamiento de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CNTU) es, en primer término, el rescate financiero para las instituciones autónomas de Zacatecas, Nayarit, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas.

La demanda es urgente para atender el pago de la nómina de los últimos meses del actual ciclo fiscal 2019 y el pago de aguinaldo, ante la crisis que arrastran las instituciones mencionadas, para ello se requiere de 5 mil millones de pesos, además que se considere en el presupuesto del año venidero un incremento presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos.

El líder de la CNTU, Enrique Levet Gorozpe, rechazó que los actos que llevan a cabo sea un chantaje: “Respeto al Presidente, él tiene sus estrategias, y sus formas de decir, pero no estamos chantajeando, lo único que estamos haciendo es la defensa de un derecho estrictamente laboral, que  es la falta de pago a trabajadores universitarios”.

Habrá que ver cómo termina este conflicto, que ha ido escalando ante la cerrazón de los gobiernos federal y estatal y que ya genera inestabilidad en cada entidad, puesto que no se puede pedir a los trabajadores que cumplan con sus funciones sin que reciban el salario.

GOLPE FINAL

Aunque hay quienes se resisten a dar por perdida la lucha a favor de las estancias infantiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara la última estocada, luego de que se dio a conocer que el ministro José Luis González Alcántara – propuesto por López Obrador para este cargo-, expresó a sus colegas avalar la desaparición de este programa, reemplazado este año por reparto directo de dinero a los padres de familia.

Con un máximo tribunal propenso a aceptar los planteamientos de Palacio Nacional (v. gr., el aeropuerto de Santa Lucía), es lógico esperar que los amparos de los diversos grupos que han pretendido recuperar el refuerzo federal para el desempeño de las estancias infantiles, van a tener un final opuesto a lo que buscaban.

Es una lucha que inició el primer día de febrero del presente año, cuando el gobierno de AMLO dejó sin financiamiento a la 9 mil 300 estancias que apoyaban a las madres trabajadoras, por lo que empezó el cierre de los centros. El gobierno aseguró que esta medida obedeció a que había encontrado corrupción en el manejo de algunos de estos lugares, por lo que ordenó cortar de tajo, con lo que pagan justos por pecadores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 11 de junio la primera recomendación al considerar que el gobierno violó los derechos de niños y niñas, sin embargo las secretarías de Bienestar y Hacienda, las Comisión Regulatoria y el DIF notificaron el 21 de junio a la CNDH su rechazo a la recomendación y el día 28 López Obrador consideró inaceptable la recomendación, lo que motivó que el mismo día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considerara preocupante la “descalificación” del Ejecutivo.

La página prácticamente se cerró con el pronunciamiento del ministro González Alcántara, al rechazar los argumentos de Hidalgo del Parral, Chihuahua (amparo que se había convertido en emblemático), declarando la validez de dos actos distintos: la reducción inicial de presupuesto al programa Estancias Infantiles y su posterior desaparición y reemplazo en marzo por el programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras. Con esta decisión se convalida la entrega que hace el gobierno de mil 600 pesos bimestrales a los padres, quienes no tienen obligación de comprobar en que gastaron el dinero, cantidad que se redujo, ya que el subsidio que otorgaba el pasado gobierno fue de 950 pesos mensuales por niño.

ALIENTA LA REBELIÓN

Tras rechazar que su gobierno proteja a los dirigentes sindicales, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los trabajadores a impulsar un cambio de los mandos que se han eternizado en los cargos.

Dijo que tiene que haber “una democracia sindical, se tiene que aplicar la ley y los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes. También es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde, que ya no sigan tolerando dirigentes que no los representan. Ya vamos a cambiar”.

De acuerdo a un recuento que publicó Reforma, en esa lista estarían Francisco Hernández Juárez, que está al frente del Sindicato de Telefonistas desde 1976; Armando Neira Chávez, de la Industria Embotelladora desde 1987; Carlos Romero Deschamps, de los Petroleros, desde 1993; Víctor Flores, de los Ferrocarrileros, desde 1995 y Joel Ayala Almeida, de la FSTSE, desde 1998. El que está más cerca del período que duró el extinto líder de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez, de 47 años, es Hernández Juárez, a quien le faltan cinco años para igualarlo.

De acuerdo con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 358, los procedimientos de elección deberán salvaguardar el voto personal, libre, directo y secreto, lo que evitará que pueda manipularse el resultado, pretendiéndose así acabar con la reelección indefinida.

Afirmó López Obrador: “Nosotros no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí, que hagan lo que les corresponda, que hagan sus gestiones y que hagan valer la democracia. La libertad no se implora, se conquista, entonces, que nos ayuden a eso”.

Fue enfático al citar que ya no hay protección para los líderes sindicales, “se está viendo, ya no es el tiempo de antes, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de intereses creados. Ya no”, sin embargo Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, está muy cerca de sus confianzas, tanto que logró evadir la orden de aprehensión girada en 2013 por el presunto fraude de 55 millones de dólares en detrimento de los trabajadores mineros, suma que hasta la fecha no ha sido recuperada, en cambio el dirigente se afilió a Morena que lo hizo senador de representación proporcional y cuyo cargo concluye hasta 2024. Lleva al frente de la agrupación sindical 17 años.

SEGÚN EL CRISTAL

Por un momento imagine que un grupo de choferes del transporte foráneo retienen a 92 estudiantes junto con los vehículos en que se trasladaban ¿qué hubiera pasado?, lo más seguro es que el gobierno habría mandado a policías y militares a rescatarlos y a lo largo y ancho del país se multiplicaran las demandas de castigar severamente a quienes cometieron tamaña felonía, mientras que en el Congreso de la Unión exigirían que retiraran las concesiones de los autobuses.

En la vida real ocurre lo contrario, como lo acaban de vivir 92 operadores que fueron secuestrados y con sus camiones llevados a la Normal Rural de Tenería, Estado de México, donde a cambio de liberarlos los alumnos pidieron 84 plazas automáticas y exigieron no cerrar ni transformar estas instituciones, no usar la fuerza pública en su contra y hacer un alto al “hostigamiento” policial.

Este asunto, que debió atender y resolver la Secretaría de Educación Pública, lo hizo Gobernación, al intervenir el subsecretario Ricardo Peralta, que el martes aseguró que se llegó a acuerdos “muy interesantes” y que en poco tiempo dejarían en libertad a los operadores, lo que sucedió hasta la tarde-noche del día siguiente y de manera escalonada.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Transporte del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), los camiones fueron devueltos con daños severos como cámaras de videovigilancia desprendidos, vidrios rotos y rayones, lo que tendrán que sufragar los propietarios.

De parte de la organización demandaron que no se pase por alto los diversos delitos que cometieron los normalistas, como el robo de unidades, el secuestro de los operadores y el daño a propiedad ajena, sin olvidar que por estos hechos se afectó a un número importante de usuarios que en los cinco días que duró el caso tuvieron que trasladarse a centros de trabajo o estudios de “aventón”, ya que las unidades que les dan servicio estaban tomadas.

Como colofón no existe órdenes de aprehensión en contra de los normalistas que llevaron a cabo esa acción, en cambio lograron que el gobierno del Estado de México ratificara la minuta del 17 de septiembre, en que asumen el compromiso de asignar plazas para egresados de futuras generaciones, aumentar el pago de la beca estatal y colocar pasto sintético a la cancha de futbol antes del 5 de noviembre.

Además impusieron sus condiciones para la admisión a la Normal, por lo que la edad máxima será de 24 años, el promedio mínimo de 6, el examen será interno y no se publicarán los resultados en internet ni en ningún otro medio. El gobierno de Edomex se comprometió a respetar a la organización estudiantil y garantizar su condición de internado y los normalistas consiguieron que acabara con el “hostigamiento” policial, por lo que no habrá sobrevuelos de vigilancia en la escuela.

Con lo ocurrido en la Normal de Tenería quedó demostrado que el país ha cambiado para seguir igual.