Benito Jiménez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) expandieron su presencia en el País y ahora son los mayores generadores de violencia en al menos 18 estados.
AC Consultores, especializada en análisis sobre seguridad pública, documentó la presencia del CJNG en 28 estados (con excepción de Campeche, Coahuila, Durango y Sinaloa) y en un universo de 420 municipios, por lo que está en riesgo un 43.5 por ciento de la población.
En tanto el CDS opera en 24 entidades (excepto Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Morelos, SLP, Tamaulipas y Tlaxcala), en un rango de 293 municipios y con un riesgo del 28.6 por ciento de habitantes, alertó la consultora.
Apenas en 2023, la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en Inglés) advirtió sobre la presencia del CJNG en 23 estados y del CDS en 19 entidades.
El tercer grupo criminal con mayor presencia en el país es el Cártel del Golfo (CDG) con asentamientos en Aguascalientes, Coahuila, Edomex, SLP, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, establece el reporte de AC Consultores.
Reportes ministeriales y militares refieren que los ciudadanos están bajo el asedio de balaceras y enfrentamientos en al menos 18 estados del país por las pugnas entre esos tres grupos criminales y el Cártel del Noreste (CDN), cuyas células integradas en su mayoría por ex Zetas operan en al menos 12 estados.
«El Gobierno federal ya peca de cinismo al momento de responsabilizar a los grupos criminales, justamente cuando son ellos los responsables de frenar este tipo de prácticas. En cambio lo que tenemos es un juego perverso en el envío de elementos de seguridad al lugar de los hechos», advirtió David Saucedo, consultor en seguridad pública.

Alerta poderío
El CJNG y el CDS mantienen una cruenta disputa por el dominio territorial en al menos 18 estados del País para controlar delitos como tráfico de drogas y migrantes, huchicoleo y extorsión, lo cual les ha permitido incrementar su poder de fuego, advirtieron fuentes castrenses.
Las organizaciones criminales, sostuvieron, pretenden «agilizar» el trasiego de cocaína y mariguana, así como el tráfico de armas, además de operar el cobro de piso a productores, pequeñas y grandes empresas, trabajadores de la construcción, comercios como restaurantes o bares, locatarios, empresarios hoteleros y autoridades municipales.
«Existen ganancias millonarias en cualquiera de esos rubros delictivos, el crimen se fortalece y hace más fuerte en su poder de fuego y en su poder corruptor con cualquiera de esos delitos», indicó a Grupo REFORMA un mando de la Guardia Nacional (GN) desplegado en Morelos.
«Si lo vemos desde el punto de vista de que intentan dominar todos (los delitos) en su conjunto, tenemos un grupo o una organización violenta que no va a ceder ni un espacio al otro».
Los enfrentamientos entre grupos criminales ocurren a cualquier hora del día y las fuerzas de seguridad, por lo general, llegan después de los hechos para realizar patrullajes y montar guardias.
Al mismo tiempo, los Gobiernos acusan a las organizaciones delictivas de generar la violencia, sin combatirlas, advirtió el consultor en seguridad pública David Saucedo.
«El Gobierno federal, junto con los estados, son los que deberían estar encargados de inhibir esas prácticas (la violencia), de sancionarla, de llevar a la justicia a los responsables y que haya una métrica de descensos de este tipo de eventos y no la hay», consideró.