Las relaciones obrero-patronales se rigen por reglas escritas y no escritas, las primeras se ejercen mediante el Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, y las otras surgen de los acuerdos sindicales y las propias que disponen los empleadores.
En estas condiciones, resulta un tanto extraña la denuncia que hace el máximo dirigente del sector empresarial, Pedro de la Serna López, al citar que hay “excesos” de las agrupaciones obreras, en función que exigen para sus representados “demasiados” beneficios que van en perjuicio de las finanzas patronales.
De siempre ha habido este tipo de quejas, al haber empleadores que quisieran retroceder las manecillas del tiempo para que hubiera jornadas de 12 horas y fueran los siete días de la semana, con el pago del salario mínimo como único ingreso del trabajador, aunque en la época actual aún prevalecen rescoldos, porque hay quienes reciben esa paga y aunque oficialmente debería laborar sólo ocho horas en la práctica son diez, a veces más cuando se necesita, sin que le sea remuneradas las horas extras.
De la Serna pidió atacar las exageraciones de los sindicatos, al afirmar que “afectan la dinámica de productividad mediante una revisión de condiciones plasmadas en contratos colectivos que resultan desbalanceadas para los patrones”.
En la entrevista para este Diario (25/XI/16), el líder patronal sostuvo que “en algunos casos” los beneficios de los trabajadores son desmedidos, por lo que deben ser revisados, pues considera que puede haber dificultades económicas para el país en 2017, debido al ascenso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que podría traer un ambiente complejo para el sector privado y que desde ahora se resiente con la volatilidad de la cotización del dólar y el alza en las tasas de interés. Este entorno desfavorable exige sacrificios de todos los que participan en las actividades productivas, abundó.
Dijo que están de acuerdo en que los sindicatos existan y protejan el interés del trabajador, “pero muchas veces protegen demasiado a los trabajadores, que son remunerados por los empresarios”, sin precisar en qué consiste esa protección, sólo mencionó que “deberían suprimirse algunas prebendas”, como el pago de pensiones superiores al 100% del salario que tenía el trabajador al momento del retiro, toda vez que lo justo es que reciban el mismo nivel de ingreso, ya que, presumiblemente, un monto superior “es perjudicial para el retiro que entregan los patrones”.
Al respecto, los trabajadores sindicalizados que laboran para la iniciativa privada no reciben “pensiones superiores al 100% del salario que tenían”, como afirma Pedro de la Serna, ya que al pasar a posición de retiro quien les paga la pensión es el Instituto Mexicano del Seguro Social, además que de forma automática cesa toda relación laboral y económica con el patrón.
Quienes sí obtienen una jubilación igual al salario que devengaban son parte de los empleados del sector público, entre ellos petroleros, electricistas y del mismo Seguro Social, los que dicho sea de paso han sido señalados por los sindicatos obreros de la IP por los “excesivos” beneficios que obtienen, en sintonía con sus amos.
Seguramente que la “abundancia” de beneficios que encuentra en los contratos colectivos –aceptados y suscritos por los patrones– son el aguinaldo y el reparto de utilidades, que son las cantidades más “abultadas” que recibe el trabajador cada año, porque otras prestaciones, como adiestramiento y capacitación pocas veces se proporciona y ya ni hablar de los programas de higiene y seguridad, al ser normas elementales que con o sin acuerdo deben cumplirse por el bien general.
Lo que tampoco se comenta es sobre los contratos colectivos de protección, de los que nadie acepta que existen y sin embargo hay varias maneras de seguir el hilo de su existencia, como la aceptación del líder sindical para despedir a un trabajador que no le conviene a la empresa, sea que lo presionen para que renuncie o es acusado de desleal y en último caso de un delito, para lo cual contará con compañeros que se presten como testigos para la simulación del juicio sumario.
La realidad es muy distinta a como la visualiza De la Serna López, ya que hay miles de obreros que reciben entre uno y dos salarios mínimos y las prestaciones laborales son las que marca la ley, pero son más los que laboran para la economía subterránea, que no reciben más que una paga miserable y sin ningún tipo de seguridad social. Esa es la parte oculta y que aun cuando se niegue su existencia está en cualquier tianguis, entre los taxistas, vendedores de puerta en puerta, comisionistas, etc.
MIGUEL SARRE
La Fiscalía Anticorrupción federal tiene que ser una instancia que además de perseguir a los servidores públicos que violen la ley, se encargue de investigar y llevar a juicio a los empresarios que se presten para los enjuagues, opinó el doctor Miguel Sarre Íñiguez, aspirante a ocupar ese cargo.
En 1988 fue el primer ombudsman del país, al ser elegido presidente de la recién creada Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes, hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por entonces, al otorgarle el cargo el gobernador Miguel Ángel Barberena Vega, poco se entendía qué significado tenía un organismo de esa naturaleza y del que el ingeniero Barberena era un convencido que se requería. Más tarde vendrían las demás en el resto de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Para ser el primer Fiscal Anticorrupción hay 32 aspirantes, entre ellos Ximena Puente, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Miguel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que ha participado en la creación de la Fiscalía, y Miguel Sarre, los tres con mayor reconocimiento y de ellos el único que lo tiene a nivel internacional es Sarre.
Originario de la Ciudad de México y de 64 años, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de México; Maestro en Derecho (Derechos Humanos) por la University of Notre Dame, Estados Unidos; es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México; fue Tercer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y secretario técnico; en 1998 fue nombrado Experto designado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y tiene varias publicaciones sobre Tortura, Derecho Penal, Transparencia y Perspectivas de cambio ante el nuevo Proceso Penal Ordinario.
Señala que de ser designado por el Senado, el primer caso en que intervendría es el pago de millones de pesos a la iniciativa privada por la construcción y operación de cárceles mediante contratos de prestación de servicios, en los cuales, según la denuncia de la CNDH, hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los internos, pero ante todo atenderá el justo reclamo de la sociedad, que es la víctima última de la corrupción.
El nombramiento lo harán los senadores, por lo se espera que tomen en cuenta la experiencia de Sarre Íñiguez, sin duda el activo académico más importante en materia de derechos humanos.
MISMAS ACTITUDES
El autor de este espacio ha indagado por años si existe una guía de comportamiento para diputados federales y locales, senadores y regidores, porque todos parecen cortados por la misma tijera. Pocos escapan a la regla, al entender que son representantes de la sociedad y su obligación es dignificar el cargo que ocupan, por el que reciben un ingreso más allá de lo que gana un ejecutivo de empresa. Las sesiones las convierten en un circo, siempre en defensa de intereses políticos y partidistas cuando no directamente personales, lo que aun cuando divierte a las galerías demuestra falta de criterio. A la menor provocación piden la palabra para responder y como maestros del histrionismo se dedican a insultar y utilizar la ironía en defensa de lo que suponen que les redituará puntos, sin embargo a gran parte de ellos no les importa trascender, por lo que una vez que concluyen la comisión su nombre va a dar al vertedero histórico.
