Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia discutirá este miércoles un proyecto que aclara que los bienes de las escuelas privadas no forman parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), como expresamente menciona la Ley General de Educación (LGE) impulsada por el actual Gobierno.

La Primera Sala de la Corte revisará el primero de al menos 40 amparos promovidos por escuelas privadas de la Ciudad de México para impugnar aspectos de la LGE de septiembre de 2019, derivada de la reforma Constitucional que canceló los cambios del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia educativa.

Los artículos 34 y 99 de la nueva LGE incluyen los “bienes muebles e inmuebles” de las escuelas privadas en el SEN, lo que ha provocado temor de expropiaciones o intervenciones de las autoridades, pero el Ministro Juan Luis González Alcántara propuso a sus colegas aclarar este punto.

“Sólo los muebles, inmuebles e instalaciones destinados a la prestación del servicio de educación de los planteles públicos son los que constituyen o integran el SEN; no así los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de los planteles privados que prestan el servicio educativo, pues éste se rige de conformidad con el marco normativo aplicable a la propiedad privada”, se lee en el proyecto.

También detalla que la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para imponer medidas precautorias o sanciones a los privados, se limita a restringir la autorización para prestar el servicio educativo, sin que pueda aplicar expropiaciones o modalidades sobre el uso de los inmuebles.

El ministro propone avalar la mayoría de las normas impugnadas, entre ellas, el derecho de los padres para reclamar ante la SEP aumentos de colegiaturas o costos “que carezcan de justificación”, la facultad de la SEP para imponer lineamientos técnicos sobre infraestructura de los planteles, y la de practicar visitas de inspección en las que puede entrevistar a estudiantes menores de edad, e incluso grabarlos en video, previo aviso a los padres.

González Alcántara planta conceder el amparo al Centro Educativo San Jerónimo solo contra los artículos 163 y 164 de la ley, porque permiten a la SEP imponer “medidas correctivas y precautorias”, sin explicar por qué razón.

“Las descripciones típicas de las conductas reprochables que harían acreedora a una institución particular de una sanción precautoria o correctiva, no se encuentran definidas o precisadas por la ley; por el contrario, son de tal manera imprecisas, que permiten la arbitrariedad en su aplicación”, explica el proyecto.

Más allá de amparos, la Corte tiene pendiente desde resolver una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra varios aspectos de la reforma educativa de 2019, entre los que destacan las omisiones normativas y tratos preferenciales para el ingreso a la carrera educativa.