Las bases de lo que vendría tres años después, con la promulgación de la Constitución General de la República, se fijaron en 1914 durante la Convención Revolucionaria que se inició en el Distrito Federal y concluyó en Aguascalientes.

Al destacar la importancia de aquel acontecimiento desarrollado en el Teatro Morelos de esta ciudad, el presidente Enrique Peña Nieto demandó a los mandatarios estatales unidad, trabajo y entrega total para fortalecer las instituciones, particularmente en aquellas regiones donde la violencia ha sentado sus reales.

Es una responsabilidad compartida e irrenunciable de todas las autoridades, afirmó, “hacer que la seguridad y la justicia, que el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley, sean una realidad cotidiana en todo el territorio nacional”.

Fue un mensaje ad hoc, al aseverar que ahora, al igual que entonces, “la construcción y el perfeccionamiento de las instituciones son una labor permanente a las nuevas realidades y cambiantes desafíos; pero se requieren también innovadoras y más efectivas respuestas institucionales”.

La asistencia de 29 mandatarios locales (sólo faltaron los ejecutivos de Guerrero, Yucatán y Baja California Sur), le dio el toque republicano y federalista que anidó 100 años atrás en la Convención.

Ante el presidente Peña y sus homólogos, el gobernador anfitrión, José Carlos Lozano de la Torre, destacó que en aquel momento, quienes acudieron a la cita, “sabían que México era más grande que cualquier interés particular y que por México ya no se debía luchar en los campos de batalla, sino en el terreno del diálogo, la propuesta y las ideas”.

Innegablemente, la Convención fue un buen intento para terminar con la revuelta, al expresar libre y llanamente los planteamientos que cada delegación tenía. Una jornada histórica que reunió a los principales jefes revolucionarios, que aun cuando en su mayoría estuvieron acompañados de su estado mayor fuertemente armado, y algunos con las tropas en la periferia de la ciudad, no hubo enfrentamiento alguno. Se respetó la neutralidad de Aguascalientes y con las conclusiones firmadas por todos, que los comprometía a ceñirse a éstas, entre ellas el nombramiento del general Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, se consideró que llegaba a su fin el movimiento social; sin embargo, la ausencia de don Venustiano Carranza y su rechazo a reconocer los acuerdos obligó a reanudar la lucha por varios años más.

EL AUSENTE

Por los motivos que fuere, pero el caso fue que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no asistió a la asamblea de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) que tuvo lugar en Aguascalientes el viernes pasado.

En virtud de lo anterior, no escuchó la reprimenda que endilgó el presidente Enrique Peña a las autoridades locales, que no hacen mayor cosa para evitar o combatir los actos que lesionan gravemente los intereses de los ciudadanos.

Frente a 28 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, EPN señaló que es inaceptable el vacío de autoridad y omisión que hay en algunas partes del país. Es inadmisible, apuntó, que haya localidades con vínculos de complicidad entre gobernantes y delincuentes.

Los asesinatos en Iguala, Guerrero, y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa permeaba en el ambiente, por lo que cada una de las palabras de Peña Nieto –sin mencionar a Ángel Aguirre ni a su estado– se entendía a dónde apuntaban.

Subrayó que la corresponsabilidad entre el gobierno federal y los estados en seguridad no puede ser pretexto para que en sus entidades haya negligencia y omisión ante el crimen organizado.

“La corresponsabilidad no es justificación para la omisión o la suplencia. Al contrario, es un compromiso que exige lo mejor de cada instancia”, sostuvo, mensaje que sin duda pone énfasis para que no confundan la colaboración federal y se den a la dejadez o inhibición de sus obligaciones.

La 47 asamblea de la Conago se efectuó en el Museo Descubre en condiciones totalmente distintas, a raíz de los acontecimientos en Guerrero, a lo cual se agregó que el relevo del mandatario de Aguascalientes, José Carlos Lozano, en la presidencia de la misma agrupación, sería el titular de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, pero declinó hacerlo, por lo tanto, se nombró al de Durango, Jorge Herrera Caldera.

Gabino Cué también está en el ojo del huracán a raíz de su negativa a ajustarse al mandato constitucional en materia educativa, por lo cual es el único estado que ha creado una ley estatal y en consecuencia enfrenta una controversia interpuesta por la Presidencia de la República.

LA PIPA DE LA PAZ

Como preámbulo del festejo centenario de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, el miércoles pasado se dio una reunión entre el gobernador José Carlos Lozano y el senador Martín Orozco, que tomó por sorpresa a la mayoría de quienes se mueven en el mundillo político, ya que no hubo anuncio previo y por otra parte ha sido público el distanciamiento entre ambos personajes.

En la fotografía que enviaron desde Palacio de Gobierno se les observa dialogando en el despacho del mandatario, sin que se mencione quién acompañó a CLT, pues sólo se aprecia la mano, pero fue testigo de lo que ahí se habló.

Lo único que se supo fue por la declaración de Orozco Sandoval al salir de la audiencia, que el objetivo principal de su visita fue para armonizar puntos de vista y tener mayores resultados en la gestión de recursos que favorezcan al estado.

El compromiso personal fue trabajar desde su posición para acelerar los trámites, tanto de lo que falta de 2014 como del presupuesto federal del año próximo, que él se inclina porque sea de mayores apoyos a los municipios.

También CLT le informó de los avances que hay en la terminación del nuevo Hospital Miguel Hidalgo y del Centro de Convenciones y en la creación de otro parque industrial, lo cual requiere del respaldo de senadores y diputados federales, que dijo, debe haber, pues por encima de todo está Aguascalientes.

No se habló de cuestiones electorales ni de otros temas que no fueran los de concordar acciones desde sus respectivos espacios, según lo dicho por Martín Orozco; sin embargo, lo relevante radica en que después de casi once años de operar en trincheras distintas, finalmente conciliaron sus agendas, lo que aun cuando cada uno continúe defendiendo causas partidistas, construyen escenarios de respeto y responsabilidad sincronizada en beneficio de los aguascalentenses.

Otra cuestión igual de significativa es advertir la actitud de aquellos que desde la posición panista han sido torpederos de las acciones gubernamentales, ya que su gurú ha dado ejemplo de civilidad, sin que por ello pierda un miligramo de sus convicciones.

Como puede apreciarse, un acto particularmente oficial, que en otras circunstancias no tendría mayor trascendencia, tiene una serie de conexiones directas e indirectas y como epicentro la intención de Martín Orozco de ser candidato a gobernador, de manera que todo lo que haga y diga tiene una connotación hacia ese objetivo.

NO HABRÁ IMPUNIDAD

Esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de los asesinatos y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa son las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto a su gabinete de seguridad.

Los crímenes de tres estudiantes, presuntamente a manos de policías municipales de Iguala, ocurrieron la noche del viernes 26 de septiembre, además, el ataque a un autobús que trasladaba al equipo de futbol profesional de la tercera división, Avispones, en el cual falleció un jugador de 15 años y el chofer de la unidad y a un taxi donde murió una pasajera. Al día siguiente hubo una serie de capturas de estudiantes normalistas, de los cuales, 43 siguen en calidad de desaparecidos.

Estos sucesos, aunado al que se presentó días antes en Tlatlaya, Estado de México, con el fallecimiento de 22 jóvenes, atribuido a elementos del Ejército Nacional y por lo cual se encuentran sujetos a proceso un oficial y siete soldados, ha centrado la atención pública.

Los hechos que conmocionan al país y que tienen honda repercusión internacional, obligaron al mandatario nacional a ser más enérgico, luego de que una semana antes había exigido al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, asumir su responsabilidad de preservar la tranquilidad pública, como de hecho deben hacerlo todos los gobernadores en sus respectivos estados.

Ante la poca efectividad en ese lugar, reflejado en la extrema violencia en que está sumido Guerrero, Peña Nieto puntualizó que hará uso de sus facultades para esclarecer los hechos, localizar a los culpables y aplicar la ley.

En el primer mensaje que emitió sobre ese particular, EPN afirmó que “el gobierno de la República mantendrá de manera institucional, cooperación y colaboración con las instancias de procuración y de seguridad del estado de Guerrero para el debido esclarecimiento”.

Expresó su apoyo a los familiares de los jóvenes desaparecidos y sostuvo que con toda razón demandan aclarar lo ocurrido y se haga justicia: “Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. Por eso, la instrucción que he dado a los elementos, a las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad, para que encuentren en el marco de nuestras atribuciones y podamos concluir el debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta”.

Después de dos semanas sólo están detenidos 22 policías de Iguala, a quienes se les imputa haber participado en los crímenes del día 26 y la detención masiva el 27, y otros cuatro civiles que aprehendió la Procuraduría General de la República, a los cuales relaciona con la desaparición de los estudiantes, pero en sí, todo está como al principio, con la acusación directa en contra del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, del que se dice era uno de los principales operadores del cártel “Guerreros Unidos”, quien después de estar oculto, finalmente dio señales de vida al obtener por medio de sus abogados un amparo provisional de una jueza de Distrito en Amparo Penal del D. F., por lo que no puede ser privado de su libertad en tanto se decide si procede la protección definitiva de la justicia federal.

En las investigaciones participan la PGR y la Procuraduría de Justicia de Guerrero, con la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras dependencias nacionales y locales; en tanto, el pueblo exige la salida del gobernador Ángel Aguirre, quien se aferra a que él tiene las manos limpias, por lo tanto, se irá sólo si en un referéndum la sociedad vota en su contra; además, cuenta con el apoyo de sus colegas gobernadores y principalmente del Partido de la Revolución Democrática, el cual rechaza que deba renunciar.

La estrategia del PRD, al que también pertenece el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quien recién acaba de ser integrada como consejera nacional del partido, es organizar un referéndum que sería en noviembre (el día 19), a sabiendas de que por ley se circunscribe a temas legislativos y lo debe convocar el Congreso con 90 días de anticipación; asimismo, no se puede realizar en un año electoral, el cual está en marcha para los comicios del 7 de julio de 2015.

Como parte de la misma maniobra, el recién desempacado líder perredista, Carlos Navarrete Ruiz, estuvo el martes 7 en Iguala para pedir perdón al pueblo de Guerrero por no haber sido “lo suficientemente cuidadoso para aceptar que un candidato externo, que no era miembro del PRD, fuese candidato a la Presidencia Municipal y permitiera e incluso dirigiera la cooperación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada”.

Lo que no mencionó Navarrete es el apoyo incondicional que le brindó el alcalde José Luis Abarca para ser el vencedor de las elecciones internas y de lo cual hay evidencias fotográficas y en videos, donde aparecen sonrientes durante su visita a la entidad; de cualquier manera, afirmó en su discurso de desmarque: “Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”, lo que para diversos analistas fue algo teatral que no convenció ni siquiera a sus correligionarios.

Lo único cierto es que al igual que otros tantos sucesos similares, se castiga a los que obedecieron órdenes, porque los verdaderos culpables, que desde alguna oficina maquinaron todo, gozan de protección e impunidad y en pocos años ni quién se acuerde de lo sucedido.

LES DAN TODO Y NO ACEPTAN

En una respuesta sin precedentes, la Asamblea General Politécnica rechazó la respuesta de la Secretaría de Gobernación al pliego petitorio que entregaron y que prácticamente obtenían todo lo que plantearon, al decidir mantener el paro general.

Adujeron que el planteamiento de la Segob fue incompleto e impreciso, además de no estar fundamentado ni motivado de forma adecuada. En todo caso, “(la respuesta fue) utilizada como un instrumento mediático, para desmovilizar a los estudiantes planteando respuestas sin sustento y sin compromiso para su cumplimiento”, expresó un alumno al dar lectura al comunicado de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Luego de recibir el pliego en un acto original, ya que fue en la calle ante la mirada de miles de alumnos, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a que le daría contestación el día 4 de octubre y lo cumplió, haciéndolo igualmente en un templete instalado en la vía pública y ante una pertinaz lluvia.

En resumen, el funcionario les informó que los diez puntos planteados serían resueltos, entre ellos que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, presentó su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, y el reglamento interno y el nuevo plan de estudios –motivo de la protesta y suspensión de actividades–, fueron cancelados, además las pensiones vitalicias a los exdirectores del instituto quedaban prohibidas.

Osorio Chong se comprometió a que por el movimiento no habrá represalias y ofreció aumentar el financiamiento a la educación superior, asimismo, que la Policía Bancaria e Industrial sería separada de la institución.

Antes de retirarse, uno de los portavoces de los estudiantes dijo: “Que quede claro: aquí los que mandan son los miembros de la comunidad politécnica”, por tal razón, habría asambleas para analizar los puntos tratados y luego darían una respuesta.

El día 7 se leyó un escrito, en el cual objetan lo conseguido en Gobernación, anunciando que seguirán fuera de clases, por lo mismo, “exhortamos a toda la comunidad politécnica y a la sociedad en general a seguir apoyando el paro indefinido, hasta que nuestras demandas sean resueltas con claridad y seriedad”.

Si sorprendió lo desusado de la forma de actuar del secretario de Gobernación, más lo ha sido de los representantes estudiantiles, que se negaron a reconocer que lograron más rápido de lo imaginado aquello por lo que estaban luchando.

SÓLO ESO FALTABA

Imaginativos como son algunos, no se conformaron con traer armas del extranjero, sino que optaron por fabricarlas en México, para ello instalaron una empresa en Guadalajara que se encargaba de producir y distribuirlas en forma clandestina.

Como siempre ocurre, los primeros en darse cuenta de esta infrecuente actitud fue la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, que compartió sus investigaciones con la Fiscalía General de Jalisco y la PGR, al encontrar los talleres para hacer y ensamblar rifles de asalto AR-15.

El fiscal estatal, Luis Carlos Nájera, dio a conocer que la fábrica formaba parte de una red internacional de tráfico de armas y vendía los fusiles a criminales: “Este grupo se dedica a mandar armas a Michoacán y también creemos que está vendiendo al cártel local, al cártel Nueva Generación, por lo que creemos que es un fuerte golpe a la delincuencia organizada”.

Se calcula que habían vendido alrededor de 100 rifles en un par de meses y para sus actividades contaban con un torno de precisión y software para producir el cuerpo de los fusiles. Las fincas aseguradas se localizan en la colonia Villa Guerrero y la Antigua Penal, en la capital jalisciense. Al presentarse las autoridades encontraron 18 productos acabados y se procedió a la captura de cuatro personas que laboran en el lugar.

El costo de los fusiles está entre 15 y 20 mil pesos y pueden disparar hasta 100 proyectiles sin recarga y es tal su letalidad que los chalecos antibalas no resisten su impacto.

Para Luis Carlos Nájera es de suma importancia haber localizado la fábrica, porque de haber seguido operando pudo tener influencia en los grupos delictivos que operan en varias partes del país, principalmente en los estados donde el crimen organizado tiene mayor presencia.

NO QUIEREN A MADERO

Dentro de la lucha fratricida que se libra al interior del Partido Acción Nacional, surgió la novedad de que Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, no sólo pretende ser diputada federal, sino coordinar al grupo parlamentario.

De lo anterior se encargó de comentarlo el senador Javier Lozano, al denunciar que la estrategia del jefe nacional con licencia, Gustavo Madero, es obstaculizar a Zavala y quedarse con la coordinación en la próxima legislatura.

“Madero quiere regresar a la dirigencia para autonombrarse coordinador y bloquear a Margarita. Quiere erigirse como candidato a la Presidencia (de la República), pero por supuesto que no lo vamos a permitir”.

Como es su estilo, Lozano calificó a Madero de “cínico” por pretender ser diputado plurinominal y no de mayoría, reiterando que es un “mercenario de la política”, además le exigió no regresar a la dirigencia nacional: “Que no regrese, fuera de aquí. No merece la más mínima consideración porque se está comportando como un tipo ambicioso y vulgar, es un cínico que va a llevar otra vez al partido al tercer lugar en la elección presidencial”.

Si permiten que Madero haga lo que le venga en gana, apuntó el senador Lozano, “Acción Nacional nos reclamará el silencio y habremos contribuido a un mayor deterioro del partido”.